La frase del presidente Iván Duque en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Pondores, Fonseca, La Guajira, resume el compromiso del jefe del Estado con la negociación que hizo el expresidente Juan Manuel Santos con las Farc: 'A los que genuinamente están en la reincorporación y le están cumpliendo a Colombia, les digo que vamos a ayudar a que ese proyecto sea exitoso'.
La visita del presidente a La Guajira sirvió para reafirmar la voluntad del Gobierno con un acuerdo de paz cuya suerte definitiva sigue siendo una incertidumbre, y que alejó del conflicto armado a miles de combatientes de las antiguas Farc, quienes hoy están a la espera de que se defina su suerte, tanto política como económica.
En Pondores, por ejemplo, hay cerca de 300 excombatientes desarrollando diversos proyectos productivos, quienes –pese a las dificultades– aún creen firmemente en las bondades de la negociación. De igual manera, hay miles de ellos en otras regiones del país, también a la espera de que su reinserción a la vida civil se dé lo más pronto posible y sin mayores traumatismos.
Aunque varios de ellos han abandonado los llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación –algunos seducidos por ofertas de grupos guerrilleros, como el ELN– lo cierto es que la mayoría de los excombatientes sigue firmes en su voluntad de paz.
Es con todos ellos con quienes hay que hacer una generosa reconciliación nacional. Que quienes no tienen el compromiso ni la convicción íntima de la reincorporación a la sociedad, como sucede con varios ex jefes de las Farc, entiendan que desertar de los acuerdos firmados significa tener que enfrentar de nuevo al Estado, con todo lo que ello significa.
La difícil situación que atraviesa la negociación que hiciera Santos con las Farc tiene que ver con la premura y la ligereza con que fueron abordados asuntos trascendentales en La Habana. Cuando ellos fueron ventilados por algunos analistas, de inmediato sus voces las silenciaron los amigos de la negociación y el propio presidente Santos, quienes no dudaron en graduar a los críticos de los diálogos como 'enemigos de la paz'. Los foros académicos y gremiales fueron abiertos para escuchar las voces de los amigos incondicionales de La Habana. Los 'enemigos de la paz' fueron sometidos a vetos soterrados o abiertos, que impidieron un diálogo franco sobre lo que se estaba negociando. Hoy estamos pagando las consecuencias de esa premura.
Uno de esos asuntos fundamentales que sale a relucir es el que tiene que ver con la financiación del posconflicto, que no es otra cosa que ofrecerles a los excombatientes mejores condiciones de vida de las que tenían en el monte, cuando eran integrantes de las Farc. La única manera de alejar a la llamada 'guerrillerada' para siempre de las armas, es brindándoles condiciones dignas para su reincorporación a la sociedad.
La paz con las Farc cuesta plata, como costó muchísimo dinero enfrentarlas durante más de 50 años. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, en tiempos de Santos, financiar el posconflicto cuesta unos $130 billones durante los próximos 15 años. Ese dinero se invertirá en obras de infraestructura, viviendas, puestos de salud y desarrollo de proyectos productivos, como los que llevan a cabo los excombatientes en Pondores, La Guajira.
El 36 por ciento de los recursos que se requieren para sacar adelante las obras contempladas saldrá del presupuesto de la Nación, que no solo está desbalanceado, sino que tampoco tiene de dónde extraer recursos, pues la olla quedó más que raspada. En total son cerca de 200 municipios que se beneficiarán de manera directa con las inversiones que se hagan en los próximos años.
La intervención del Estado en estas poblaciones debe hacerse de forma urgente porque, como lo han denunciado distintos organismos internacionales, entre ellos la ONU, dichos espacios corren el riesgo de ser copados por organizaciones armadas ilegales, como las bacrim y los grupos disidentes de las Farc, como de hecho viene sucediendo en varios de ellos. Para la ONU, este es uno de los mayores riesgos que tiene en la actualidad la negociación con las Farc.
De manera que lo peor que puede pasar es que la negociación con las Farc quede al garete, puesto que ello significaría el retorno a la clandestinidad de miles de excombatientes, quienes no tendrían salida distinta a la de volver a empuñar las armas. En estos momentos lo que se requiere es pisar el acelerador a fondo para permitirles a quienes siguen convencidos de las bondades de la paz su reinserción a la sociedad lo más pronto posible. Pero –sobre todo– para combatir de manera implacable y contundente a quienes decidieron retomar la senda de la vía armada.
Enfrentar a quienes abandonaron los compromisos firmados en La Habana no significa 'volver trizas' los acuerdos, como aseguran algunos congresistas de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), sino ejercer por parte del Estado el legítimo derecho de combatir a quienes actúen por fuera de la legalidad. Ello es así de simple y así de contundente. ¿Qué está pasando y para dónde van los acuerdos firmados en La Habana?
