Andrés tiene vagos recuerdos de lo que pasó en la tarde en la que una mina antipersonal explotó y lo dejó sin una de sus piernas. Tenía 18 años e iba caminando junto a varios amigos para tomar un baño en un riachuelo del municipio de Colosó, Sucre.
'Solo sé que algo explotó y quedé inconsciente. No supe más de mí hasta unas horas después cuando estaba en un hospital y sin una pierna', dice el hombre que hoy tiene 36 años y lidera procesos de desminado en su departamento natal.
La vida de esta víctima 'cambió del cielo a tierra' en el momento de los hechos: junio de 2014. Dice que aunque el conflicto en esa región era fuerte, al menos podían comer de los frutos que la tierra les podía proveer, pero después del suceso que lo dejó en condición de discapacidad le tocó salir desplazado de la zona con su familia.
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'Por supuesto que nos llenamos de temor. La zona en la que residíamos estaba plagada de actores armados. Ellos ejercían presión para que saliéramos de las tierras y creo que una de esas acciones fue llenar las zonas de minas. Finalmente lograron su objetivo. Con lo que nos pasó nos tocó salir de allí', señala Andrés.
Y es que ese municipio, al igual que Ovejas, Morroa, Chalán, Los Palmitos, Corozal, San Onofre, Sincelejo y Galeras, se convirtió en una de las zonas con minas antipersonas en el país. Es por ello que desde el año 2011 la Compañía de Desminado Humanitario N° 1 de la Brigada de Infantería de Marina llegó a esa región con el objetivo de descontaminar la zona y eliminar todo rastro que haya dejado el conflicto armado en esa región del Caribe colombiano.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, la campaña de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ‘Descontamina Colombia’, reporta que en lo corrido de 2022 se han registrado 6 víctimas por este flagelo y en todo el 2021 se reportaron 125 casos.
Unas acciones
El comandante del desminado humanitario en Sucre y Bolívar, teniente Juan Vásquez Cortés, en diálogo con EL HERALDO señaló que precisamente su labor es prevenir que se presenten más víctimas de este flagelo en la región Caribe.
'A lo largo de estos años la campaña ha recibido el apoyo técnico de la OEA, consistente en el monitoreo y control de calidad de las operaciones que se adelanten en Colombia. Ese apoyo también se extiende a lo económico para el mantenimiento de los equipos especializados y en las capacitaciones y entrenamientos', precisó el uniformado.
Hasta el momento, 25 suboficiales líderes en operaciones de desminado y 132 personas encargadas de las labores están desplegadas en la zona donde operamos. 'Ahora tenemos seis operaciones en Carmen de Bolívar y María La Baja'.
'La sensación siempre que se va a una área peligrosa sospechosa (campo minado) es de seguridad. Uno en todo momento tiene en cuenta que cualquier error durante el procedimiento puede poner en riesgo la vida y la integridad de los desminadores. Es un espacio de tiempo en donde simplemente se debe tener concentración y estar pendiente a todos los procedimientos de técnicas de peinado manual que se hacen durante la intervención', explicó el teniente Vásquez.
Los uniformados llegan a la zona cuando reciben la información de un campesino, autoridad o funcionario que da información de la presencia de una mina.
'Se despliega un personal técnico que realiza la investigación y los enlaces comunitarios pertinentes que nos llevan a evidenciar el artefacto. Una vez se hace ese procedimiento la zona se acordona y pasa a ser una área peligrosa confirmada'.
Una meta
A través de un comunicado, la Armada de Colombia ha declarado 14 municipios como libres de sospecha por contaminación de minas antipersonal en los Montes de María.
Es así como la institución, a través de sus unidades desplegadas en esa zona de la Costa Caribe, adelanta tareas de desminado en el Carmen de Bolívar y María la Baja, con el fin 'de entregar durante el año 2022 esos dos municipios libres de sospecha de minas'.
Ya el Batallón de Desminado e Ingenieros Anfibios ha logrado realizar el desminado en los municipios de Cartagena, Chalán, Colosó, Corozal, El Guamo, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, San Onofre, Santa Rosa de Lima, Sincelejo y Villanueva, 'siendo declarados como libre de sospecha por contaminación de minas antipersonal'.
'La institución sigue comprometida con el seguimiento permanente y atención del riesgo residual en estos municipios, realizando con la comunidad la sensibilización ante el riesgo de minas, mediante charlas informativas para que aprendan a identificar un artefacto explosivo y cómo informar a la tropas de Infantería de Marina', señaló la Armada.
*Nombre cambiado para resguardar a la víctima
Cifras de la Unidad de Víctimas
Según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), 6.347 personas se encuentran incluidas como víctimas únicas por accidentes con minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados.
Los departamentos en los que se ha concentrado más del 50 % de eventos por este hecho son: Antioquia (20,2 %), Meta (9,9 %), Nariño (9 %), Caquetá (7,7 %) y Norte de Santander (7,6 %).
Respecto a la caracterización de las víctimas únicas se evidenció que el 92,77 % son hombres, 7,18 % son mujeres y 0,05 % es población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas; mientras que el 7,3 % son indígenas y 6,2 % son afrocolombianos.
En cuanto al rango etario, el 81,8 % de las víctimas se encuentra entre 29 y 60 años de edad.
Acciones educativas impulsadas para detener estas acciones
Raquel Vergara, coordinadora de Pasos Seguros, una alianza entre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Fundación Barco, Discovery y Computadores para Educar, que busca avanzar en la educación en el riesgo de minas antipersonal (RMA), señaló a EL HERALDO que las acciones educativas con las comunidades 'son fundamentales' para evitar que haya más víctimas.
'La educación en el RMA busca promover comportamientos seguros para que las personas adopten prácticas que minimicen los riesgos. Las comunidades deben saber sobre el peligro que representan estos artefactos explosivos y puedan reconocerlos y saber dónde están ubicados', explicó Vergara.
La educación, según la coordinadora de la alianza, se realiza luego de hacer un trabajo donde se recopila información de las comunidades relacionada con el riesgo que puedan tener.
'Programamos un taller donde compartimos nueve lecciones sobre comportamientos seguros, que van desde conocer los artefactos explosivos hasta saber cómo comportarse en zonas de riesgos', precisó la funcionaria.
Señaló también que en muchos de los talleres y capacitaciones utilizan herramientas tecnológicas (como videos) para facilitar la difusión de la información.
