En el Caribe colombiano se ha recibido con beneplácito la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el artículo del plan de desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro que le facultaba hacer el cobro de valorización tras cinco años de haberse puesto en funcionamiento un proyecto de infraestructura.
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La medida, que tiene impacto a nivel nacional, pone en vilo el piloto que se inició por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías) en el corredor vial Barranquilla - Cartagena, comprendido por la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el senador liberal Mauricio Gómez, quien lideró la demanda de inconstitucionalidad. Resaltó que esta norma representaba un riesgo para miles de propietarios en distintas regiones del país, especialmente en ciudades como Barranquilla, Puerto Colombia y Cartagena, “ya que abría la puerta a cobros retroactivos sin reglas claras ni advertencia previa”.
Recalcó que presentó dicha acción judicial ante la “preocupación” que generaban los efectos de esta medida, ya que el artículo violaba el principio de unidad de materia, al introducir una modificación tributaria que no estaba alineada con los propósitos centrales del Plan Nacional de Desarrollo.
“Esta es una gran noticia para los colombianos. Celebramos un fallo que tumba una norma injusta, que amenazaba con imponerle nuevas cargas a la ciudadanía sin previo aviso”, recalcó.
Según el congresista liberal, la valorización como contribución existe desde mucho tiempo atrás y fue regulada por la Ley 1819 de 2016: “Lo que se logró frenar ahora fue un intento de extender el plazo de cobro de manera silenciosa, abriendo la puerta a abusos administrativos”.
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A su turno, Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, puso de presente que el fallo de la Corte es un paso “gigante” que no se puede minimizar.
Sin embargo, explicó que “la absurda, ilegal e injusta resolución de Barranquilla – Cartagena, desafortunadamente, dice otra cosa. Hay una acción de tutela presentada por el Gobierno con la insistencia en hacernos daño. Seguimos juntos y en equipo con toda. Hemos demostrado que esta lucha fortalece la visión de un Caribe unido”.
Desde los gremios
Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, indicó que la decisión de la Corte Constitucional deja sin piso al Gobierno nacional para adelantar este “cobro injusto” sobre los predios ubicados en la zona de influencia de la Circunvalar de la Prosperidad y de la Vía al Mar Cartagena-Barranquilla.
“Celebramos que la Corte Constitucional se haya pronunciado a favor de nuestra causa. Por supuesto, confiamos en que el Consejo de Estado se pronuncie en la misma línea para terminar de sepultar este cobro, que afecta a más de 150.000 propietarios de inmuebles en los departamentos de Atlántico y Bolívar, en al menos 10 municipios”, mencionó.
Fue enfático al sostener que ya se cumplieron los tiempos promedios en un proceso de estudio de una acción de nulidad, por lo que se encuentran a la espera de que en cualquier momento se anuncie una decisión frente a esta demanda.
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“Este cobro afectaría seriamente el desarrollo inmobiliario y turístico de toda esta franja costera, que representa uno de los principales motores de ingreso para muchos de estos municipios. En ese sentido, va en contravía de la prosperidad y el desarrollo de estas comunidades”, agregó.
Cepeda también resaltó el trabajo conjunto con congresistas, el sector público —incluyendo a los alcaldes de Barranquilla y Cartagena— y el sector gremial: “Cuando los gremios, el sector público y los congresistas se unen para frenar una injusticia como esta, los resultados se ven y son concretos”.
Mientras que el director Ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, Juan Camilo Oliveros, aseguró que este es un “paso muy importante” en esta lucha y también mencionó que desde los gremios del Caribe se está a la espera de una decisión por parte del Consejo de Estado frente a las diversas demandas de nulidad.
“Desde ambos intergremiales presentamos una coadyuvancia a la demanda del senador Gómez Amín. Por lo tanto, asumimos como propia esta primera victoria en torno a este tema”, dijo.
Agregó que “lo que se pretendía era que pagáramos por una vía que ya está construida, sin que existiera la posibilidad de realizar, en un futuro cercano, una segunda calzada tan necesaria para mejorar las condiciones de operación y seguridad del corredor vial”.
Sobre lo que viene, Oliveros fue enfático al sostener que se debe encontrar una ruta que permita destrabar las obras de doble calzada que se encuentran pendientes para lograr una mejor conexión entre Barranquilla y Cartagena.
Invías podría seguir con el cobro de valorización en Vía al Mar
El excongresista César Lorduy puso de presente que con el fallo de la Corte Constitucional se revive el artículo 249 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 para reglamentar el cobro de la valorización.
“En el artículo 280 se hablaba de la operación del proyecto, mientras que en el artículo 249 se habla de la ejecución del proyecto. Esta diferencia es preocupante, porque las resoluciones del Invías tienen como fundamento legal precisamente el artículo 249 de la Ley 1819 de 2016”, dijo.
En su opinión, el Invías podría pretender que el proyecto Barranquilla–Cartagena sigue en ejecución, por lo que aparentemente tendría la justificación legal para cobrar la valorización.
“Una cosa es ejecución del proyecto y otra cosa es operación del proyecto. Los 146 kilómetros de la vía concesionada no están en ejecución; están en operación, que es distinto. Solo quedan 10 kilómetros pendientes, que afectan exclusivamente al municipio de Tubará. Esta es una obra pública que va del kilómetro 77 al kilómetro 87 y que cubre únicamente a dicho municipio”, puntualizó.
