El plan del Gobierno nacional de convertir a Gecelca en operador del servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira tras la liquidación de la empresa Air-e ha sido ampliamente criticado por gremios y expertos del sector energético.
Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, aseguró que el plan de salvamento que se ha dado a conocer “parece más un simple cambio de nombre de empresa que una solución de fondo”.
En ese sentido, agregó que “con este enfoque corremos el riesgo de tener no solo el problema que ya padecemos, sino dos: mantener la crisis del sistema eléctrico y poner en riesgo la sostenibilidad financiera de Gecelca. En otras palabras, de salvamento no tiene nada”.
Fue enfático al decir que mientras no se proponga un nuevo modelo para la prestación del servicio de energía en la región Caribe, que lo haga sostenible en lo operativo y en lo financiero, “seguiremos repitiendo los mismos errores y, en pocos años, volveremos a enfrentar la misma situación crítica”.
A su turno, Javier Lastra, experto en temas energéticos, advirtió que las liquidaciones de empresas de servicios públicos no pueden convertirse en un “burladero de acreedores para empezar nuevamente de cero”.
Señaló que antes de pensar en fórmulas empresariales, el Gobierno debe atacar los problemas estructurales del mercado eléctrico en la región Caribe, donde las altas pérdidas de energía y el bajo recaudo impiden la viabilidad de los operadores, sean públicos o privados.
Por su parte, Norma Alarcón, coordinadora de la Liga de Usuarios de la región Caribe, recordó que durante el Foro de Articulación Energética en Cartagena, la viceministra Karen Schutt reconoció que el Gobierno no tiene recursos para saldar de inmediato las deudas de Air-e con los generadores tras la intervención. “En otras palabras, Air-e continúa en una situación de insolvencia que, de no corregirse, podría llevarla al colapso”, advirtió.
Agregó que, de acuerdo con el artículo 365 de la Constitución y con las leyes 142 y 143 de 1994, el Estado tiene la obligación de mantener a flote las empresas de servicios públicos que interviene a través de la Superservicios, algo que en el caso de Air-e no se estaría cumpliendo.
Cabe anotar que esta semana se dio a conocer que el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios (e), Felipe Durán, presentó un plan de salvamento en el que propone entregar la operatividad de la empresa —que presta el servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira— a la estatal Gecelca, que tiene el 99 % de participación accionaria del Estado. Esta asumiría la distribución, comercialización y recibiría los activos de Air-e.
De acuerdo con información conocida, la propuesta contempla transferir activos y pasivos por el mismo valor para que la operación sea a costo cero. Además, se gestionaría un crédito, respaldado con garantía de la Nación, por hasta 2,7 billones de pesos para financiar gastos de capital (capex) y capital de trabajo.
En medio de este panorama, EL HERALDO conoció que existe una fuerte disputa entre el ministro y la Superservicios. Mientras la superintendencia busca recuperar la empresa, el ministro Edwin Palma insiste en liquidarla.
“La Superservicios quiere recuperar la compañía, pero eso implicaría devolverla al sector privado, a lo que Palma siempre se ha negado”, aseguró una fuente del sector energético.
