Ley del Montes | Un contrato bajo la lupa

El incumplimiento de lo pactado en el contrato por parte de la Unión Temporal Centros Poblados -que debía realizar la conexión de 750 escuelas rurales antes del 30 de abril, luego de haber recibido un anticipo de 70.000 millones de pesos- llevó a la ministra Abudinen a indagar a fondo sobre lo que estaba sucediendo con el contratista UTCP.

En su indagación, tanto la Ministra como algunos integrantes de su equipo encontraron hallazgos escandalosos, entre ellos la radicación de unas garantías falsas, así como el hecho de que la empresa contratista tiene en su contra procesos de detrimento patrimonial en la Contraloría e investigaciones disciplinarias en la Procuraduría. A ello se sumó el hecho de que dicha empresa no había realizado una sola conexión el 30 de abril pasado. En otras palabras: el contratista resultó una “verdadera joyita”.

Pero aún faltaban más protagonistas en la historia. En su afán por esclarecer lo sucedido y en su propósito de defender los recursos del Estado, la ministra Abudinen procedió a citar al garante del contrato, que supuestamente era el Banco Itaú. En la audiencia la ministra se topó con una sorpresa aún mayor: el banco no había expedido la garantía bancaria que el contratista -UTCP- cargó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) II. Es decir, se trataba de garantías falsas.

En otras palabras: el contratista UTCP no solo no había hecho una sola conexión al 30 de abril pasado, después de haber recibido un desembolso de 70.000 millones de pesos, sino que tampoco contaba con las garantías que exige la Ley.

Con suficientes y contundentes evidencias en sus manos, la Ministra procedió a ordenar la caducidad del contrato. De igual manera, denunció los hechos ante la Fiscalía y puso en conocimiento de los mismos tanto a la Contraloría como a la Procuraduría. ¿Qué pasó con el contrato que tiene a la ministra Karen Abudinen en el ojo del huracán? ¿Qué responsabilidad le cabe a la Ministra? ¿Qué debió hacer y qué hizo la Ministra?

Uno de los cuestionamientos a la ministra Abudinen tiene que ver con la supuesta no revisión de las garantías, que habría podido evitar el desembolso de los 70.000 millones de pesos de anticipo. De acuerdo con la Ministra, tanto las pólizas como las garantías si fueron revisadas cumpliendo con los procedimientos establecidos por la Ley. En efecto, la estructuración, análisis de riesgo y revisión de las garantías le correspondió a SesColombia S.A.S., entidad contratada por el Ministerio -no por la Ministra- desde el 2015. Dicha empresa fue la encargada de revisar y recomendar la aprobación de la garantía presentada por la UTCP. Ante esta situación la pregunta que surge es: ¿cómo es posible que una empresa con tanta experiencia no se haya dado cuenta de la falsedad de las garantías? O algo peor: ¿por qué no constató SesColombia S.A.S., que dichas garantías nunca fueron expedidas por el banco Itaú? Ante esta gravísima situación, la ministra Abudinen pidió que se indague por la actuación administrativa de SesColombia para establecer su responsabilidad en los hechos.

Esta es otra pregunta que con frecuencia debe responder la Ministra. Y sobre ella es necesario precisar que todos los proponentes -entre ellos la UTCP- debían cumplir con dos tipos de requisitos, que obedecen a principios de objetividad e imparcialidad. No es un asunto de gustos o de valoraciones subjetivas. Ocurre en todos los contratos del Estado. En este caso los requisitos que debían cumplir los proponentes eran: 1. Los llamados habilitantes, de tipo jurídicos, técnicos y financieros. 2. Los puntuables, que básicamente consistían en hacer la mejor propuesta en cuanto al número de centros conectados adicionales. Los criterio de selección fueron meramente técnicos y sujetos a valoraciones objetivas, no subjetivas. El contratista Unión Temporal Centros Poblados, conformado por la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Funtic), al parecer, cumplía con los requisitos exigidos y ello llevó a la adjudicación del contrato. Ahora que se ha desatado el escándalo y que están en riesgo tanto la ejecución del mismo como la recuperación de los 70.000 millones que recibió de anticipo, es que se ha venido a saber la cantidad de irregularidades e ilegalidades en las que habría incurrido. Son las autoridades -penales, administrativas y disciplinarias- las que deberán establecer las responsabilidades de quienes obraron de mala fe y tuvieron un comportamiento doloso, encaminado a engañar a los altos funcionarios del Ministerio de las TIC, entre ellos la ministra Abudinen. También tendrán que establecer las responsabilidades de quienes internamente debieron cumplir con las funciones de supervisión y vigilancia de dicho contrato.

En el organigrama del ministerio de las TIC existen oficinas y despachos con funciones específicas que tienen la obligación de evitar que hechos como el sucedido con la UTCP ocurran. Es el caso, por ejemplo, de la subdirección de riesgo contractual, cuyos funcionarios tendrán que explicar su actuación. ¿Por qué razón no verificaron la autenticidad de las garantías aportadas por la UTCP? ¿No es esa una de sus funciones? Hace bien la ministra Abudinen en tomar medidas sobre el comportamiento de algunos funcionarios de la cartera a su cargo, entre ellas la separación de varios de ellos de sus funciones. No se trata de violentar las garantías legales, relacionadas con el debido proceso y la presunción de inocencia, sino de tomar drásticas medidas que permitan aclarar todo lo sucedido, cuya gravedad no está en discusión. De igual manera el interventor del contrato deberá entregar explicaciones satisfactorias, como tendrá que hacerlo la ya mencionada SesColombia S.A.S., que también está siendo objeto de todo tipo de pesquisas por parte de las autoridades. De lo que se trata -en últimas- es de que hechos de tanta gravedad no se repitan y de que las actuaciones irregulares o abiertamente ilegales sean sancionadas con el rigor que la falta cometida amerita.

La actitud vigilante, el compromiso en la defensa de los recursos del Estado y la plena disposición de la ministra Abudinen para el esclarecimiento de los hechos merecen ser destacadas. El acoso mediático al que está siendo sometida desde esferas muy poderosas pretende desconocer que fue ella quien pidió la caducidad del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados. Ante la gravedad de sus hallazgos, ni siquiera consideró la posibilidad de permitir una cesión del mismo. Fue la ministra Abudinen quien realizó las primeras indagaciones para que la verdad de lo sucedido saliera a la luz pública. Su comportamiento ha sido diligente y su conducta intachable. Punto. La ministra Abudinen le ha puesto el pecho a la brisa y eso también debe ser reconocido, no solo por quienes conocemos su trayectoria, desde sus inicios en Barranquilla, siempre con excelentes resultados y absoluta transparencia, sino por quienes desde el Gobierno Nacional saben de sus calidades personales y profesionales. El primero de ellos es el propio presidente Iván Duque, que la conoce desde su paso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Presidente delegó en la Ministra la enorme responsabilidad de conectar a más del 70 por ciento del país y a eso está dedicada en cuerpo y alma. Los tejemanejes de quienes actúan por mezquindad comercial o se mueven por simples ambiciones burocráticas no pueden poner en entredicho su actuación en un episodio que para el bien del país debe ser esclarecido cuanto antes.