Puerto y Tubará, los municipios con más ocupación indebida de playas
Un total de 360 invasiones de este tipo se presentan en el Atlántico, según la Dimar. ¿Cómo se controlan estos excesos? Responden las autoridades.
El Código Civil no establece una definición legal para las playas y los terrenos de bajamar, pero sí los señala como bienes de dominio público, cuyo uso pertenece a todos los habitantes en un territorio.
Esta definición entonces abre un interrogante sobre el desarrollo urbanístico que se presenta en las zonas de playa del Atlántico, y que pareciera ir en contra del sentido de la norma con respecto a su uso.
Un claro ejemplo son las 360 ocupaciones indebidas que suma el sector costero del departamento y que deja en evidencia la evasión de la norma marítima.
Las cifras entregadas por la Dirección General Marítima (Dimar) revelan que Puerto Colombia con 161 casos de ocupación ilegal y Tubará con 115 son los territorios con más conflictos por predios que no cumplen con lo que ordena la ley. (Ver mapa)
En el caso de Tubará “la apropiación en zona de playa” es generada por el desarrollo urbanístico que se presenta en sectores como Palmarito, en donde cursan procesos en la Dimar, en el despacho de la Alcaldía municipal y en la Procuraduría Ambiental desde el 2016.
Los vecinos del sector han sido vigilantes de esta condición que “atenta contra los bienes de uso público”, debido a que las personas que ocupan dichos terrenos “estarían realizando deslinde y amojonamiento como si se tratara de un bien baldío”.
Precisamente, en este mismo sector, en el 2017, la Dimar impuso una multa por $34 millones por la ocupación de 1.608 metros cuadrados, en donde se construyó un quiosco y se instaló un cercado de madera y alambre.
Sin embargo, esta razón no fue suficiente para impedir la recurrente ocupación en terreno que pertenece a la zona de playa, que según la ley no se puede escriturar, vender, ni ceder.
Restituciones
El pasado mes de septiembre, nuevamente la Dimar se pronunció y, a través de la Capitanía de Puerto , aseguró que “se adelantan los recabos pertinentes a la Alcaldía de Tubará con el fin de que se realicen las restituciones correspondientes que ya han sido solicitadas por este despacho, teniendo en cuenta que aún persisten”, se lee en el documento.
A pesar de la respuesta, los vecinos de Tubará insisten en la falta de competencia de las autoridades porque no hay respuestas ni determinaciones que logren detener a los ocupantes, al contrario “coadyuva a la evasión de la normativa porque nadie se hace responsable”.
¿Quién controla?
Entonces, ¿quiénes protegen, controlan y recuperan las playas ante dichas actuaciones? Aunque en principio se piense en la autoridad marítima, son varios entes los que conforman el comité interinstitucional para la protección de los bienes marítimos costeros de uso público.
De acuerdo con la Dimar, su objetivo principal es administrar y sus funciones le permiten realizar solicitudes de restitución, pero carece de facultades coercitivas frente a la actividad urbanística, lo que le impide recuperarlas, entonces correspondería al ente territorial tal actuación.
Cabe anotar que la Dimar sí puede imponer sanciones en construcciones indebidas que estén bajo su jurisdicción, eso dice la norma.
Para conocer la actuación del ente territorial, EL HERALDO dialogó con el secretario de Gobierno de Tubará, quien admitió que el municipio enfrenta muchos procesos por ocupaciones ilegales y que su competencia se reduce en muchos de los casos porque hay predios que cuentan con títulos de propiedad, registro de instrumentos públicos y certificados de Agustín Codazzi, a pesar de que según el Plan de Ordenamiento Territorial son bienes de uso público.
“Estamos recopilando información para controvertir esos actos administrativos”, aseguró.
Sobre el caso del sector de Palmarito, señaló que la Inspección Turística del municipio hizo intervención en uno de los predios, en donde hay una posible ocupación de bien de uso público.
Informó que la obra desde el pasado martes se encuentra sellada, y que por causas de la pandemia el proceso jurídico ha sido lento. “Las personas que ocupan uno de los terrenos no supieron mostrar la debida documentación que se requiere para este tipo de obras”.
Por otra parte, en Puerto Colombia dicen que la autoridad marítima debe ejercer mayor control y no dejar la responsabilidad en manos de la administración municipal.
Autoridad ambiental
Sobre su función como autoridad ambiental y parte del comité de protección de playas, el director de la CRA, Jesús León Insignares, indicó que la corporación se encuentra trabajando en conjunto con la Dimar para hacerle seguimiento a los proyectos urbanísticos y determinar si cuentan con la viabilidad ambiental.
También informó que junto a la Gobernación implementarán una estrategia que permita la legalización y organización de los operadores turísticos en las playas del departamento del Atlántico, esto con el fin de recuperar espacios que están siendo ocupados indebidamente.
Según cifras de la Dimar, entre el 2019 y lo que va del 2020 hay en curso 70 procesos sancionatorios en el departamento.
Límite de playas
El límite o medida para saber dónde construir en una playa no se determina por medida métrica, sino por las características físicas del terreno, así lo dispone un concepto del Consejo de Estado.
“Las playas se ven enfrentadas de manera regular y continua a varias y complejas situaciones. Lo común es encontrar desarrollos urbanísticos para viviendas, multifamiliares y hoteles en estas zonas, frente a los cuales existe un control escaso, por no decir nulo”, señala una investigación sobre conflictos frente al control de playas del experto en derecho urbanístico de la Universidad del Norte, Carlos Javier Velásquez.
Dentro de su concepto, Velásquez expresa que “las playas son un bien de alta relevancia y especialísimo interés que merece, sin duda, protección y mantenimiento importante”.
