“Necesitamos toda la energía posible lo más rápido”: Natalia Gutiérrez, presidenta ejecutiva de Acolgen

Natalia Gutiérrez, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) desde 2019, enfrenta a diario los desafíos de un sector en una inédita estrechez energética. Su apuesta por una matriz diversificada, confiable y complementaria, en la que tengan cabida todas las tecnologías, la ha llevado a liderar conversaciones incómodas, pero imprescindibles sobre la escasez de energía firme por los retrasos en la entrada de proyectos, la ausencia de señales regulatorias y de política pública que han deteriorado la confianza inversionista o la falta de acompañamiento del Gobierno.

La también ex viceministra de Minas e Interior pide que la Creg mantenga su independencia y carácter técnico, destrabar los proyectos atrasados para conseguir más energía y a mejores precios, y acelerar la modernización del sector para reducir el costo de las tarifas.

Durante los últimos 30 años, Colombia no se ha apagado. Esto a diferencia de otros países que en los últimos dos años sí han tenido apagones —ya sea por transiciones energéticas apresuradas, fallas en sus sistemas de transmisión o problemas de confiabilidad— como Ecuador, Argentina o Chile. De hecho, lo acabamos de ver en la península ibérica.

Insólito, de verdad. Y eso nos debe hacer reflexionar. Tenemos un gran sistema, porque aprendimos la lección en los años 90. Claro, la gente joven no tiene idea de lo que significa estar sin energía todo un día, no poder cargar su celular, no tener conectividad con sus amigos, su universidad o su trabajo.

Claro, porque estar desconectado en los 90 era muy diferente a estarlo hoy. La electricidad es transversal a todos los sectores de la economía y a la conectividad. El sector eléctrico le ha cumplido al país, pero tenemos grandes retos y no podemos ignorar que este es un gran sistema, pero hay que gestionarlo. Ese ha sido nuestro llamado constante al Gobierno nacional. Se deben dar señales claras de política pública, continuar gestionando el mercado y garantizar que nuestra energía tenga tres condiciones: que sea más limpia, confiable —es decir, disponible 24/7— y eficiente, para que la podamos pagar.

Lo primero es aclarar de dónde viene la Creg. No es un invento nuestro. Los reguladores energéticos en el mundo comparten dos características fundamentales: deben ser técnicos —porque cualquier cambio en la cadena afecta a todo el sistema y al usuario final– e independientes. Gracias a esas dos condiciones, Colombia ha recibido inversiones por cerca de 140 billones de pesos desde los años 90. Este sector funciona sobre la confianza institucional y regulatoria, no hay contratos a largo plazo como en petróleo o minería, sino señales regulatorias y de política pública.

Ahora bien, reconozco que el ministro Edwin Palma llegó con buena actitud de diálogo. Hemos recuperado una conversación que antes no teníamos. Y sí, claro que hay cosas por mejorar. Pedimos que se entienda por qué existe la Creg y que no se pierdan esos dos postulados: ser independiente y supremamente técnico.

No. Esa ha sido una inquietud que ha tenido este gobierno desde que comenzó, pero fue en el congreso de Acolgen cuando el ministro Palma anunció que esperaba conversar sobre el borrador, así que estamos esperando tener esas mesas para conocerlo. Reiteramos que las inversiones que necesita este país —entre 10 y 13 billones de pesos al año para atender la creciente demanda— se han dado gracias a la confianza que genera la Creg. Y para mantenerla, debe conservarse su independencia y carácter técnico.

Primero, entendemos la preocupación por las altas tarifas, no somos ajenos a eso. Tanto es así que cuando estaba la ministra Irene Vélez le llevamos un paquete de propuestas para bajar tarifas en el corto plazo. Este no es un problema caprichoso. La tarifa tiene muchos componentes. Por ejemplo, en la Costa Atlántica, casi el 40 % de la factura ni siquiera es por energía debido a sobretasas, como las de seguridad y alumbrado público, asociadas al consumo de energía. Eso no debería ser así.

Y segundo, es un problema estructural. Para tener energía más barata necesitamos más proyectos de generación eléctrica y en los últimos cuatro años no han entrado cerca de 3.500 megavatios de capacidad instalada. Eso es casi el 30 % de la demanda nacional.

Si hay escasez, los precios suben. Los precios son una señal de escasez de un recurso. Y lo hemos alertado desde hace años. Este gobierno hizo una subasta el año pasado, pero fueron principalmente proyectos solares. Lo ideal es tener una combinación de todas las tecnologías: térmica, hidroeléctrica, eólica y solar. Estas últimas son maravillosas, pero no tienen la misma firmeza de un proyecto térmico o hidráulico. Entonces, seguimos con ese margen negativo que reporta XM. Si no entra la suficiente energía para atender la demanda, pues vamos a tener no solo un sector estresado, sino un mercado estresado.

Anunciaron una nueva subasta este año y esperamos que tenga los incentivos necesarios para que pasen dos cosas: que se presente la cantidad de energía que necesitamos y todas las tecnologías.

Nosotros acabamos de llegar del foro de energía de Standard & Poor’s en Houston y la gran conversación a nivel mundial es que ya no se trata de escoger entre tecnologías, sino de sumarlas. La demanda eléctrica mundial —y Colombia no es ajena a eso— está creciendo a tal velocidad que necesitamos sumar todas las fuentes de energía disponibles. Obviamente, ojalá cada vez sean más limpias, pero Colombia, por su ubicación geográfica y por los fenómenos climáticos extremos como El Niño, que se presentan cada cuatro o cinco años, debe mantener seguros energéticos. Por eso, no podemos renunciar a tecnologías que nos han dado confiabilidad como la hidráulica de embalse y las térmicas.

Lo importante de la próxima subasta es que envíe las señales para que todas las tecnologías puedan participar: eólicas, solares y las que respaldan su confiabilidad. Les pongo un ejemplo, podemos estar llenos de energía solar y, a las 12 del día, esa energía entra de maravilla al sistema, pero a las 7 de la noche se va el sol. Entonces, necesitamos tener respaldo, una matriz energética que se complemente.

Le explicamos al Gobierno que en la primera reforma tributaria se eliminó casi el 70 % de los incentivos fiscales y arancelarios que tenían las energías eólica y solar. Además se ha dejado tácitamente de considerar la necesidad de crecer en térmicas e hidráulicas. Y en este sentido es importantísimo entender que el sector gasífero camina de la mano del eléctrico.

Si no tenemos señales claras sobre abastecimiento de gas, nacional o importado, no habrá viabilidad para nuevos proyectos térmicos. Esas son las señales que estamos esperando para reconstruir la confianza porque este sector ha hecho las inversiones gracias a las señales regulatorias confiables. Hay países como Brasil, Chile y Ecuador que nos están mirando. Ecuador, durante ‘El Niño’, sufrió apagones, mientras que Colombia se mantuvo encendida gracias al diseño de su mercado de confiabilidad.

El Banco de Bogotá calculó que una hora de apagón en Colombia podría costar 250 mil millones de pesos. Fedesarrollo también presentó datos actualizados: un apagón o un decrecimiento de la oferta energética podría afectar hasta 1.7 puntos del PIB. En un país que apenas crece entre 2 % y 2,5 %, pueden imaginar el impacto.

Es una gran noticia el pago de los subsidios de 2024. Un tema que impulsó el ministro Palma, quien fue interventor de Air-e. Ahora, preocupa que para 2025 no haya presupuesto asignado. Y estamos en mayo. Desde enero, las distribuidoras y comercializadoras han financiado al Gobierno en el pago de esos subsidios. Importante aclarar que estos subsidios son para la gente, no para las empresas. Lo que ocurre es que las empresas ponen la plata y luego el Gobierno les reembolsa. Así que reiteramos la solicitud a los ministros de Minas y Hacienda para que apropien el presupuesto 2025.

Sobre Air-e, cuando se tomó la decisión de intervenirla debieron presupuestar los recursos para atender su situación financiera. Hemos insistido en eso al Gobierno y el ministro Palma lo sabe. Si no se fondea el Fondo Empresarial de la Superservicios para atender la coyuntura de la empresa vamos a tener problemas.

A los generadores les está debiendo casi $1,5 billones y aún así le seguimos entregando energía a Air-e, pero es una situación que amerita que nos sentemos todos como sector a resolver. La región Caribe tiene retos distintos a otras zonas del país porque su atraso histórico en infraestructura, problemas con estratificación de subsidios y, como en el resto de la nación, en muchos casos se otorgan subsidios a personas que no deberían recibirlos.

Exacto. Y debe revisarse. Esto no es solo un tema de Air-e o Afinia, es una conversación nacional. La región Caribe es la puerta de entrada y salida del país.

Desde la liquidación de Electricaribe quedaron deudas de casi $400 mil millones que nunca se pagaron y nunca dejamos de entregar energía, porque sabemos que Air-e representa el 25 % del mercado y como sector responsable no podemos permitir que se apague. Eso sí, hemos propuesto soluciones y ahora estamos conversando con el ministro sobre un borrador de decreto para contratación de energía.

Aunque en principio no nos gusta porque es intervencionista, estamos abiertos a buscar acuerdos para casos puntuales como el de Air-e. Por eso, debemos conseguir más energía y a mejores precios. Hay que ponerle el acelerador a lo que se está construyendo, a las consultas previas y necesitamos al Gobierno que nos acompañe en ese tema.

Es clave destrabar los proyectos de La Guajira. Esa energía debía entrar hace dos años. Son 2.000 a 2.500 megavatios que ya deberían estar ingresando al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Eso hubiera reducido 30 % el precio de la energía en la Costa. Y todas estas demoras no solo representan escasez, sino un tema de precios.

Fuera del licenciamiento ambiental, que tiene sus retos y depende directamente del Gobierno, están las consultas previas, entre otros aspectos. Estas son un mecanismo válido, pero se han desbordado enormemente, lo que también lastra el avance de los proyectos.

Muchas veces, tras chequear la consulta previa y el licenciamiento ambiental, los retos son minucias de micromanagement que requieren acompañamiento del Gobierno. Por ejemplo, un permiso para una vía: si Invías o la ANI no nos dan el permiso, los dobletroques con la maquinaria no pueden pasar. O se necesita un puente que las empresas están dispuestas a instalar, pero se necesita un aval ambiental. Damos vueltas y vueltas, y uno se pregunta: ¿cómo hacemos para destrabar este montón de cositas? También están las necesidades no atendidas de la gente en territorios tan desafiantes, como La Guajira, y la conflictividad persiste. Si no hay acompañamiento del Estado, la Policía o el Ejército, pasa lo que desafortunadamente ocurrió con dos proyectos a los que empresas de nivel mundial dicen: “Renuncio a La Guajira”.

El ministro Palma nos ha dicho que tiene una agenda para instalar una mesa crítica que ayude a destrabar los proyectos en construcción. Nosotros aplaudimos eso. Eso ya existía antes y había funcionado muy bien durante los gobiernos Santos y Duque. Si este plan opera, bienvenido sea. Es el empuje que necesitamos. Pero también es cierto que necesitamos construir muchos más proyectos y seguir siendo atractivos para la inversión.

Colombia ha bajado en los últimos cuatro o cinco años su calificación como país atractivo para inversiones en transición energética. Según el informe Climate Scope de Bloomberg, caímos cuatro puestos. Y cuando también perdemos calificaciones de agencias internacionales como Standard & Poor’s o Moody’s, la plata nos cuesta más, hacer los proyectos nos cuesta más, y eso finalmente impacta al país.

Creo que Colombia sigue siendo un país atractivo si uno lo compara con otros de la región, pero la inversión sí se ha afectado. Por eso es importante reconstruir la confianza y desatrasarnos. Nunca habíamos vivido los actuales márgenes de estrechez energética. Antes el margen de energía firme era de casi dos dígitos y desde hace unos años ha disminuido tanto que hoy está en negativo. ¿Qué significa? Que si llueve se puede atender al país, pero ante un evento climático extremo —sequía fuerte o prolongada—, el sistema ya está al tope. Está estresado. No permite ni un solo margen de error. El ministro lo sabe y entendió que todo lo que se está construyendo debe terminarse en las fechas programadas.

El 80 % de la energía que llega a nuestras casas proviene de contratos de largo plazo, con precios fijos de tres a cinco años. El otro 20 % se compra en la bolsa, como un complemento.

Es como hacer el mercado del mes: compras todo al por mayor, pero si a mitad del mes se te acaban los huevos, vas a la tienda de la esquina donde son más caros. Eso es la bolsa, sirve para completar. Entonces, si estamos en sequía puede ser más caro; si estamos como ahora, puede ser más barato. Pero ese 20 % es tan pequeño que apenas mueve 5 % o 7 % la tarifa de generación. La bolsa es un mercado de ajuste que nos da señales de escasez. Si viene sequía, hay que prender las térmicas para no gastar el agua rápido y aguantar el verano.

Sí y combustibles líquidos. Pero repito, el impacto en la tarifa es bajo. Aun cuando en la bolsa esté entre 90 y 100 pesos el kilovatio hora, la tarifa no baja sustancialmente porque la mayoría de la energía se negocia en contratos. Y se nos está acabando la energía para firmar nuevos contratos. Ese es el gran llamado. Pero, además, Colombia no tiene la tarifa más alta de la región. Está en la mitad. Comparado con países como Argentina o Venezuela, estos tienen tarifas más baratas, pero viven apagones constantes y su economía termina pagando el precio. Así que necesitamos un balance de energía confiable, eficiente y eso solo se soluciona con más proyectos, más energía y más competencia.

Ese es uno de los grandes retos de la política pública. Nuestro marco institucional, después del apagón de los 90, creó la UPME (Unidad de Planeación Minero-Energética), que planea la demanda eléctrica del país a cinco años en adelante. Ellos proyectan el crecimiento industrial, residencial, etc., y estiman cuánta energía vamos a necesitar. Con base en esas cifras, el Ministerio de Minas y la Creg, el regulador, deben garantizar el equilibrio entre crecimiento y seguridad, ojalá con una matriz más limpia, pero sin perder seguridad.

Desde Acolgen creemos que hay espacio para todas las tecnologías. De hecho, hemos invertido en casi el 80 % de los proyectos solares y eólicos del país. Nos encantan esas tecnologías, es energía limpia y se construyen más rápido que otro tipo de proyectos, con menos oposición, se ve con buenos ojos, e incluso los bancos las financian más fácilmente.

Pero cada país tiene necesidades distintas de confiabilidad. Colombia necesita tecnologías que complementen y den seguridad. Además, la regulación y las redes deben modernizarse: necesitamos mercados intradiarios, medición inteligente, servicios complementarios, almacenamiento con baterías. Todo eso es agenda regulatoria Creg. No se trata solo de tarifas. Modernizar el mercado también impactaría positivamente las tarifas. Pero sin seguridad energética no hay transición energética posible.

La intención es buena. No se trata de exonerar, sino de aplicar un protocolo diferente, más ágil, sin perder rigurosidad. Un proyecto solar se construye rápido, pero muchas veces no arranca por una demora en el licenciamiento. Algunas corporaciones ambientales son muy buenas, otras no tienen capacidad técnica ni personal suficiente para responder a las solicitudes. Respaldamos la idea de protocolos más ágiles, sin dejar de lado el trabajo con las corporaciones regionales y el respeto por el territorio. Necesitamos toda la energía posible lo más rápido posible.