
El Gobierno colombiano intensificará esfuerzos para que puedan dar resultados rápidamente y concientizar a los ciudadanos del daño y pérdida que le ocasionan al país con la práctica de la piratería. Según Business Software Alliance y La International Data Corporation, el índice de piratería bajó al 55% en Colombia, por debajo del 56% del año anterior, lo cual refleja pérdidas económicas estimadas de US$ 244 millones.
El reciente informe de la Economist Intelligence Unit Limited 2011 destaca la importante labor que ha realizado la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) frente a la implementación de la ley 603 del 2000, así como importantes allanamientos por parte de las autoridades colombianas para capturar los bienes falsificados y medidas para reducir la alteración de medicamentos lo que lleva a procesos severos en contra de infractores de la Propiedad Intelectual.
Según el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) Colombia se encuentra en la lista de observación oficial de niveles más bajos por altos niveles de piratería, sin embargo, países de América Latina y el Caribe, como Argentina, Chile y Venezuela fueron incluidos en la lista de observaciones prioritarias.
El país libra una lucha en contra de la piratería y la defensa de la propiedad intelectual, la cual se fortalece cada vez más, gracias al papel que desempeñan las autoridades y los entes reguladores.
Debido a un gran número de personas que inciden en el delito de la piratería de objetos como libros, CD’s y Softwares, se estiman pérdidas por 127 millones de dólares en el último año, afectando a los creadores en su crecimiento personal, profesional y empresarial.
Según las investigaciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, las industrias protegidas por el Derecho de Autor representan 4 mil 800 millones de dólares, casi el 3.3% del PIB colombiano.
“Seguirá una batalla silenciosa evitando que se afecte el trabajo de compositores, escritores e inventores, sin conocer en realidad el daño que causa y la pérdida tan grande en recursos económicos que para nuestro país significa. Por otra parte, las personas que conocen sus consecuencias, estarán en el ojo de las autoridades y de las organizaciones colombianas que seguirán trabajando arduamente por acabar con este delito”, comentó Jimena Mora, abogada especialista de Microsoft.