Como resultado de la medida cautelar proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el Gobierno nacional ha desplegado una serie de mesas de trabajo para socializar los alcances del cobro de valorización que se ha planteado a los predios ubicados en el área de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, que comprende 10 municipios del departamento y Bolívar.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró a EL HERALDO que este proceso se ha puesto en marcha para reafirmar el compromiso del Gobierno por brindar canales que permitan una efectiva participación ciudadana, destacando que dicho tributo se ha considerado como un elemento clave para la financiación de nuevas inversiones en infraestructura.
¿Cuál es el objetivo de las mesas de trabajo que se desarrollaron con las autoridades locales de Atlántico y Bolívar?
Aunque en meses pasados el Invías ya había cumplido con los requisitos de ley y había hecho un esfuerzo importante en generar espacios de socialización y participación de la ciudadanía frente al cobro por valorización, el juez estableció nuevas actividades adicionales de socialización. Por ser un mandato judicial, debemos cumplirlo, y lo haremos de la manera más amplia y efectiva posible.
Estas nuevas jornadas de socialización reafirman el compromiso del “Gobierno del Cambio”, liderado por el presidente Petro, con la transparencia y la participación ciudadana efectiva. Desde el Ministerio de Transporte y el Invías hemos explicado los fundamentos jurídicos, financieros y sociales del mecanismo, y resolveremos inquietudes sobre los recursos interpuestos. Las autoridades municipales vinculadas con la zona de influencia serán las primeras en conocer de primera mano el alcance del plan de trabajo.
El cobro de valorización se encuentra actualmente suspendido por una serie de medidas cautelares, ¿qué impacto tiene para el Gobierno nacional?
El impacto no es sobre el Gobierno, sino sobre la gente. Las obras son para las personas y para las comunidades. La suspensión del cobro ha generado un impacto relevante: ha limitado la financiación de un proyecto que está pensado para mejorar la vida de los habitantes del Atlántico y de Bolívar.
La valorización es una herramienta con potencial transformador en materia de infraestructura, y su parálisis retrasa proyectos prioritarios que podrían mejorar la vida de millones de colombianos. Esta situación también afecta la confianza en los esquemas de participación ciudadana como base del financiamiento público.
Si bien se han presentado acciones para revertir la decisión, no han prosperado. ¿Se contemplan nuevas acciones para retomar el cobro?
Sí. Desde el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Vías, hemos defendido este instrumento ante las instancias judiciales y las acciones aún siguen vigentes. El Gobierno nacional utilizará todos los instrumentos e instancias judiciales para defender el derecho de los habitantes de Atlántico y Bolívar a financiar los proyectos de infraestructura que benefician a las comunidades. No vamos a renunciar a una herramienta que puede impulsar el desarrollo regional, especialmente en zonas como el Caribe.
¿Qué ha contemplado el Gobierno en caso de que el Consejo de Estado adopte un fallo en contra del cobro de valorización en este proyecto vial?
Seguimos confiando en una decisión favorable, estamos preparados para cualquier escenario. Creemos que el Consejo del Estado reconocerá la importancia de este mecanismo y los beneficios que trae sobre las comunidades del Caribe y de la zona de influencia.
En caso de que el Consejo de Estado emita un fallo adverso, agotaremos todos los recursos que nos otorga la ley para defender este esquema.
Además, seguiremos impulsando su aplicación en otros proyectos de infraestructura vial, siempre bajo el amparo del artículo 249 de la Ley 1819 de 2016. Este no es un mecanismo aislado: hace parte de una visión de país donde quienes se benefician de grandes obras contribuyen de forma justa a su financiamiento.
Desde el Gobierno se ha presentado rechazo a la decisión de la Corte Constitucional que tumbó el artículo que modificaba el periodo para el cobro. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión?
La Corte declaró inexequible la norma que permitía cobrar hasta cinco años después de finalizada la obra.
Desde el Gobierno no compartimos esa decisión porque limita la flexibilidad del Estado para implementar esquemas de financiamiento justo. Sin embargo, es importante aclarar que el proyecto Cartagena–Barranquilla–Circunvalar de la Prosperidad no se acogió a esa temporalidad.
El cobro se sustentó en la norma original del artículo 249 de la Ley 1819 de 2016, por lo cual su validez jurídica se mantiene firme. Es un mensaje claro: actuamos con rigor legal desde el inicio del proceso.
¿Qué modificaciones se han hecho de acuerdo con los análisis que fueron solicitados por el presidente Gustavo Petro?
Por instrucción directa del presidente Petro, el esquema de valorización fue revisado a fondo para garantizar justicia social.
Se excluyó del cobro a quienes no tenían capacidad de pago, eso incluye a muchos hogares en condición de pobreza extrema y moderada, predios de uso habitacional en estratos 1, 2 y 3 con un único bien, unidades agrícolas familiares (UAF) y viviendas sin capacidad de pago comprobada que estarán exentos..
Además, se establecieron ciertos topes a la contribución que no superan el valor de hasta 1, 2 o 3 veces el impuesto predial unificado, dependiendo del uso y estrato del predio. Con este tipo de medidas, este gobierno deja en claro que el desarrollo no puede pagarse con injusticia.
De tener el aval para iniciar el cobro, ¿cuál sería el cronograma? ¿Se mantiene el esquema de cobro por fases?
En caso de contar con el aval para iniciar el cobro, se implementará un cronograma en cuatro etapas clave que garantizan participación ciudadana, transparencia y debido proceso.
La primera etapa corresponde a la convocatoria, que tendrá una duración aproximada de 2 meses. Después habrá un periodo de audiencias públicas, que tendrá un plazo de hasta 3 meses.
Después habrá un periodo de 2 meses para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, y otros dos meses para el informe final. Este proceso está diseñado para garantizar que la ciudadanía y las autoridades locales tengan espacios efectivos de información y participación.
En cuanto al esquema de cobro por fases, este se mantiene como principio técnico, pero será definido en detalle con base en los insumos recolectados durante el desarrollo de estas etapas. El cronograma completo está en desarrollo y será socializado oportunamente.
Una de las críticas constantes ha sido que los recursos no serán destinados a proyectos del Caribe, aunque el Gobierno asegura lo contrario. En ese sentido, ¿ya se cuenta con una priorización de obras a financiar? ¿Cuáles son?
Toda la inversión se quedará en el Caribe. Así quedó estipulado en la Resolución 3856 de 2024, donde se definió que los recursos obtenidos por valorización se reinvertirán en proyectos de infraestructura en los municipios de la zona de influencia y sus alrededores.
Aunque aún no se ha fijado una priorización específica, el Ministerio de Transporte liderará el diseño del plan de inversión junto a las autoridades locales. El compromiso es inquebrantable: cada peso recaudado se traducirá en obras para el Caribe colombiano.
