Atlántico adelanta estudios para reubicación de damnificados

Una de las medidas planteadas por el Gobierno departamental y que además es respaldada por el Gobierno nacional, se basa en la reubicación de las familias que permanecen asentadas en zonas identificadas con un alto riesgo, ya sea por inundaciones o movimientos de remoción en masa.

Ante los interrogantes que han surgido en los afectados y en la ciudadanía en general, el subsecretario de Vivienda del Atlántico, Alejandro Quintero, señaló en diálogo con EL HERALDO que actualmente el departamento se encuentra en una fase de diagnóstico y reconocimiento de las zonas mayormente afectadas en compañía de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que permitirá definir cuál va a ser la ruta para generar los procesos de reubicación y, dado el caso, de reasentamiento poblacional.

El funcionario además explicó que todas las obras de mitigación que correspondan a la Gobernación del Atlántico y a las alcaldías se harán en la medida en que a través de censos se puedan identificar las áreas que más fueron afectadas estructuralmente.

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“Aunque actualmente no se ha cerrado el proceso de registro de afectados, para tratar de ganar tiempo estamos en todo el proceso de identificación y diagnóstico para generar una fase de rehabilitación y posteriormente, si es necesario, el proceso de reubicación y construcción de algunas unidades de vivienda, ese es el proceso que se adelanta”, señaló el subsecretario de Vivienda del Atlántico.

No obstante, el funcionario fue enfático en indicar que los beneficiarios de este proceso de ayudas serán tantos como arroje en unas semanas el censo definitivo, contando con que las lluvias no generen más calamidades, emergencias y/o desastres.

Cabe resaltar que para los procesos de reubicación, en primer lugar, se acudirá a aquellos predios incorporados al perímetro urbano, de acuerdo con los instrumentos de ordenamiento territorial. Si no están incorporados, se estudiarán aquellos que tengan condiciones para serlo, respetando siempre las concertaciones con las autoridades ambientales, cumpliendo con los requerimientos técnicos, espacios para la consolidación de vivienda y que permitan además tener entornos sociales adecuados.

El subsecretario de Vivienda del Atlántico, Alejandro Quintero, reveló además que las personas con afectaciones directas, es decir, que hayan perdido parcial o totalmente su vivienda, serán priorizadas en la medida que se dispongan de los recursos suficientes de los proyectos de vivienda que se están  formulando.

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Como acto seguido deberán crearse oportunidades de proyectos para acceso de vivienda a quienes se encuentren en zonas de alto riesgo. “El tiempo que estos procesos tarden dependerá de los recursos con que se cuenten y del ciclo de ejecución de los proyectos, que normalmente está alrededor de 8 a 12 meses en construcción”, detalló el funcionario.

Afectados, dispuestos a reubicarse. La zozobra y el miedo que han dejado emergencias como inundaciones, movimientos por remoción de masa y el colapso de viviendas en miles de familias del Atlántico ha hecho reflexionar a muchos de ellos e incluso han asegurado que, a pesar de haber construido sus viviendas con mucho esfuerzo y trabajo de años, están dispuestos a someterse a los procesos de reubicación.

Tal es el caso de Carmen Fontalvo Arias, habitante del barrio Puerto Amor, en el municipio de  quien luego de haber sido sorprendida por el desbordamiento de un arroyo la noche del 12 de noviembre perdió todos sus enseres.

Posterior a la emergencia se realizó el censo y verificación del nivel de riesgo del barrio Puerto Amor, y según las autoridades se determinó que hace parte de los tres puntos críticos que deberían ser reubicados. Ante esto, Fontalvo Arias aseguró que lo primordial es la vida de su familia y si se llega a dar el proceso de reubicación y le garantizan su vivienda no dudaría en trasladarse hacia una zona segura.

“Cuando uno vive esos momentos de angustia no quiere volver a repetirlos. Yo soy madre cabeza de familia y tengo tres hijos, solo quiero que ellos estén bien y seguros, cuando el agua se metió a la casa no sabíamos por dónde salir o qué hacer. Es primera vez que sucede algo así y todos mis enseres se dañaron”, dijo Carmen Fontalvo.

Añadió que si reubican a su familia y les garantizan un lugar donde vivir se irían. “Pero esta es mi casa, trabajé mucho por tenerla y no tengo otro lugar a dónde irme con mis hijos”, explicó.

Esta casa editorial contactó al presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, regional Atlántico, Alfredo Álvarez, quien a su vez explicó que esta organización actualmente se encuentra elaborando una hoja de ruta para presentarla como apoyo al Gobierno nacional, y por ende a los entes territoriales, con el fin de brindar las asesorías necesarias para los procesos de reubicación.

Resaltó también que las administraciones municipales y departamentales deben tener como prioridad los planes de ordenamiento territorial, POT, para poder identificar las zonas de riesgos y así evitar hacer los procesos de reubicación en zonas que en un futuro puedan convertirse en zonas no habitables.

En cuanto a las problemáticas de invasión de terrenos que están en zonas de riesgo, el arquitecto Alfredo Álvarez dijo que “son las autoridades municipales las que deben velar por el control de estos espacios, y a través de la guía que elabora la Sociedad Colombiana de Arquitectos, identificar muy bien cuáles serán los espacios destinados para dichos procesos de reubicación”.