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Momento en que los cuerpos de la masacre cometida en San Marcos eran entregados en Medicina Legal.
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La ley del Montes | ¡Alerta roja...!

Volvieron las masacres, los atentados y los secuestros a la Región Caribe. ¿Qué hay detrás del deterioro de la seguridad y el orden público?

La Región Caribe ha sufrido en las últimas semanas una serie de hechos que muestran una muy preocupante alteración del orden público. Otra vez estamos hablando de masacres, atentados y secuestros en todos los departamentos, como ocurría en las décadas de los 80 y los 90. El panorama que se avizora es poco alentador. Las autoridades deben reaccionar con prontitud y eficacia ante la arremetida de las organizaciones criminales, que pretenden sembrar de nuevo el pánico, la zozobra y la incertidumbre.

El Gobierno nacional debe tomar medidas para restablecer la calma perdida y garantizar la vida de quienes hoy ven con asombro la ocurrencia de hechos violentos de todo tipo. La inseguridad en la Región Caribe se está incrementando de forma grave. Veamos algunos casos:

Desde la década de los 90 –cuando los grupos paramilitares actuaban impunemente en todo el departamento– no se tenía conocimiento de una masacre en Sucre. El asesinato de cinco personas en la subregión del San Jorge, jurisdicción de San Marcos, causó conmoción en la población. La matanza sigue sin esclarecerse y sus autores, tanto intelectuales como materiales, gozan de absoluta libertad. Las autoridades investigan las actividades de algunas de las víctimas, quienes fueron reconocidas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), como “reclamantes de tierras”.

En Riohacha, La Guajira, la lideresa wayuu Irama Móvil, fue víctima de un atentado en un barrio de la ciudad, en momentos en que visitaba a una de sus hermanas. La joven dirigente indígena sobrevivió al atentado, el segundo en menos de un año. En los hechos resultaron heridos dos menores. Irama es abanderada de diversas causas sociales, entre ellas la recuperación de los resguardos por parte de las autoridades indígenas.

Desde la Sierra Nevada de Santa Marta, una organización criminal que se hace llamar “Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”, en un video de 17 minutos enviaron un mensaje en el que anuncian que “responderán con fuego” las operaciones militares que se lleven a cabo en la zona. De acuerdo con las autoridades, el supuesto grupo de autodefensas está compuesto por miembros de la organización criminal Los Pachenca, quienes pretenden mostrar una fortaleza militar y política ante la ofensiva de las Fuerzas Militares.

En el Cesar fue secuestrado Efraín Londoño Londoño, un reconocido y apreciado ganadero y palmicultor de 82 años, quien fue sacado de su finca Santa Paula, ubicada en jurisdicción del municipio de San Martín. La Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), condenó el secuestro, al tiempo que reclamó mayor “seguridad”, para poder “trabajar en paz”. El secuestro del señor Londoño se suma al de Andrés José Herrera, plagiado hace más de tres meses en la misma zona, donde opera el frente Camilo Torres del ELN, según información del Ejército Nacional.

En Córdoba fueron asesinados dos agentes de la Policía en zona rural de Corozalito, jurisdicción de Puerto Libertador, sur del departamento. Sobre ese crimen tampoco se tiene mayor información. Solo existe la versión de las autoridades según la cual en la zona operan las bandas criminales de Los Caparros y el Clan del Golfo. Los uniformados, adscritos a la Dijín de la Policía, al parecer, realizaban labores de inteligencia en la zona, donde existen grandes extensiones de cultivos de hojas de coca. La zona es objeto de disputa entre organizaciones narcotraficantes. Al referirse al crimen, el expresidente Álvaro Uribe pidió el inicio de la aspersión aérea, al tiempo que denunció el asesinato de los uniformados. “Subintendente Milton Flores y patrullero Raúl Bustamante, asesinados en Puerto Libertador, Córdoba. Urge aspersión aérea”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter.

En capitales de la Región Caribe, como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, también se han incrementado los atracos callejeros y asaltos a residencias y establecimientos comerciales. A la incertidumbre generada por la pandemia del Covid-19 se suma ahora la grave alteración del orden público en campos y ciudades de la Región Caribe, situación que obliga a la pronta intervención de las autoridades para evitar que se agrave, ahora que se acerca la temporada de fin de año.

¿Qué está pasando con el orden público en la Región Caribe? ¿Qué hay detrás de los más recientes hechos de violencia?

El Cesar, de nuevo azotado por el secuestro

Si hay un departamento en Colombia que ha sufrido la inclemencia del abominable delito del secuestro es el Cesar. La lista de ganaderos, industriales y comerciantes secuestrados por décadas es interminable. Varios de los plagiados en los 80 y 90 jamás volvieron a sus hogares, porque sus captores los asesinaron. Durante muchos años tanto las Farc como el ELN se ensañaron contra connotados representantes del sector productivo del departamento.

Hoy la situación de orden público del Cesar se está agravando de nuevo por cuenta de las acciones de las organizaciones criminales, en especial del ELN, que ha incrementado sus actos de terror en el departamento. De hecho, este grupo guerrillero sería el responsable del secuestro del ganadero y palmicultor Efraín Londoño Londoño, ocurrido recientemente en jurisdicción del municipio de San Martín.

El secuestro de Londoño es el segundo que se presenta en el Cesar en las últimas semanas. En agosto pasado fue secuestrado el también ganadero Andrés José Herrera Orozco, quien se encontraba en su finca Floridablanca, ubicada en jurisdicción de Pailitas.

Este secuestro también habría sido cometido por el ELN. “Y si quieres hablamos de las extorsiones, que también volvieron”, me respondió un amigo ganadero del Cesar, con quien hablé sobre el deterioro del orden público en el departamento.

Ante la gravedad de los hechos se requiere la intervención inmediata de las autoridades para que asuman el control de la situación con el fin de evitar que el Cesar viva de nuevo la tragedia que padeció en los 80 y los 90, cuando los grupos criminales sembraron la desolación y la ruina en el departamento.

Masacre en Sucre, ¿qué hay detrás?

En décadas pasadas el departamento de Sucre fue escenario de múltiples masacres, realizadas por los grupos paramilitares, cuyos jefes acabaron con la vida de decenas de personas, muchos de ellas humildes campesinos.

La masacre de Chengue, jurisdicción del municipio de Ovejas, ocurrida en la madrugada del 17 de enero de 2001, dejó como saldo 27 personas asesinadas por orden del jefe paramilitar Rodrigo Pelufo, alias Cadena. En los hechos hubo, al parecer, complicidad de miembros de la Fuerza Pública y de la Policía, según testimonios de algunos sobrevivientes.

La masacre se habría ejecutado con la complacencia de oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública. Otras matanzas, como la de Pichilin o Macayepo, realizadas en los Montes de María, también dejaron decenas de viudas y huérfanos y causaron conmoción nacional. En el caso de la primera, ocurrida el 4 de diciembre de 1996, el Estado fue condenado y debió pagar 3.000 millones de pesos a los familiares de las víctimas.

Por todos estos antecedentes es que la masacre ocurrida recientemente en la subregión del San Jorge tiene conmocionado a Sucre. El asesinato a sangre fría de cinco personas, en jurisdicción de San Marcos, debe esclarecerse cuanto antes y los responsables de los hechos deben pagar por ellos. De igual manera debe establecerse la procedencia y la actividad de las víctimas, una de las cuales gozaba del beneficio de detención domiciliaria.

Sucre no puede volver a ser escenario de matanzas y es bueno que el Gobierno nacional escuche al gobernador Héctor Olimpo Espinosa, quien no solo condenó los hechos, sino que pide su esclarecimiento cuanto antes.

Magdalena, ¿qué tan poderosos son los Pachenca?

El comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, no duda en afirmar que detrás del video del supuesto grupo de autodefensa Conquistadores de la Sierra Nevada, en el que anuncian retaliaciones por las acciones contra sus integrantes, está la organización criminal conocida como Los Pachenca.

“El video es un montaje que hicieron para mostrar fuerza y sembrar el terror. Pero no lo vamos a permitir”, sostuvo el general Zapateiro, durante un consejo de seguridad realizado en Santa Marta, luego de que se conociera el video en el que ese grupo criminal anuncia que “responderá con fuego” las acciones de las autoridades en su contra.

Por cuenta de sus innumerables acciones criminales, el nombre de los Pachenca es temido en Santa Marta y la Sierra Nevada. Por ello la aparición de un video amenazante, que las autoridades atribuyen a sus jefes, produjo conmoción en el Magdalena.

Los Pachenca son una organización criminal dedicada al narcotráfico y la extorsión, entre otras actividades ilegales. Son herederos del ex jefe paramilitar Hernán Giraldo, preso en Estados Unidos, quien podría regresar al país en marzo del próximo año.

Para las autoridades, todo lo que viene ocurriendo –incluido el video– hace parte de una demostración de fuerza interna, con el fin de preparar las fichas para el regreso de Giraldo.

La Guajira, una lideresa wayuu en peligro

Irama Móvil es una joven dirigente wayuu, que se ha dedicado a defender los derechos de su comunidad ante organismos nacionales e internacionales. De hecho, aspiró a cargos directivos dentro de la organización indígena y ha tenido la vocería en varios eventos.

La recuperación de los resguardos indígenas y también de tierras que pertenecen a la comunidad ha sido una de sus banderas, desde hace algunos años. El año pasado Irama también fue víctima de otro ataque por parte de sicarios.

Las autoridades investigan los móviles del nuevo atentado. Las comunidades indígenas vienen siendo objeto de ataques y agresiones no solo en el caso de La Guajira, sino también en el Cauca, donde el senador Feliciano Valencia también fue blanco de un atentado.

 La vida de quienes asumen la vocería de las comunidades indígenas y la defensa de sus derechos debe ser garantizada por el Estado y debe ser prioridad del Gobierno nacional. En el cumplimiento de ese propósito no se puede escatimar ningún esfuerzo.

Los reiterados ataques tanto a Móvil como a Valencia indican que sus vidas corren peligro y que no se pueden soslayar las amenazas contra sus vidas.

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