Bogotá. El fiscal Eduardo Montealegre reportó la captura de cuatro personas que habrían participado en un desfalco de 2.217 millones de pesos al programa de atención a la primera infancia en el ICBF de La Guajira, que buscaba suministrarles refrigerios, charlas, un mercado mensual, desayuno y almuerzo a 27 mil niños menores de cinco años y madres gestantes y lactantes.

El jefe del ente penal informó que para tal objetivo se destinaron 141 mil millones de pesos, de los cuales se adjudicaron 77 mil millones en 106 contratos con 73 operadores. En uno de ellos se encontró que el operador Fundación ‘Un Mejor Vivir’, con el cual el ICBF celebró los contratos 375 y 383 de 2015, por 5 mil millones de pesos cada uno, habría creado 304 falsos cupos para beneficiarios que no existían.

Así mismo, se señala al operador de alterar y falsificar firmas que supuestamente respaldaban cuentas de cobros de refrigerios, transporte, logística y viáticos, arrojando una defraudación de 695 millones; así como de un sobrecosto en la compra de mercados, papelería y elementos de aseo, por 1.500 millones.

Los capturados

Los capturados fueron identificados como María Isbelda Hernández Roys, servidora del ICBF; Yiseth Fince Bravo, contadora de la fundación; Ramiro Lizarazo, encargado de la provisión de refrigerios y mercados y Róbinson Antonio Román Dávila, creador de una empresa fachada.

“Hernández Roys era la supervisora de los contratos en el ICBF, y sin embargo presuntamente no cumplió con su rol de vigilancia y ejecución de los mismos. Así mismo, Fince Bravo, en su calidad de contadora de la fundación, era la encargada de realizar los giros por concepto de viáticos y pagos de transporte, aparentemente autogirándose los dineros mediante cheque, sin que se dieran los pagos a los supuestos beneficiarios. Por otra parte, habría supuestamente falsificado comprobantes de pago de los viáticos mediante firmas fraudulentas y habría generado cuentas de cobro por encima del valor real”.

A su vez, “Ramiro Lizarazo, al parecer, vendía los refrigerios y mercados con un presunto sobrecosto elevado, casi del 50 por ciento, a la fundación, permitiendo así que esta adulterara las facturas para que reportara un valor aún mayor al ICBF, con el fin de apropiarse del excedente”.

Y, por último, “Román Dávila, entre tanto, supuestamente creó la empresa fachada en Santa Marta de suministros de papelería, los cuales eran vendidos a la fundación con aparentes sobrecostos. Al parecer, entregaba facturas correspondientes a la entrega de los pedidos pero que nunca fueron entregados físicamente”.

Los sindicados fueron trasladados a Bucaramanga para su judicialización por concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica y material en documento público y privado.

Por estos mismos hechos están pendientes por cumplirse otras tres órdenes de captura, informó finalmente el ente acusador.

Los otros 11 que cayeron

Informó además el fiscal que cayeron otras 11 personas, entre los que se encuentran dos funcionarios, por peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por hechos ocurridos en Albania, La Guajira, durante 2011, durante la alcaldía de Yan Kéller Hernández. Se hallaron irregularidades en convenios con la ESE Hospital San Rafael, por un valor de $18.600 millones, cuyo objetivo era reducir la mortalidad infantil, pero que fueron ejecutados parcialmente. Y los 10 coordinadores subcontrataron a 1.500 personas por $1.200 millones para dictar charlas y visitas, sin verificar el perfil y la idoneidad requerida, por lo que se contrataron albañiles, plomeros, mecánicos y técnicos en sistemas, entre otros, además con un trasfondo político y electoral.