La ley del Montes | Los 10 mandamientos del buen elector
¿Cuáles son los principios fundamentales que deben regir el comportamiento de los votantes en la jornada de este domingo?
I. No venderás tu voto
En una democracia el voto es sagrado. Es el arma más poderosa que tiene un ciudadano para expresar su respaldo o rechazo a propuestas y candidatos. Es un bien supremo en términos democráticos. Por desgracia todavía hay quienes no le dan el valor que se merece. Solo cuando se pierde el derecho a elegir y ser elegido es cuando nos damos cuenta del inmenso poder que tiene el voto en una democracia imperfecta como la nuestra, pero democracia al fin.
No es cierta esa frase que ha hecho carrera en las últimas semanas, según la cual Colombia no es una democracia. En las dictaduras no se puede votar, porque no hay libertad para hacerlo. Por eso hoy cuando llegue a la mesa electoral vote a conciencia. Un voto no se compra solo con dinero. Se compra también con mentiras. Se compra haciendo promesas irrealizables. Un voto también se compra cuando un candidato ofrece lo que sabe que no puede cumplir.
En Barranquilla denuncian la venta del voto a 100.000 pesos. ¿Vale la pena vender la suerte del país por ese dinero? ¿Tiene sentido jugar con el futuro de las nuevas generaciones por esa plata? Tendremos que hacer mucha pedagogía para que todos entendamos el verdadero valor que tiene el voto en un sistema democrático.
En Colombia terminó por imponerse la máxima según la cual para ganar elecciones todo vale. Eso incluye valerse de la injuria y la calumnia. Quienes utilizan estas armas ilegítimas saben muy bien que su comportamiento ilegal y antidemocrático no recibirá castigo, pues –una vez elegidos valiéndose de injurias y calumnias– tendrán el poder para salir impunes de su actuar criminal.
A los medios de comunicación también nos cabe una enorme responsabilidad al abrirles páginas y micrófonos a candidatos que hacen de la calumnia y de la injuria un modo efectivo para ganar elecciones.
Candidatos que denuncian presuntos delitos de sus adversarios sin tener una sola prueba, asistidos por “calanchines” que posan de juristas, quienes se encargan de anunciar pruebas que nunca aparecen. Y no aparecen porque su único propósito es causar daño y no combatir delitos. Esos candidatos y sus abogados alcahuetas y cómplices viven de injuriar y calumniar, sabiendo que no recibirán castigo por su conducta criminal.
Uno de los grandes y graves pecados de un congresista es la pereza. Un congresista flojo es un lastre demasiado costoso para un país que requiere con urgencia de senadores y representantes que saquen adelante iniciativas que contribuyan al beneficio general y también que hagan control político.
El sostenimiento de un congresista flojo sale de nuestros bolsillos. Su salario, sus desplazamientos y su esquema de seguridad los pagamos con nuestros impuestos. Un congresista vago nos sale demasiado costoso.
Al Congreso se va a trabajar no a farandulear o matar el tiempo. Un congresista no se elige por simpático o buena gente. Se elige porque se compromete a sacar adelante iniciativas y proyectos que redundarán en beneficio de toda la sociedad, porque se compromete a hacer control político al gobierno de turno y porque garantiza un comportamiento acorde a su investidura
¿Cuántos de los votantes de hoy saben cómo se comportaron los congresistas a los que eligieron hace cuatro años? ¿Cuántos saben que iniciativas presentaron? ¿Cuántos debates de control político realizaron? ¿Saben si asistieron a comisiones y plenarias? Delegar en congresistas la responsabilidad de legislar a nombre de sus votantes implica hacerle un seguimiento constante a su comportamiento.
El ejercicio democrático de elegir un congresista va mucho más allá de depositar un voto en las urnas el domingo de elecciones. Es necesario ejercer una veeduría constante sobre el comportamiento del congresista al que respaldamos con nuestro voto. Y dicho congresista tiene la obligación de rendir cuentas a sus electores de su actuación. El vínculo que se establece entre electores y elegidos es sagrado en términos democráticos. El rompimiento de dicho vínculo se produce, entre otras razones, por el no cumplimiento de las promesas ofrecidas durante la campaña electoral.
Hay electores que solo ven la pelusa en los ojos de sus rivales, pero no la viga que tiene en sus ojos su candidato. Cobran con creces cualquier error de sus adversarios –aún el más insignificante– pero están dispuestos a ignorar los que comete su candidato –aún los más graves– porque consideran que cuestionarlo es tanto como traicionarlo. Grave error. Mantener silencio ante irregularidades o delitos cometidos por sus candidatos es un delito. Es un acto de complicidad. El buen elector debe tener el valor civil de denunciar a su candidato en caso de que incurra en algún delito. Pretender justificar su comportamiento solo contribuye a fomentar conductas delictivas.
Un buen elector jamás será cómplice de su congresista elegido. Quien la hace la paga. Quien delinque tendrá que pagar por ello. Votar por un congresista no hace cómplices a sus votantes de los delitos que cometa en el ejercicio de sus funciones, pero no denunciarlo teniendo conocimiento de dichos delitos si lo convierte en cómplice de los mismos.
Hay congresistas pantalleros que intervienen más en los medios de comunicación que en comisiones y plenarias. Mientras aparecen cada cinco minutos en programas de radio y televisión, en sus curules brillan por su ausencia. Son expertos en “hablar carreta” y en no hacer nada. Es más lo que dicen que lo que hacen. Les pagamos millones de pesos para farandulear. Llevan varios años en el Congreso y no han presentado un solo proyecto de ley, ni han realizado un solo debate de control político. Solo asisten a comisiones y plenarias para responder el llamado a lista. Ni sus propios colegas les conocen la voz. Un congresista que no tramite un proyecto de ley y no haga un debate de control político es un mediocre, que no merece el sueldo que le pagamos los colombianos. Esos congresistas no merecen volver al Congreso, aunque los veamos todos los días en los medios de comunicación sacando pecho por las denuncias que hacen sus colegas o algunos medios de comunicación. Esos corruptos –¡qué lo son!– no deberían recibir ningún respaldo en las urnas.
Por increíble que parezca, el principio fundamental de todo sistema democrático según el cual el interés general prima sobre el interés particular, es ignorado por un buen número de congresistas. Ellos legislan en causa propia. Ellos anteponen sus intereses y los de sus amigos y patrocinadores, a los de la comunidad, que son los que deben primar. En ese comportamiento mezquino y perverso radica buena parte del desprestigio que tiene el Congreso de la República.
Ojalá quienes hoy salgan elegidos por primera vez al Senado o Cámara de Representantes no aprendan esas mañas a quienes llevan varios años legislando en causa propia. Una democracia se fortalece cuando se cumple con este principio fundamental. Legislar para favorecer intereses particulares podría significar atentar contra los derechos de la inmensa mayoría de los colombianos. Es obligación de los congresistas expresar públicamente su “conflicto de interés”, cuando una ley podría beneficiarlo a él o su familia.
Al Congreso no se llega a pasar cuentas de cobro. Ni mucho menos a fomentar reyertas con los adversarios políticos. No es el escenario para promover odios y resentimientos. Las leyes no se tramitan, ni se aprueban, a partir de la venganza. “Cuando llegue al Congreso lo primero que haré será meter preso a Uribe”, ofreció un aspirante al Senado hace cuatro años, como si la suerte del ex presidente dependiera de un congresista y no de la Justicia.
Ese tipo de expresiones -que se han vuelto a escuchar en esta campaña- no solo muestran un escandalosa ignorancia, sino un enorme odio y un gran resentimiento. No se legisla con odio, ni se puede gobernar con odio. Legislar y gobernar con odios es llevar al país a la confrontación eterna y al conflicto perpetuo. No es eso lo que quiere la inmensa mayoría de los colombianos.
Esta campaña se ha caracterizado por el uso vulgar y agresivo del lenguaje, expresado fundamentalmente en vallas publicitarias y en redes sociales. La presunción de inocencia y el buen nombre de los adversarios han sido pisoteados sin pudor. El “todo vale” terminó por imponerse.
En una democracia el voto es sagrado. Pero también es autónomo e independiente. Quienes se encuentran en una posición de poder –o ejercen un grado de influencia sobre sus subordinados– deben saber que una cosa es ilustrar sobre los efectos que podría tener el hecho de elegir a X o Y candidato y otra muy distinta es pretender coartar la libertad de los votantes para que lo hagan de forma autónoma e independiente.
Votar es un ejercicio racional, aunque esté precedido de múltiples emociones. Es mucho más valioso en términos democráticos llevar a cabo una serie de jornadas pedagógicas acerca de la defensa de la democracia –por ejemplo– que valerse de “argumentos de poder” para tratar de “persuadir” a potenciales votantes. Los “argumentos de poder” serán siempre el peor recurso a la hora de convencer a quienes piensan distinto. El costo que se paga a la hora de elegir a los congresistas y gobernantes equivocados es demasiado alto. Y de eso deben tener conciencia todos los votantes. Reparar ese daño causado nos puede llevar décadas.
La regla de oro de toda democracia electoral es muy sencilla: Reglas claras con resultados inciertos. Así de simple. Nadie puede garantizar el triunfo de un candidato, por más que aparezca como favorito en las encuestas. En una democracia los resultados electorales son siempre inciertos. Solo el día de la votación y después del conteo y el escrutinio de los votos se sabe el nombre de los ganadores. Nunca antes. Las encuestas no eligen ni congresistas ni presidentes. Punto. Por esa misma razón no es sano aclimatar la figura de un presunto fraude en tiempos electorales. Es jugar con candela. El que uno de los candidatos presidenciales diga que no está dispuesto a reconocer el triunfo de sus adversarios es muy peligroso y amerita un llamado de atención de las autoridades electorales. Es decir, ese candidato solo reconocerá los resultados electorales si el ganador es él. ¿Qué pasa si pierde? ¿Ordena el levantamiento popular con todo lo que ello implica en pérdidas de vidas humanas y daños materiales? ¿Esa es la intención que hay detrás de tamaña afirmación irresponsable y peligrosa? ¿Ese es el talante democrático de quien así se expresa? En una democracia con reglas claras los resultados serán siempre inciertos. Acatarlos al final de la jornada es una expresión de madurez política.
