¿El propio Estado les vendería cocaína a los colombianos?
La Comisión I del Senado le dio un sorpresivo apoyo de 15 votos a 5 a este proyecto de la oposición. EL HERALDO buscó reacciones.
Tras dos días de largo debate, la Comisión Primera del Senado, para sorpresa de los mismos autores, le dio el sí esta semana, con 15 votos a 5, a un proyecto que plantea la regulación de la hoja de coca y que propone, por ejemplo, que el propio Estado les compre la producción de hoja de coca a los campesinos cultivadores, la transforme y les venda la dosis personal de cocaína a los consumidores no adictos y también a los adictos previa inclusión en un tratamiento médico público.
El senador Iván Marulanda, de la Alianza Verde, uno de los autores de la iniciativa junto con el senador Feliciano Valencia, del MAIS, le explicó a EL HERALDO cuál sería la idea.
“El Estado compra a precio del mercado la totalidad de la hoja de coca que producen los campesinos colombianos, el mercado pasa a ser monopolio del Estado, y el Estado la distribuye en diferentes usos, pasa a ser proveedor de alimentos, de tortas, harinas, bebidas, cosméticos y productos medicinales, entre otros”, indicó.
Frente a la cocaína, el parlamentario advierte: “Produciría el Estado cocaína para los consumidores colombianos exclusivamente, que son 260 mil personas según el Ministerio de Salud y el DANE”.
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Exámenes médicos
Así las cosas, las personas que quieran comprarle cocaína al Estado (se les vendería a cada persona un gramo semanal), serán sometidas a un examen médico, según precisa Marulanda, teniendo en cuenta, primero, que sean mayores de edad y, segundo, que sean personas con condiciones psíquicas y físicas “que les permitan ser aptos para usar la cocaína. Y en caso de que las personas sean consumidores problemáticos o adictos, entonces el sistema de salud le atiende su problema”.
Además, la cocaína que les vendería el Estado a las personas que no tengan problemas de adicción “sería una cocaína de primera calidad que no tenga las contaminaciones que tiene hoy y que ocasiona daños a la salud”.
Derecho a consumir. “Cualquier persona en Colombia que quiera consumir cocaína tiene derecho a consumirla”, pone de presente el autor.
Esto, agrega, porque la Corte Constitucional hace 20 años, con la ponencia de Carlos Gaviria, “determinó que la decisión personal de consumir sustancias psicoactivas es respetable en la Constitución, así como lo es la decisión de fumar, tomar alcohol y consumir azúcar o grasas, a pesar de que pueden hacer daño”.
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Contra los narcos
Advirtió Marulanda que otra de las ideas centrales del articulado es “quitarles la materia prima a las organizaciones de narcotráfico, con la que producen el 90% de la cocaína que se vende en el mundo, y se le quitaría también el mercado interno a las redes de microtráfico que están regadas por todo el país vendiéndoles a los niños, en los parques, en las esquinas”.
En el mundo
Asevera el congresista que espera que la plenaria del Senado también le dé el visto a su iniciativa, pese a lo polémica, porque “el mundo está cambiando y EE. UU. está legalizando la marihuana en más de 14 estados y la cocaína en el estado de Oregon; lo propio con todas las sustancias en Portugal, la despenalización de los consumos ocurrió en Italia”.
Y concluye que “el dinero que recoja eso sería marginal seguramente, pero comprar la hoja de coca costaría $2,3 billones anuales, a diferencia de la erradicación que cuesta $4 billones y de la fumigación que cuesta $8 billones”.
“Eso no se puede hacer”. La senadora Esperanza Andrade, del Partido Conservador, le dijo a EL HERALDO que este es un proyecto que “vulnera tratados internacionales suscritos por Colombia. No se puede comercializar la hoja de coca o sus derivados psicoactivos, en atención a lo establecido por la Convención Única de 1961 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la cual fue adoptada por Colombia”.
La parlamentaria, quien se opuso en la célula legislativa al articulado, agrega que su aprobación “traería graves efectos nocivos, relacionados con la salud pública y que alteran de manera notoria la salud mental de la población. No puedo aceptar que ahora el Estado le venda cocaína a los que tienen problemas de adicción”.
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Fines terapéuticos
Pone de presente la legisladora conservadora que ya está reglamentado el uso de la hoja de coca y sus derivados con fines terapéuticos en el país, “siempre y cuando se produzcan y se distribuyan dentro de los territorios indígenas”.
“Aumentaría el consumo”. Andrade cree que de pasar esta iniciativa “le traería repercusiones negativas al país” y además “lo que haría es incentivar el consumo local: Colombia no solo sería el principal productor de coca, sino también el principal consumidor”.
Aunque considera que este proyecto “no tiene futuro en la plenaria''. En la Comisión Primera los miembros de la oposición tienen mayoría, pero en plenaria no creo que tengan la misma suerte”.
El proyecto que regula la hoja de coca y sus derivados en el país, según se lee en sus motivaciones, “reconocerá el estrecho vínculo tradicional y ancestral entre la planta de coca y la cultura indígena en sus múltiples dimensiones (medicinal, estética, agroindustrial, alimenticia, espiritual o ritual, entre otras), siendo éste una expresión del derecho a la identidad cultural y a la autonomía reconocidos por la Constitución”.
Por ello la iniciativa respetará el cultivo, uso y consumo de la planta por parte de las comunidades indígenas en el marco de su autogobierno, así como protegerá los derechos derivados de este conocimiento tradicional, y respaldará las iniciativas de economía propia basadas en la comercialización de la hoja de coca y su transformación no psicoactiva.
De hecho, advierte el articulado que debido a la afectación de la que fueron víctimas las comunidades afrodescendientes en el marco de la guerra contra las drogas, “éstas recibirán un tratamiento preferencial en la política de regulación de la hoja de coca y sus derivados”.
Finalmente, establece la necesidad de la consulta previa en el caso de que “los aspectos de esta regulación y sus desarrollos sean susceptibles de afectar o comprometer intereses propios de los pueblos y comunidades étnicas” y siempre se reconocerán los derechos a la autodeterminación, autogobierno y participación.
El coordinador del Centro de Seguridad y Democracia de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, César Niño, señaló en diálogo con EL HERALDO que la discusión sobre la compra, la transformación y la distribución de la hoja de coca "es una oportunidad interesante para ‘desecuritizar’ algunas visiones tradicionales que hay en el país sobre este tema. Es importante poner en la discusión si efectivamente la hoja de coca, como hoja de coca, representa un problema para la seguridad del país y para el narcotráfico".
El analista, Ph.D. en Cuestiones Actuales del Derecho Internacional de la Universidad Alfonso X El Sabio de España, plantea que “aquí podríamos presentar nuevas oportunidades de mercado, incluso de relacionamiento con otros espacios no tradicionales de la agenda pública colombiana, en términos hasta medicinales y científicos”.
De hecho, considera que este asunto “podría poner a Colombia en el centro de gravedad de una discusión de escala global sobre la hoja de coca desde una perspectiva de salud pública y no de seguridad”.
Acerca del seguramente difícil debate que le corresponderá a este proyecto de la regulación de la hoja de coca en la plenaria del Senado del Congreso de la República, comenta el experto que “habrá que ver, porque tenemos un país demasiado polarizado todavía en ese tema y seguramente tendrá que asumir la responsabilidad de que prospere o se hunda esta iniciativa”.
El consultor internacional en seguridad y defensa, coronel (r) John Marulanda, planteó a EL HERALDO que "este es un proyecto que de abordarse en Colombia solamente está destinado al fracaso, porque para lograr que este proyecto esté en el camino correcto debe hacerse un acuerdo multinacional, ya que el 80% de la ganancia del negocio de las drogas se queda en Estados Unidos y Europa. Ya allá no hay problemas. Allá la gente esnifa cocaína colombiana sin ningún problema. De hecho, en Europa tuvimos en esta pandemia el pico histórico más alto de consumo de cocaína. Entonces, que Colombia sola se meta en eso no va a ser fácil y a mi modo de ver se le va a venir más de medio mundo encima".
En relación con el paso a la legalización que significaría la iniciativa, el magíster en estudios políticos comenta que "desde el punto de vista pragmático, la historia nos ha demostrado que la legalización en su momento del opio, del tabaco, del alcohol, reduce los índices de violencia, porque se regulariza la ganancia. La ilicitud es la que lleva a todo esto. Entonces al regularizarse, las ganancias pueden ser muy buenas para el Estado que pone impuestos y para los cultivadores y los que se encarguen de la industria, pero en realidad eso no es tan fácil con la cocaína, porque hasta ahora se está haciendo con la marihuana y dar el salto con la cocaína es abrir la puerta a las drogas de diseño, como la metanfetamina, que son otra cosa más compleja".
Y agrega el catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana y licenciado en filosofía e historia que "los pasos a la legalización de las drogas ya se han dado de alguna manera con temas como la dosis personal, con el derecho al libre desarrollo de la personalidad y con esa legalización que hay del porte. Eso ya es un primer paso. Pero hay que ver los casos de Uruguay, de Paraguay, hay que ver el caso de Holanda, donde la legalización de las drogas por cuenta del gobierno no condujo a buenos resultados".
