El pasado 14 de junio la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa destituyó e inhabilitó por trece años a 15 de 19 concejales de Valledupar, por haber elegido como contralor Municipal, a un miembro del movimiento que suscribió las firmas para la candidatura del actual alcalde y haber financiado parte de su campaña política –120 millones de pesos–. El fallo en primera instancia también cobijó al contralor, por el delito de conflicto de intereses.

Cuatro meses después, dos procuradores de la Sala Disciplinaria consideraron que no hubo conflicto de intereses debido a que, para el momento en que fue denunciado el contralor municipal, no tenía asuntos por los cuales declararse impedido. El fallo fue revocado y todos fueron absueltos.

Con la tumbada del fallo, la Procuraduría evitó tener que salir a investigar, inhabilitar y destituir a la mayoría de concejales y contralores municipales, distritales y departamentales del país. Para nadie es un secreto que el actual Régimen fue creado para que el control fiscal a los alcaldes y gobernadores lo hagan sus amigos o compinches.

Otro grave problema de estas contralorías regionales son los altos costos operativos, la ineficiencia en los procesos y el bajo nivel de los profesionales que llegan recomendados a esos cargos por los gamonales políticos regionales. No hay derecho, pues, que las 32 contralorías departamentales y las 31 contralorías municipales y distritales del país, con una nómina de 3.700 empleados, se gasten más de $ 400.000 millones anuales para auditar $63 billones.

Con un poco más de recursos, la Contraloría General de la República hace vigilancia y control sobre $598 billones en todo el territorio nacional y con resultados contundentes, como los recientes escándalos de corrupción de Reficar en Cartagena, Electricaribe en Barranquilla, Fondo del Ahorro en Bogotá, los carteles de la hemofilia y educación en Córdoba y la alimentación escolar en La Guajira, para citar unos pocos.

Si el Gobierno Nacional y el Congreso de la República quieren recuperar la confianza de los colombianos y dar verdaderas muestras de lucha contra la corrupción, van a tener que comenzar por suprimir las 63 contralorías regionales y unificar la función del control fiscal del Estado en una única Contraloría General, que asuma la vigilancia fiscal y la auditoría sobre los recursos públicos de todos los niveles territoriales; y, así mismo, ejerza control de los presupuestos nacional, departamentales, distritales y municipales, como lo ha propuesto el contralor, Edgardo Maya Villazón.

El contralor Maya además plantea la creación de un tribunal de cuentas como órgano desconcentrado, encargado de adelantar los procesos de responsabilidad fiscal que surjan como consecuencia de los hallazgos fiscales configurados por la Contraloría General y Única, fruto del proceso auditor.

Se trata de una reforma a partir de la cual se dividen las tareas de los órganos de control fiscal, de modo que uno de estos, la Contraloría General, se ocupe de ejercer los sistemas de vigilancia y control; y, el otro, el Tribunal de Cuentas, se ocupe de adelantar el juicio fiscal. Ojalá le jalen a esta interesante iniciativa.

@indadangond