Uno de los testigos clave en el caso de Centros Poblados es también el representante legal del consorcio que adelanta la construcción de la nueva sede de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Soledad.
Se trata de Alfredo Jesús Amín Yaber, quien asesoró a la mencionada firma para la presentación de los documentos para hacerse con el contrato para la instalación de Centros Digitales en distintos municipios del país.
Paralelo a esto, el contratista Amín Yaber actúa como representante legal del Consorcio Fiscalía Soledad, el cual está conformado por las empresas Turpial Ingeniería, que tiene un 90 % de participación, y Obras de Ingeniería Guadalupe, con 10 % de participación.
El contrato entre el mencionado consorcio y la Gobernación del Atlántico fue suscrito el 25 de septiembre de 2019, por un valor inicial de $7.171 millones. En el mencionado documento se estipuló un anticipo del 30 % del valor estimado del contrato, mientras que el primer desembolso (5 %) se haría con la entrega de los estudios y diseños tras su aprobación.
Los siguientes tres desembolsos, correspondientes al 30 %, se harían al tener un avance del 30 %, 60 % y 90 %, respectivamente. El último, correspondiente al 5 % del contrato, se haría contra el 100% de la ejecución de la obra.
La historia de las suspensiones del proyecto
El acta de inicio de dicho proyecto se firmó el 1 de noviembre del mismo año y el 27 de diciembre hubo una suspensión del contrato para surtir los trámites correspondientes para desarrollar los cambios en los diseños de la planta, por solicitud de la Fiscalía.
El 17 de febrero de 2020 se reiniciaron las obras tras suscribirse un contrato adicional y la prórroga en el plazo de ejecución, correspondiente a 5 meses y 15 días, por lo que la fecha de finalización fue fijada para el 6 de agosto de dicho año.
Un mes después –es decir, el 13 de marzo de 2020– se volvió a suspender la obra debido a la pandemia. En ese momento, el tiempo transcurrido de ejecución es de 83 días calendarios, por lo que el tiempo faltante para la finalización del plazo es de 146 días calendarios.
Las obras fueron reanudadas, por segunda oportunidad, el 5 de agosto de 2020 tras la entrega de una información solicitada por la Gobernación del Atlántico. En ese momento se estableció que el plazo de entrega vencería el 29 de diciembre del mismo año.
Mientras que el 23 de diciembre hubo una nueva suspensión de la construcción debido al incremento en el número de casos por covid-19 y las medidas restrictivas que fueron acogidas en el municipio para controlar el comportamiento de los ciudadanos.
De esa manera, según quedó registrado en el acta, se buscó reducir los riesgos de contagio y propagación del virus tanto en los lugares de ejecución de los trabajos como durante los trayectos que realiza el personal para llegar al sitio de labores.
'Se deja constancia que las partes renuncian a cualquier reclamación por el tiempo transcurrido por la suspensión y que el contratista presentará la presente acta ante la compañía aseguradora para que las vigencias de los riesgos amparados por las garantías del contrato sean actualizadas', se lee en el documento.
A finales de enero del presente año, la construcción del búnker se reanudó y un día después (27 de enero) se volvió a suspender debido a que la obra estaba ejecutada física y presupuestalmente en un 90.02 % y '(…) requieren de un tiempo y recursos adicionales que permitan finalizar la obra de forma satisfactoria'.
El 29 de abril se suscribió la cuarta acta de reinicio tras adelantarse los trámites pertinentes que 'permitan contar con los recursos financieros que garanticen la ejecución de las actividades'.
La mencionada adición fue por el orden de los $3.930 millones, mientras que se prorrogó por 5 meses más, contados a partir del vencimiento del plazo previsto en el contrato inicial, teniendo en cuenta las últimas actas de suspensión y de reinicio.
La posición de la Gobernación
Con relación de las suspensiones en el proyecto de construcción de la sede de la Fiscalía en Soledad, la Gobernación del Atlántico indicó que se deben a los efectos de la pandemia, del paro nacional y algunos retrasos de materiales importados, factores que afectaron el cronograma de varias obras de infraestructura en todo el país.
Además, indicó que las obras –a la fecha– tienen un avance del 90,61% de ejecución y se espera que finalicen en diciembre.
'No se ha excedido en el monto de las adiciones a este contrato, ya que estas responden a los estudios y diseños definitivos y a recientes requerimientos técnicos de la Fiscalía General de la Nación para el uso del inmueble', expuso la entidad.
Asimismo, la Gobernación indicó que la Fiscalía General de la Nación está instalando su mobiliario y el cableado estructural: 'Entre las actividades que están pendientes por ejecutar está la instalación de elementos eléctricos, una subestación eléctrica, el ascensor y aires acondicionados para culminar con el cielo raso'.
