El Heraldo
Sede en Madrid, España, de la empresa pública Canal de Isabel II, la cual ha manejado el servicio del agua potable por más de 170 años.
Atlántico

La misión española que busca recuperar el control de Triple A

Desde el país ibérico, una misión de funcionarios de Canal de Isabel II se reunirá en la Casa de Nariño para buscar una salida diplomática a la venta de acciones por enajenación temprana.

Hacerse nuevamente con el dominio de la Triple A es la misión oficial que tiene la empresa pública española Canal de Isabel II, la cual, desde territorio europeo, manejó por más de dos décadas los intereses de Inassa, la firma local que tenía el 82 % de la composición accionaria de la empresa de aseo, acueducto y alcantarillado de Barranquilla. 

En 2017, luego del estallido de un escándalo de corrupción en España y Colombia y una intervención inmediata de entes investigadores de ambos países, todo ese paquete accionario de Canal de Isabel II e Inassa, con una figura de embargo, pasó a poder de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, del Gobierno colombiano. Y, con el paso del tiempo y una negociación reservada, hoy dicho accionariado está en proceso de quedar en manos del Distrito de Barranquilla y APBAQ (sociedad de economía mixta con participación distrital mayoritaria). 

Esta casa periodística conoció que para la tarea de obtener el control nuevamente de la considerada ‘joya’ de Canal de Isabel II, la misión española proyecta inicialmente una serie de reuniones en Colombia en las que están programadas la participación de diplomáticos del país ibérico, ministros, consultores de Canal de Isabel II y el presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, entre otros funcionarios de alto nivel. El primer encuentro sería este lunes 25 de abril y tendría como una especie de sala de arbitramento la Consejería para la Competitividad, en la Casa de Nariño. 

Pero, además, desde España, aparentemente, ahora sí hay decisión de acudir ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, del Banco Mundial, para que sea este tribunal de arbitramento internacional, con sede en Washington, EE. UU., el que resuelva una demanda contra el Estado colombiano por la enajenación de las acciones de Inassa en Triple A. La asistencia, ahora sí se daría esta misma semana, en sentido que en 2019 se planteó la idea de acudir a esa estancia debido a que desde España ya se percibía que se iban a quedar sin el dominio. 

Casualmente este tribunal de arbitramento internacional fue al que acudió años atrás la multinacional Naturgy, compañía española que tenía control sobre la firma Electricaribe, para que se les indemnizara por un valor cercano a los USD1.600 millones luego de que el pasado gobierno la interviniera y la vendiera mediante un mecanismo de subasta.

La venta de las acciones

Hay que recordar que en octubre de 2018, la Fiscalía 36 Especializada de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General aplicó medidas cautelares de “suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro” sobre ese 82 % de la composición accionaria que poseía hasta ese momento la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, S.A., Inassa, en la Sociedad de Acueducto, Aseo y Alcantarillado, Triple A. 

La decisión se adoptó luego de una vasta investigación de la Fiscalía General de la Nación, en asocio con la Fiscalía de España, en los llamados Caso Lezo (España) y Operación Acordeón (Colombia), con la que se abrió una especie de caja de Pandora. Ahí se evidenciaron presuntos casos de corrupción dentro de Inassa y Triple A para la adquisición de capital accionario de compañías, pagos de coimas y multimillonarios saqueos, entre otros delitos. 

Tras esa línea investigativa quien quedó bajo la administración de las acciones de Inassa en Triple A fue la Sociedad de Activos Especiales, SAE, y en 2021 se dio la venta de ese paquete de 82 % de acciones, siendo el Distrito de Barranquilla y la empresa de economía mixta dedicada al alumbrado público local los que se quedaran con el paquete de acciones. 

El negocio se hizo a través de la figura de “enajenación temprana”, en el marco de la Ley 1849 del Código de Extinción de Dominio, al parecer, bajo la circunstancia: amenaza de ruina, pérdida o deterioro de un bien. 

Los números mostraron que en 2021 la compañía hizo un balance general en el que destacaron el movimiento financiero, el cual cerró con ingresos cercanos a los $790.000 millones. Esta cifra fue mayor que la de 2020, cuando cerró con ingresos por el orden de $677.791 millones, según un informe de la compañía. 

Es de conocimiento que para obtener la mayor parte de la composición accionaria los privados pusieron el dinero sin que eso implicara titularidad de las acciones enajenadas, y sus ganancias están destinadas a obtenerse mediante las utilidades futuras de la Triple A.

El 3 de diciembre de 2021, la SAE oficializó la firma de ese contrato de compraventa de las acciones, acto al que asistieron el presidente de la República, Iván Duque Márquez; el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, y el presidente de la Sociedad de Activos Especiales S.AS, Andrés Alberto Ávila Ávila. 

“Después de más de 6 meses de trabajo en valoración y negociación, la SAE S.A.S consigue cerrar un negocio con la Alcaldía de Barranquilla y la Empresa de Alumbrado Público. Esta negociación le permite al Distrito adquirir esta compañía para vuelva a su territorio raíz y continúe el proceso de crecimiento y fortalecimiento de los servicios que ofrece. Además, esta venta significa recursos nacionales para la lucha contra el crimen organizado, la justicia y reparación a víctimas”, destacó la entidad del Gobierno, en un comunicado.

Incluso, en el mismo documento, la SAE señaló que “al inicio del 2021, el Distrito de Barranquilla informó a la SAE su voluntad de comprar las acciones mayoritarias de Triple A. Atendiendo el llamado del Distrito, el Gobierno nacional, en un compromiso con la eficiencia, procedió a realizar un ejercicio riguroso de valoración contando con consultores de nivel mundial para garantizar una transacción bajo los mayores estándares de transparencia y rigurosidad empresarial”.

Vista aérea del acueducto de Barranquilla, en manejo de la empresa Triple A.
Trato injusto

De acuerdo con lo que se maneja desde España, la compañía Canal de Isabel II se refiere al embargo de las acciones de Inassa sobre Triple A como una “expropiación” y, supuestamente, les incomoda que se haya utilizado la Ley de Extinción de Dominio, la cual aplica para bienes adquiridos a través del narcotráfico. 

Por eso existe hoy un rollo ‘diplomático-jurídico’ que se planea destrabar inicialmente en Colombia, con apoyo del embajador español en este territorio, Joaquín de Arístegui, y luego en exterior con la demanda ante el Ciadi. 

En diálogo con la agencia española de noticias Efe, el diplomático señaló en torno al caso de Canal de Isabel II en Colombia: “En el caso de inversiones como la que hizo en su día Isabel II, que tiene unos procedimientos y unos mecanismos que cuando la empresa española, si lo decide, quiere activar, pues seguirán su curso normal cumpliendo una serie de requisitos; es una cuestión que tiene que decidir la empresa española si considera que en algún momento algún derecho o pretensión suya ha podido sufrir un menoscabo”, agregó.

Paralelo a ello hay que tener en cuenta que el proceso de extinción de dominio sobre las acciones en mención, el cual es llevado por el Juzgado Primero Penal Especializado de Barranquilla, se encuentra en etapa de estudio de pruebas, aún no termina. Habrá que esperar a ver qué se decide: si se falla a favor de la empresa pública española y se le devuelve la totalidad de lo incautado o, por el contrario, se falla a favor de Triple A, que también fue declarada como víctima en ese proceso. 

Operarios de la empresa Triple A trabajan en la instalación de una tubería en Barranquilla.
Reiteran Trámites

La Alcaldía de Barranquilla, en respuesta a las preguntas de EL HERALDO, recordó que –frente al proceso para la adquisición del paquete accionario de la compañía de acueducto, aseo y alcantarillado– es pertinente señalar que el contrato de compraventa suscrito con APBAQ (sociedad de economía mixta con participación distrital mayoritaria) se encuentra en ejecución conforme a las cláusulas pactadas entre quienes son suscriptores del mismo, SAE SAS y APBAQ SAS. 

“Es pertinente recordar que el documento de compra está sometido a confidencialidad como se ha manifestado en anteriores oportunidades”, indicó.

Con relación a las informaciones surgida desde España, en relación con las acciones que pretende ejecutar Canal de Isabel II, la Alcaldía dijo que “hasta la fecha no se ha recibido documento o comunicación alguna por parte de terceros interesados en la operación, ni por parte del Distrito ni por la adquirente APBAQ S.A.S.”. 

En el documento también aclararon que “el Distrito no ostenta la condición de accionista mayoritario” de Triple A. 

Y frente al proceso de extinción de dominio que hace su curso judicial en el juzgado local, la Administración precisó que, hasta el momento, “se surten los trámites procesales correspondientes, participando en este quienes son sujetos procesales”.

Inassa y el manejo de la Triple A

En una nota de prensa de esta casa periodística se registró que Inassa fue constituida en 1996 en Barranquilla por Aguas de Barcelona, que en ese momento había sido contratada como socia operadora de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Al llegar, adquirió el 13 % de las acciones.

En la administración de Édgar George (1996-1997), quien reemplazó a Bernardo Hoyos tras el primer gobierno de este, cambió la estructura accionaria de Triple A. Ingresó Inassa y desde entonces se dieron diversos cambios en la composición de la sociedad y en el paquete accionario.

En 1998, en su segunda administración, el entonces alcalde Hoyos reveló en una alocución que los propietarios mayoritarios de Inassa eran Aguas de Barcelona (51 %) y Fidugán (49 %), un fideicomiso ganadero. 

Con el transcurrir del tiempo, el Distrito, sometido a la ley 550 tras los descalabros en la segunda administración de Hoyos, fue perdiendo su participación accionaria hasta quedar con el 14,5 % a pesar de que el Acuerdo 023 del Concejo establecía que la participación del Distrito sería del 85 % y el 15 % era para el sector privado.

En 2001, cuando se había expandido en varios países, Inassa fue adquirida por Canal de Isabel II a través de Canal Extensia, una filial creada para atender los negocios en América Latina.

Posteriormente, en 2006 la asamblea de accionistas de la empresa Triple A aprobó un incremento en el capital. Debido a los problemas financieros del Distrito, este no pudo capitalizar y disminuyó ostensiblemente su participación, al punto de que Inassa aumentó sus acciones hasta llegar en 2007 al 82,16 %.

 

Planta de tratamiento del agua de la Triple A, en el sector del barrio El Ferry, en Barranquilla. Tip
El famoso caso Lezo

En abril de 2017 se originó desde España el caso Lezo, el cual está relacionado con el escándalo de corrupción en la empresa pública madrileña Canal Isabel II, que produjo la captura de un grupo de personas, entre ellas del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

El caso se trasladó a Colombia dos meses después, donde fue denominado como Operación Acordeón, cuya investigación tenía como fin la búsqueda de información relacionada con las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la negociación de las acciones de Triple A, y que le habría permitido a Inassa convertirse en socio mayoritario de la empresa de servicios.

En el país, precisamente Barranquilla, donde presta sus servicios la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo, fue capturado Ramón Navarro, ex gerente de la compañía, quien según la Fiscalía se habría apropiado, junto con los entonces representantes de la empresa Inassa, de $27.879 millones en operaciones ilícitas, entre 2012 y 2015. Sin embargo, de acuerdo con el material probatorio que recaudó la Fiscalía, se relacionaron los hechos ocurridos desde el año 2000 hasta el 2017 en el que se detectaron aparentes pagos fraudulentos a través de un “contrato de asistencia técnica”, que habrían causado un detrimento patrimonial dentro de la empresa Triple A del orden de los 236 mil 853 millones de pesos.

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