Más cuestionamientos al contrato de asesoría del Plan de Desarrollo de Tolú
En el contrato de asesoría del PDM están inmersos recursos para el alquiler de un local, sillas y otro mobiliario en plena pandemia.
El contrato por 107 millones de pesos que la Alcaldía de Tolú firmó con Gestarpro SAS cuyos socios son Pavel David Charris Guerrero y Rogelio González Fuentes para asesorar la construcción del plan de desarrollo municipal sigue siendo objeto de reparos y ahora de denuncias por parte de ciudadanos.
La más reciente la instauró ante la Fiscalía General de la Nación el ciudadano Yhon Eduar Valenzuela Castrillo, quien le solicita al jefe del ente investigador-acusador que inicie el estudio de unas conductas presuntamente penales que se han cometido en torno a dicho contrato tales como concierto para delinquir, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el lleno de los requisitos legales y tráfico de influencias de servidor público y de particulares.
Relata en la denuncia que la forma, contratación directa a Gestarpro SAS, no es la idónea, debió ser a través de un concurso de méritos a una consultoría, además el contrato fue firmado el 24 de marzo cuando solo había transcurrido un día hábil de la invitación a participar que le hizo el Secretario de Planeación.
Adicional a ello Gestarpro se constituye en enero con un capital de un millón de pesos por cada socio, y como si fuera poco el contrato tiene elementos que advierten la realización de eventos de forma masiva cuando ya el DNP había informado que no se podían realizar de esta forma por cuenta de la pandemia de la COVID-19.
También anota que el socio Rogelio González Fuentes es pariente en primer grado de consanguinidad con Eparquio González Anaya que es propietario y representante legal de la IPS Tolusalud, ente que contrata con el municipio la atención del régimen subsidiado; además Eparquio se mostró abiertamente simpatizante de la campaña política del alcalde José Chadid Anachury, a quien dicho sea de paso, reza en la denuncia, ha representado como delegado en varios ministerios en los meses de diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020.
Y como si fuera poco Paven Charris tiene además un contrato de asesoría jurídica en la ESE Hospital Local. “Preocupante que Charris y González, el primero asesor de la ESE y el otro hijo del de la IPS que le compite con la primera que es pública, tengan incidencia en el plan de desarrollo con un millonario contrato”, anota el denunciante.
