Si la hoja de vida, o cualquier actuación de su trayectoria profesional, generasen alguna duda sobre su idoneidad para desempeñar el cargo de Fiscal General de la Nación, Luis Eduardo Montealegre Lynett tiene a su haber un argumento de suma contundencia: el libro de su autoría, El proceso penal, es consulta obligada en facultades de derecho, en todo el país.

Traemos esto a colación, que no por anecdótico debe ser subvalorado, porque sustenta sus calidades en un área que definitivamente no ha sido el fuerte de los fiscales, como es el conocimiento del derecho penal.

No hace falta ser un agudo analista para comprender claramente las razones por las cuales dicho cargo debe estar en manos de un experto en esta compleja y fascinante rama del derecho que “regula la potestad punitiva del Estado, asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, con el objetivo de asegurar valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana pacífica”.

En esta última definición, del destacado jurista chileno Enrique Cury Urzúa, se aloja la razón principal por la cual la Fiscalía General de la Nación, en su calidad de ente acusatorio, no es un despacho judicial más, sino que se constituye en el gran motor de la justicia, y por ende en imprescindible vehículo directo en la ruta hacia la paz.

Bien sabemos que desde que el ente fue creado, tras la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, entrando a funcionar en agosto de 1992, es muy alto el precio que ha tenido que pagar Colombia en el proceso de adaptación. Ha habido buenos y malos fiscales, algunos de ellos bajo clara sospecha de haber protegido intereses de maleantes o de haber llegado al cargo con claras misiones políticas, pero lo cierto es que ninguno de ellos ha logrado llevar a la entidad a los niveles de eficiencia que demanda la realidad nacional.
De Montealegre se dice que era la “carta marcada” en una terna de uno. Su proximidad con el Gobierno es innegable.

Nacido en Ibagué hace 55 años, se graduó con especialización de la Universidad Externado de Colombia y luego cursó su postgrado en España. Fue parte de la comisión redactora del Código de Procedimiento Penal, y luego se desempeñó como juez de la República.

En 1997 fue llevado a la Viceprocuraduría General de la Nación, de la mano de Jaime Bernal Cuéllar, su profesor en el Externado y coautor del libro antes mencionado.

Posteriormente, a comienzos de la década pasada, llegó a la Corte Constitucional, donde se destacó por sus acérrimas defensas de los derechos fundamentales y de la figura de la tutela, resultando luego instrumental en el derrumbe del referendo, con visos de plebiscito, que pretendió sacar adelante el presidente Álvaro Uribe Vélez.

Entre los cuestionamientos que se le formularon, desde que se anunció la terna, ninguno fue óbice para que la Corte Suprema de Justicia lo escogiera ayer en un tiempo sorprendentemente corto. Se dice que es muy allegado al tristemente célebre presidente de la EPS SaludCoop Carlos Palacino, de quien además fue abogado.
Ni esto último, ni los legítimos contratos con el Gobierno, lo descalifican para el reto que ahora se le plantea.

Venía adoleciendo la Fiscalía de un líder que desde su posición asumiera con conocimiento y diligencia las acusaciones a indiciados y acusados que están cobijados por la figura de un fuero especial. En los juicios a estos aforados, el Fiscal adquiere una importancia especial, como quiera que su gestión acusatoria es indelegable, y por ende dotada de unas competencia que solo son posibles en quienes poseen una auténtica experiencia en el campo penal.

Los avances de su antecesora, en un cargo que para ella terminó siendo inviable como consecuencia de su vínculo familiar con el cuestionado Carlos Alonso Lucio, deberán ser asumidos implacablemente, y al mismo tiempo con un amplio sentido de la justicia, por Montealegre. Casos como los de las ‘chuzadas’ del DAS, Agro Ingreso Seguro, el carrusel de la contratación, e incluso uno que genera gran expectativa popular, como es el del asesinato del estudiante Luis Andrés Colmenares, son verdaderos retos para el hombre que asume ahora una entidad con 20 mil empleados y un presupuesto de 1,6 billones de pesos.

El doctor Montealege tiene desde luego la estatura profesional para el reto. Pero para ello –esperamos– deberá desplegar una firmeza de carácter que disipe cualquier prejuicio y, por el contrario, esté acorde con todo lo que esperamos de él.