Cerca de seis meses han transcurrido desde el desplome de la torre 4 del conjunto residencial Privilegios, ubicado en el sector de Campo Alegre, que dejó la muerte de una mujer de la tercera edad, y la Alcaldía de Barranquilla ha puesto en marcha un proceso licitatorio para la contratación de una firma para su demolición total.
Esta acción se pondrá en marcha para dar cumplimiento a la orden de la Inspección Novena de Policía Urbana ante la “multiplicidad de daños o amenaza de ruina”, teniendo en cuenta que la estructura restante “presenta daños estructurales severos”, de acuerdo con un dictamen de la Oficina de Gestión del Riesgo.
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La escogencia de la compañía se oficializará el próximo 2 de junio, según el cronograma colgado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). En total, son ocho los oferentes que se encuentran en la puja: Ingoser SAS, Juan Carlos Briceño Chaves, SF Ingeniería, Hace Ingenieros SAS, Infraestructura Barranquilla, Consorcio Campo Demoledor, Ecoedifika SAS y Megacyc.
El Distrito sostuvo que la demolición del edificio se dará para cumplir con las normativas urbanísticas y de seguridad, teniendo en cuenta que la inestabilidad de la construcción pone en peligro a los residentes cercanos y transeúntes, pudiendo generar nuevos colapsos en caso de movimientos telúricos o lluvias intensas.
Además, expone que la permanencia de la estructura colapsada afecta la calidad de vida de la comunidad, reduciendo el valor de las propiedades cercanas y generando un ambiente de inseguridad y deterioro urbano.
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Para este proceso se ha dispuesto una partida presupuestal por el orden de los $1.403 millones y cuenta con un plazo de dos meses para su ejecución a partir de la firma del acta de inicio.
La decisión a cumplir
La Inspección Novena de Policía Urbana, en el marco de un proceso verbal abreviado, ordenó la demolición total de las edificaciones que conforman el conjunto residencial.
Dicha decisión fue adoptada tras revisar el informe técnico expedido tras la emergencia del 29 de noviembre de 2024, así como una visita al lugar de los hechos para verificar el estado de la estructura y la existencia de un cerramiento. En ese momento se pudo determinar que los edificios no se encuentran en condiciones para ser habitados.
Algunas voces
Piedad Flórez, líder de Campo Alegre, indicó que recientemente hubo una reunión con la Gerencia de Ciudad en la que se socializó el inicio de esta fase: “Falta que nos notifiquen formalmente las fechas y estaremos atentos para colaborar como comunidad en lo que se requiera”
Mientras que Teófilo Salazar, presidente de la Junta de Acción Comunal de Campo Alegre, expresó su preocupación frente a los retrasos frente a este proceso, a pesar de que las autoridades han adelantado varias reuniones de socialización.
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“Desde el día que se cayó el edificio nos han dicho que ya está la orden de demolición. Esperamos que lo tumben y que el terreno se destine para desarrollos sociales, que se haga una escuela o un parque, un espacio para el disfrute de la comunidad”, dijo.
Por su parte, Augusto Amaya, inspector noveno de Policía Urbana, aseguró que la administración distrital cuenta con el visto bueno para el mencionado trámite: “Es una zona donde no se debió construir nunca. Ahora esa área tiene que ser de reserva y estará a cargo de la Alcaldía”.
Lo que contempla el contrato
El contrato contempla adelantar los estudios técnicos previos para determinar el método de demolición más seguro y eficiente, así como la socialización con la comunidad circundante al predio que se va a intervenir con la finalidad de minimizar los impactos negativos.
En este proceso también se tendrán que implementar medidas de mitigación del impacto ambiental y de seguridad para las edificaciones aledañas y una disposición adecuada de escombros, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.
