El sistema energético del Caribe colombiano enfrenta una crisis estructural: altas tarifas, insolvencia de sus operadores, envejecimiento de su infraestructura y falta de inversión para satisfacer una demanda en constante crecimiento. Este aumento en la demanda obedece, al crecimiento de la actividad industrial y comercial, a una urbanización acelerada y al impacto de las altas temperaturas.
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Según la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), se proyecta que la demanda eléctrica en la región aumente en promedio un 4 % anual hasta 2038. Este crecimiento cobra más importancia si se considera que esta región concentra el 25 % de la demanda eléctrica del Sistema Interconectado Nacional.
Las empresas operadoras del servicio acumulan deudas y enfrentan dificultades para recaudar los pagos en algunas zonas mientras que los subsidios estatales llegan con retraso.
A esto se suman las demoras en los proyectos de ampliación y refuerzo de las redes eléctricas, provocadas por obstáculos regulatorios, retrasos en la obtención de licencias ambientales y retrasos en a los procesos de consulta previa con las comunidades.
A su vez, el Caribe presenta altos niveles de pérdidas no técnicas que encarecen el servicio eléctrico.
Según Fundesarrollo y Frontier Economics (2022), el costo de estas pérdidas se han vuelto el principal, además de otros, factor detrás de las altas tarifas de energía en la región. A mayo de 2025, las tarifas en el Caribe superan en promedio un 11 % las del resto del país.
Aviso de crisis energética
Lo sucedido en Barranquilla el pasado martes 17 de junio parece evidencia de que estamos ad portas de una crisis en el sector energético de la región Caribe.
El apagón, que inició pasadas las 6:00 p. m. y se extendió por aproximadamente cuatro horas, dejó sin servicio eléctrico a zonas residenciales, comerciales y hospitalarias, de las localidades Norte-Centro Histórico, Riomar y Suroccidente.
Además de afectar la vida cotidiana de miles de ciudadanos, estos eventos causan pérdidas económicas significativas, en sectores como el comercio, hotelería, los restaurantes, la industria y los servicios de salud.
Las pérdidas que deja
En 2024, el PIB del Atlántico fue de $45 billones. Esto equivale a $5 mil millones por hora. Dada la importancia de la electricidad en los procesos productivos un apagón de solo 60 minutos puede costarle a la economía departamental esa suma por dejar de producir.
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En ese sentido, si toda la actividad económica del Atlántico se detuviera por un apagón de cuatro horas, la pérdida sería de unos $21 mil millones. Es el valor de lo que se dejaría de producir en ese tiempo.
En sectores sensibles a los apagones, como el comercio, la industria y la salud, una interrupción eléctrica podría generar pérdidas cercanas a los $10 mil millones.
Son sectores donde cada minuto sin energía cuesta. Un apagón no solo apaga la luz. Aunque no toda la economía se paraliza, las fallas eléctricas afectan sectores clave y ponen en riesgo la productividad, los ingresos y el bienestar de miles de familias en la región.
¿Qué está en juego?
Por los diversos motivos asociados a la crisis de la región Caribe, los cortes de energía podrían volverse más frecuentes y extensos, afectando no solo a los hogares, sino también a hospitales, empresas, colegios y servicios clave para la vida diaria.
Sin un servicio eléctrico confiable, la región pierde competitividad. Además, la inversión —tanto nacional como extranjera— se aleja, y con ella las oportunidades de empleo y bienestar para su población.
Por tal motivo, la falta de soluciones sostenidas mina la confianza en las instituciones y alimenta la frustración social.
También es importante destacar que sin acceso a energía constante y de calidad, se amplían las brechas sociales y se profundiza la precariedad en barrios y municipios que ya enfrentan múltiples carencias.
Por eso, tras varios años de modelos fallidos, la solución no puede seguir siendo apagar incendios. La región Caribe requiere un nuevo modelo de prestación del servicio eléctrico que entienda su realidad social, climática y económica.
¿Qué implica esto?
- Resolver de fondo la situación de Air-e, con una decisión definitiva del Gobierno (como la liquidación o reestructuración) que permita saldar deudas, garantizar la continuidad del servicio y recuperar la confianza.
- Asegurar el pago de las deudas acumuladas por parte del Estado, especialmente las relacionadas con subsidios no transferidos y pérdidas reconocidas por el regulador, para no seguir afectando la caja de los operadores.
- Diseñar un nuevo esquema de operación y regulación regional, que tenga en cuenta las condiciones diferenciales de temperatura, pobreza y expansión urbana.
- Fortalecer la planeación de la demanda y oferta energética a nivel territorial, incorporando energías renovables, almacenamiento y proyectos comunitarios.
- Mejorar los mecanismos de seguimiento, control y rendición de cuentas sobre inversiones, calidad del servicio y gestión empresarial de los operadores.
