Este martes el ministro del Interior Armando Benedetti anunció un giro sorpresivo sobre la consulta popular 1.0, que fue hundida por la plenaria del Senado el pasado 14 de mayo. Aseguró que si antes del 1 de junio el Senado no vota por la consulta el Gobierno nacional la decretará.
Leer más: Lista de apellidos de colombianos que pueden solicitar nacionalidad española por ser descendientes
Desde ya algunos sectores califican la noticia como una ‘jugadita’ para salvar ese mecanismo de participación ciudadana, y como un tipo de violación a la Constitución de 1991.
Así lo señaló este martes el expresidente y director del Partido Liberal, Cesar Gaviria, quien además indicó que se pretende desconocer la decisión de los congresistas.
“El señor Ministro del Interior, según varios medios de comunicación ha hecho un anuncio que constituye una abierta violación de la Constitución del 91. Pretenden desconocer la decisión que se tomó por el Senado de negar la convocatoria de una consulta popular”, añadió Gaviria.
Asimismo, el expresidente indicó que el alegato del Gobierno sobre un vicio de procedimiento en la votación de la consulta, ya hundida por el Senado, constituye “un paso inequívoco hacia el rompimiento del Estado de Derecho”.
Ver también: Empresa busca contratar a una persona para cuidar de un gato: pagan 320.000 pesos por hora
“El Ejecutivo no es el juez del Congreso. El señor Ministro no puede arrogarse la facultad de declarar inválida o inexistente una decisión del Senado de la República. El concepto desfavorable del Senado, emitido de conformidad con la Constitución y las leyes vigentes, se presume plenamente válido mientras la alta corte competente no diga lo contrario”, se lee en el comunicado.
Finalmente el expresidente Gaviria lanzó una advertencia a los funcionarios del Ejecutivo que pretendan “suplantar de hecho a los jueces constitucionales declarando viciado el concepto emitido por el Senado”.
Le sugerimos: Bancolombia anunció que uno de sus servicios tendrá un cierre definitivo este viernes 30 de mayo
Sobre ello, aseguró que estarían “cometiendo el delito de usurpación de funciones públicas, entre otros. Convocar la consulta por decreto sería incurrir en el delito de prevaricato, además del desconocimiento del principio de separación de poderes”, enfatizó a través de un comunicado.
