El omnipotente Ordóñez condenó por falta gravísima al nuevo mártir de la Nación, Petro, cuya popularidad estaba por el suelo, ahora mueve masas en la Plaza de Bolívar y genera indignación en redes sociales. La cadena perpetua de la cual ha sido objeto la vida política de Gustavo Petro fue una pésima jugada de Alejandro Ordóñez, quien con una decisión notoriamente desproporcional le regaló de Navidad al alcalde de Bogotá, razones para retomar un discurso social que, a la luz de los recientes hechos, no está lejos de la realidad nacional y del poder intocable de la Procuraduría General de la Nación.
La incompetencia de Petro frente al manejo del sistema de recolección de basuras para nadie es un secreto, su decisión improvisada llevó a que la ciudad se inundara de basura por casi tres días y, finalmente, no se generaron reales cambios en la prestación del servicio. Pero una destitución e inhabilidad por 15 años es claramente descabellada ante sanciones como la de Samuel Moreno, que a pesar de haber dejado a la ciudad hecha un rompecabezas ni siquiera fue destituido, sino suspendido e inhabilitado por 12 meses por el procurador.
Estamos ante un órgano disciplinario que adecúa constantemente sus necesidades políticas a las sanciones y faltas del Código Disciplinario, que hace las veces de juez sin serlo, y que constitucionalmente tiene poderes que van en detrimento de cualquier democracia. Ordóñez, más allá de ser competente legalmente para hacer lo que le plazca con las faltas disciplinarias de los servidores públicos, tiene a la mayoría del Congreso comiendo de su mano y al Gobierno lo suficientemente domado como para no tomar partido.
Creer que hay una salida legal para que Petro no sea destituido e inhabilitado es seguir engañándonos; al parecer las facultades constitucionales del procurador están por encima del bien y del mal. Así lo afirmó la Corte Constitucional cuando falló a favor de la Procuraduría en el caso de Piedad Córdoba, estableciendo que los servidores públicos de elección popular también son objeto de las investigaciones y sanciones de la Procuraduría General. Es alarmante que este tipo de sanciones puedan ser dictadas por un órgano administrativo, que tiene evidentes intereses políticos en este tipo de decisiones.
No podemos seguir con una democracia a medias, estamos sometidos a la voluntad de algunos políticos cuyo poder es utilizado en contra de principios fundamentales de la soberanía popular. No es un discurso demagogo, la realidad del país demuestra que el Estado de Derecho se aplica a favor de unos y en contra de otros basándose en preferencias políticas.
Ordóñez, quien desde la Procuraduría ha montado su propio Vaticano, un día señala abiertamente a las parejas del mismo sexo, otro día cuestiona el aborto en los casos permitidos, y cuando quiere sin más ni menos retira de la política nacional a un “izquierdoso” que en su limitado mundo de conservadores ortodoxos no tiene cabida.
Petro está lejos de ser un buen alcalde, pero Ordóñez está aún más lejos de ser un procurador imparcial y justo, tal como se demostró con semejante sanción.
@tatidangond
