¿Cuánto le cuesta al país las elecciones de este año?
El desarrollo de los comicios requiere contratar bienes y servicios que van desde soluciones tecnológicas hasta kits electorales.
Determinar el costo real de los procesos electorales que se realizan este año en el país no es tarea fácil pues son muchos los factores que se deben tener en cuenta antes de dar una cifra exacta.
Sin embargo, se parte de la base de que la Registraduría Nacional del Estado Civil disponía de cerca de $1,2 billones para las elecciones de Congreso de la República, consultas partidistas y Presidencia de la República de 2022, al igual que los consejos de juventud realizadas el año pasado.
En un informe sobre la caracterización de la contratación de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE), se establece que cada votante que hace parte del censo electoral cuesta $29.543. Se calcula entonces que las elecciones costarán más de $1,14 billones. Si se compara esta cifra con el costo de los comicios de 2018, que fue de unos $759 mil millones, se observa un incremento de un 41 %.
El docente e investigador de la Universidad del Norte Ángel Tuirán explica que el presupuesto electoral debe ser invertido en aspectos tales como la contratación de personal, material electoral, capacitación de jurados de mesa, entre otros aspectos.
Es así como la Registraduría debe contratar la compra de bienes y servicios tales como soluciones tecnológicas para el procesamiento de datos; cargue, selección y designación de jurados de votación, inscripción de ciudadanos (conformación del censo electoral), escrutinios, testigos electorales, kits electorales, entre otros.
De cara a los comicios de este año la Registraduría realizó un contrato con la multinacional Indra por $27 mil millones para diseñar el software de escrutinio de votos para las elecciones presidenciales y del Congreso de la República, cuya propiedad y operación será exclusiva de la Organización Electoral.
“Es un software que desde el punto de vista de diseño y de arquitectura técnica está dentro de los estándares más novedosos y seguros a nivel mundial, garantizando la auditoría y seguridad del proceso electoral”, indica la compañía.
Otro contrato realizado el año pasado fue el de una solución integral logística, tecnológica, informática por $1,24 billones, para ejecutar la mayoría de componentes de las elecciones a Congreso y Presidencia de la República.
El contrato fue adjudicado a la unión temporal Disproel, de la que hacen parte 11 empresas, que de acuerdo con el informe de la MOE, “son las que mayoritariamente por años se han ganado los contratos de la logística electoral”.
La MOE llama la atención sobre el hecho de que en los últimos años el mayor componente del proceso electoral ha estado en manos de empresas privadas y no se han fortalecido las capacidades de la Registraduría.
En cuanto a la posibilidad de que se implemente la digitalización de las votaciones en Colombia, el profesor Tuirán explica que esto significaría un costo adicional, dado que implica una inversión de entre USD2.000 y USD5.000 por máquina electrónica, con su respectivo software. Estas deberían ser instaladas en aproximadamente 100 mil mesas de votación en todo el país. “En ese sentido, las elecciones en papel siguen siendo más baratas”, señala.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el encargado de establecer los límites a los montos de gastos de las campañas electorales y el tope máximo que cada partido o movimiento puede invertir en ellas.
El politólogo y profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, Andrés Dávila, indica que en la realidad siempre en las campañas electorales, incluso en las más reguladas, hay costos ocultos. “Incluso hay apoyos ocultos y recursos que no se sabe quien los entregó o cómo los entregaron”.
Explica que en Colombia se ha intentado legislar al respecto y regular este tema, pero siempre hay un imponderable para establecer con certeza las cifras que se invierten en las campañas.
En este sentido, la Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas y Transparencia por Colombia informaron que a corte del 10 de marzo, de las 2.433 candidaturas obligadas a rendir cuentas, solamente el 43 % había registrado ingresos, mientras que el 41 % reportó gastos de campaña, no obstante el reporte de los gastos e ingresos a través de la plataforma Cuentas Claras es una obligación.
