10 años después se sienten en el olvido
Damnificados de Santa Lucía, Manatí y Campo de la Cruz aún viven en casas de barro y de zinc tras perderlo todo por la tragedia del sur del Atlántico.
Diez años después del rompimiento del Canal del Dique, el drama por la tragedia sigue vivo. Los habitantes del sur del Atlántico aún no han podido recuperarse de aquella inundación que arrasó con todo a su paso y dejó a la deriva a cientos de familias que perdieron sus viviendas y enseres.
Luego del “infierno” que significó dicho acontecimiento para los pobladores de los municipios afectados, y los posteriores meses viviendo a la intemperie donde la comunidad se refugió en cambuches, albergues y cualquier lugar lejos de las aguas, la situación no mejoró.
En el barrio El Progreso, de Santa Lucía, cerca de varias casas palafíticas y algunas construidas con bloques de cemento, Efraín Cortés levantó su vivienda en un terreno rodeado de barro. Él lo llama su “cambuchito”, pues literalmente vive en un refugio improvisado que edificó luego del paso destructor de las aguas.
En una espuma cubierta de sábanas y sacos, sobre unas canastas de refrescos, duerme todos los días. Cuenta con dos sillas plásticas llenas de polvo y una especie de tocador en hierro oxidado, donde reposan sus herramientas. Sus paredes son de tela y zinc, lo mismo que el techo.
Cortés, un hombre de tez trigueña que se dedica a la albañilería y a “lo que salga”, es uno de los miles de atlanticenses que vio el 30 de noviembre de 2010 cómo la fuerte corriente de agua proveniente del Canal del Dique se llevaba lo que había conseguido con años de trabajo. Relata que en aquel momento vivía junto con su mujer en una casa de barro, en condiciones dignas.
Olvidado. Así dice sentirse 10 años después de la tragedia. Las ayudas llegaron en su momento para mitigar el drama, pero Cortés lleva más de dos años esperando que le entreguen una de las casas palafíticas. Él cree que no ha contado con suerte, como sí la han tenido varios de sus vecinos, que han sido beneficiados con proyectos de vivienda.
“Ahora tengo un cambuchito de zinc y tela que yo mismo construí porque quedaron en construirme la casa y nada. Estoy en malas condiciones donde estoy, más de 7 años viviendo así. Aquí era donde estaba mi casa de barro y estaba bien bonita, ahora da pesar”, relata el hombre de 65 años de edad.
Con sus ojos mirando fijamente hacia su casa, dice que no pierde la esperanza de tener nuevamente un hogar digno, como lo era antes de la tragedia. “Quisiera reconstruir mi casita, para ver si reconstruyo lo que yo tenía. Allí estaba con mi mujercita y ahora estoy solito como el llanero. Me gustaría hacer mi casita en material, si me ayudan con los materiales yo mismo puedo armar mi casita”, pide.
A unas cuantas cuadras de Cortés, se encuentra la casa de Luz Mary Martínez, madre cabeza de hogar para cuatro hijos, quien ha luchado a lo largo de los años y ha logrado ir levantando poco a poco su ranchito, en el mismo lugar donde se encontraba hace 10 años.
Llorando y con la voz entrecortada cuenta lo que vivió en los dos años que permaneció en un albergue, ya que su casa de barro desapareció por completo bajo las aguas. En ese momento, regresar a Santa Lucía era imposible, pues el agua tardó en secarse y fue muy difícil empezar de cero.
“En ese momento todo estaba mojado, húmedo. Esto era puro barro, la casita quedó destruida. Con mi esfuerzo, de poquito la he ido construyendo, está en ladrillos, lo que no tengo es fuerza para seguir. La casa está en obra negra porque no tengo esa fuerza económica”, manifiesta.
El interior de la vivienda está –como ella misma dice– en obra negra. La cocina está ubicada en lo que debería ser el patio. Es fácil divisar –desde la cerca de palitos– las ollas, los calderos, los vasos y las cuatro piedras que forman el fogón de leña.
Luz Mary Martínez dice que siempre se ha dedicado a oficios varios. De donde la llamen, ella va a trabajar. Desde cultivar rosas, melón, yuca o pepino, hasta irse a un monte a “tirar machete”, pues no cuenta con un trabajo estable y con lo que gana trata de mantener su familia e ir levantando poco a poco su casa.
“Nos sentimos olvidados por parte del Gobierno. Yo como madre cabeza de hogar y las personas que estábamos allá esperábamos que nos ayudaran con un empleo o algo así, para uno sobrevivir hasta que uno pudiera tener un poquito más de fuerza, pero no hemos podido”, sostuvo Martínez.
Historias como las de Efraín y Luz Mary se repiten en los municipios del sur del Atlántico. La comunidad añora regresar a la vida que llevaba antes de aquel 30 de noviembre de 2010. Desean poder recuperar todo lo que perdieron y dedicarse al trabajo que tenían una década atrás.
La Gobernación del Atlántico y el Gobierno Nacional –a través del Fondo Adaptación– han entregado viviendas a la mayoría de los afectados, también ha construido vías y modernos colegios y hospitales. Pese a ello, aún sienten que no ha sido suficiente para recuperar la vida digna que tuvieron hace 10 años.
“Aquí tienen abandonados. Antes de la tragedia tenía la casa con tres cuartos, baños y cocina, pero ahora donde mismo me baño, cocino. Todo está junto. Pidiendo que nos den una ayuda”, expuso Olga García, quien reside en Campo de La Cruz.
Luz Estela Sarmiento es una de las favorecidas con las viviendas que ha otorgado la Gobernación; sin embargo, dice no sentirse a gusto en el lugar porque ya no vive con su familia y las escaleras le han ocasionado problemas de salud.
“Antes vivíamos todos juntos en mi casa y mis hijos han tenido que irse porque no cabemos todos. Esto tiene uno que estar subiendo escaleras, siento dolencias en las piernas, los nietos cuando vienen se caen de las escaleras por la altura de la casa”, explica la mujer de 54 años de edad.
Sarmiento asegura que hay casas que “se llueven por dentro” y el techo no es muy seguro, porque se sube con cualquier brisa.
“Estamos poniendo chocoritos, tapando con plástico para que no se moje lo que tenemos. Mi hijo me dijo que hay que comprar alambre y unos clavos para amarrar por eso de los huracanes, para que no se lleve el techo; pero ahora no tenemos fuerzas”, agrega.
Batalla jurídica
Quizás los afectados seguirán sintiéndose olvidados hasta que mejoren sus condiciones y se cumplan sus deseos y peticiones; pero sus esperanzas están puestas en la batalla jurídica contra el Estado emprendida por un ‘pool’ de abogados, entre ellos Fernando Borda, Fernando Prada y Roberto Tapias, en busca de una indemnización que le permita a los afectados recuperar lo perdido.
El 20 de diciembre de 2010, cuando el boquete seguía abierto y las ayudas humanitarias eran aclamadas por los damnificados, las demandas contra el Estado, los contratistas y hasta contra algunos campesinos comenzaron a llegar.
En aquel momento, los abogados anunciaron una demanda por 2 billones 416 mil millones 900 mil pesos, a nombre de los damnificados. La acción fue contra los funcionarios responsables de una supuesta negligencia en el cuidado del carreteable dique de Santa Lucía.
Una década después, esa batalla jurídica no termina. Los abogados Fernando Borda y Roberto Tapia han seguido en frente de la “colosal demanda” que fue presentada en febrero de 2011 y correspondió a un juzgado administrativo que terminó fallando en contra de los afectados del sur del Atlántico.
“Aquí hay un problema grande, nosotros presentamos la apelación ante el tribunal y luego de 4 o 5 años terminó confirmando la sentencia en primera instancia con un agravante. El punto es que aquí la discusión no es sobre los daños que se hayan causado o no porque son evidentes, el problema es que el Tribunal, al igual que el juzgado, entendieron que lo que sucedió era un hecho impredecible, lo cual no es cierto porque todo el mundo sabía lo que iba a suceder en el Atlántico”.
Hace una semana exactamente, el ‘pool’ de abogados presentó ante el Tribunal un derecho de petición. “Estamos presentando una petición que nos la da la norma del artículo 274 del Código de Procedimiento Administrativo, en el cual podemos solicitar que ese expediente ya fallado en segunda instancia, pase dentro de los 8 días siguientes al Consejo de Estado, para que unifique jurisprudencia. Con esto queremos que otros tribunales administrativos del país miren el hecho de la fuerza mayor de una forma diferente”, explica Tapia.
Mientras esto se resuelve, los habitantes siguen apelando a los llamados de ayuda a la Gobernación del Atlántico para que se agilicen los proyectos de inversión que permitan que el sur del departamento vuelva a resplandecer y el hambre y la miseria sean cosas del pasado.
Ángel Muñoz es un hombre de 60 años de edad, residente en Manatí, que le ha tocado vivir las dos inundaciones que han afectado el sur del Atlántico. El asegura que lo peor lo vivió con el rompimiento del Canal del Dique, hecho que justamente le dio un “giro drástico” a su vida.
“Se perdió el congelador del negocio que teníamos, la casa se destruyó y es la hora que se le ven rajas a la casa. Voy tapando poquito a poquito porque hubo bastantes pérdidas, camas, chismes de la señora”, relata Muñoz.
Sabe “examinar ganado”, pero él mismo afirma que ya ese trabajo no existe en el municipio donde reside, por lo que se “rebusca” con el taller que tiene en donde arregla motos y vehículos, hace trampas para pájaros y vende gasolina.
Muñoz sostiene que esto le ha permitido ir reconstruyendo su vivienda durante estos diez años.
“Le voy a decir que antes de haberse inundado esto, yo tenía mis rosas, mi agricultura, todo eso se perdió y de ahí dejé de hacer la agricultura. Luchando estamos viviendo, antes de la inundación vivíamos mejor porque tenía mis cultivos y ahora no tengo nada. La vida nos cambió bien cambiadita y somos tan de malas que no nos vino ninguna ayuda”.
Sin embargo, agradece a Dios por no haber recibido ninguna ayuda, pues para él es una satisfacción que con el sudor de su frente es que ha estado viviendo y dándole el sustento a su esposa y nietos que viven con él.
Silfredo Antonio Pacheco es un campesino manatiero, quien hace diez años dejó de dedicarse a su labor a causa de la inundación. Pese a que junto a su familia amarró los enseres en la parte alta de la casa, lo perdió todo porque el agua tapó por completo las viviendas.
“Mi casa quedó en pie con la inundación, pero por dentro mal. Los techos quedaron partidos porque las canoas pasaban por arriba, hemos estado todo el tiempo con esa lucha. Perdimos puercos, gallinas, porque no hubo tiempo de recogerlos y no hemos podido recuperar nada. Eso no se recupera ni hoy ni nunca porque francamente la pobreza de uno no da para eso”, sostiene Pacheco.
Actualmente se dedica “a lo que le salga” para ganarse unos cuantos “pesitos” y mantenerse pues no ha recibido ayudas por parte del Gobierno y con la pandemia se le ha hecho más difícil conseguir un trabajo estable, ya que no ha podido recuperar su ganado ni plata para cosechar.
Concuerda con muchos de sus vecinos en que anteriormente vivían mucho mejor que ahora, pues se sienten en el olvido. “Era mejor antes de la inundación, trabajábamos, se conseguía algo, pero de ahí para acá esto se dañó. Tenemos rato que pasamos maluco, no es igual que antes”.
El Fondo Adaptación, encargado de financiar proyectos y programas, indicó que ha invertido $341 mil millones en el macroproyecto Canal del Dique. Estos recursos se traducen en la construcción de 51.8 km de dique, la atención de 1 punto crítico, obras en 12 centros poblados y 2 tramos viales con el desarrollo de 15 proyectos.
“En particular, en el departamento del Atlántico se han realizado intervenciones en obras de protección por $117.526 millones correspondientes a la construcción de 27.059 metros de dique, la atención de 1 punto crítico (Dique Polonia), 2 obras en centros poblados (Santa Lucía y Villa Rosa) y 2 tramos viales (puntos críticos, tramo vial II Santa Lucía-Villa Rosa, Protección de Orillas y el tramo vial I Calamar-Santa Lucía) y sus correspondientes diseños. La prioridad es proteger a las poblaciones vulnerables y preparar a la región para afrontar en mejor forma los impactos del cambio climático”.
A la fecha el Fondo Adaptación ha entregado todas las obras preventivas de control de inundaciones. Lo único que queda pendiente, pero que en este instante se encuentra en proceso de contratación, son 639 metros de dique en el municipio de Santa Lucía, que no se había podido adelantar porque había problemas prediales, que fueron superados.
Las obras que faltan por entregar son para el control de inundaciones.
