A pesar de la intervención del Gobierno nacional, la crisis financiera de la empresa Air-e se agudiza con el transcurrir de los meses. Así se desprende del más reciente informe de auditoría elaborado por la firma Colombia Tributa correspondiente a la vigencia 2025, a través del cual se detectó que las pérdidas netas de la compañía superaron los $1,1 billones, mientras que su patrimonio ha tenido una reducción cercana al 80 % en el último año.
De acuerdo con el documento conocido por EL HERALDO, durante varios meses del año anterior no se lograron los ingresos suficientes para cubrir los costos operativos: “La entidad presenta un patrimonio negativo, lo cual evidencia un deterioro en su estructura patrimonial y una disminución en el valor residual para los acreedores y demás partes interesadas”.
Recientemente, la Contraloría alertó que el patrimonio de la compañía tuvo una disminución del 80 % al pasar de $2,2 billones a $131.500 millones, mientras que su cartera morosa superó los $6 billones.
Asimismo, el documento dio a conocer un crecimiento de la contratación de personal en calidad de temporal en la compañía. En ese sentido, referenció que cerca de 68 asesores y especialistas fueron vinculados en dicho periodo, de los cuales cerca de 25 reportaban de forma directa al despacho del agente interventor.
Otro de los aspectos que llama la atención en dicho informe corresponde al “bajo nivel de recuperación de cartera”, que en algunos sectores fue de tan solo 4,97 %, lo que genera mayores limitaciones a la capacidad financiera de la empresa.
“A esta situación se suma la existencia de cartera vencida relevante en los segmentos de usuarios comerciales e industriales, lo que incrementa el riesgo de incobrabilidad y limita de manera significativa la generación de ingresos efectivos”, agregó.
La compañía auditora también alertó que no se cumplió a cabalidad el cronograma para la entrega de la información requerida para el proceso correspondiente: “Los retrasos en la entrega de la información han limitado de manera significativa el alcance de los procedimientos de auditoría y han reducido la capacidad de validación independiente de ciertos rubros, lo que no ha permitido contar con el tiempo suficiente para la ejecución adecuada y oportuna de la auditoría generando limitaciones en nuestro alcance”.
Anotó que tampoco se entregaron los informes correspondientes al plan de recuperación, informe forense del ciberataque y los informes de auditoría o cartas a la gerencia del revisor fiscal anterior.
“Esta situación limitó la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los asuntos relacionados con dichos documentos, por lo que no fue posible evaluar sus posibles efectos en los estados financieros al 31 de diciembre de 2025”, dijo.
Al tiempo, alertó que “no se evidencia la existencia de un plan formal de recuperación, un cronograma de transición ni una estrategia integral de mitigación de riesgos que permita determinar con claridad los efectos que este proceso podría tener sobre la continuidad futura de la entidad, situación que se ve adicionada por la incertidumbre en materia regulatoria”.
Riesgo para el país
La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que se le dé prioridad a la acción popular que busca adoptar medidas para atender la crisis financiera del sector eléctrico.
Al mismo tiempo, advirtió que la deuda de Air-e con la cadena energética, cercana a $2,3 billones, representa un riesgo para la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
“Lo decimos con respeto institucional, pero también con absoluta claridad, pues el riesgo sistémico del sector eléctrico ya no es una hipótesis, sino una realidad cada vez más apremiante”, manifestó la dirigente gremial a través de sus redes sociales.
De acuerdo con Gutiérrez, este proceso judicial permitiría fortalecer financieramente el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y de esta manera respaldar las obligaciones de la comercializadora, intervenida por el Gobierno nacional en septiembre de 2024, con el fin de evitar que la crisis continúe agravándose.
Con preocupación la presidenta de Acolgen explicó que las plantas térmicas necesitan esos recursos para adquirir gas y carbón, indispensables para respaldar la generación de energía cuando disminuye la producción hidroeléctrica, especialmente durante un fenómeno de El Niño, que se ha proyectado para este semestre.
$200 mil millones para deudas
A través de su página web, Air-e intervenida anunció que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó el desembolso de $200 mil millones para “cubrir obligaciones” con agentes del Mercado de Energía Mayorista (MEM).
“La compañía iniciará las gestiones necesarias ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para pagar la mayor cantidad de obligaciones relacionadas con compra de energía adquiridas en forma previa y posterior a la toma de posesión”, agregó la compañía.
