El invierno vuelve a arremeter este año sin compasión alguna en las diferentes regiones de Colombia. Hasta el momento no ha tocado de manera significativa a la Región Caribe. El interior ha sido más golpeado en Arauca, Casanare, Risaralda, Boyacá, los dos Santanderes y Cundinamarca.

Hasta hoy el saldo en víctimas de la tragedia invernal es de 36 personas fallecidas. Además, han sido destruidas 134 viviendas, 13.678 han resultado averiadas, y se han deteriorado 233 vías, 37 acueductos, 46 centros educativos y 5 de salud.

El presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley de Gestión del Riesgo para prevenir y responder ante lo que él mismo ha denominado el karma de su gobierno, que han sido las dos temporadas de invierno que ya pasaron, y la tercera que ahora estamos viviendo, las cuales han cobrado la vida de más de 700 colombianos, y han dejado 5 millones de damnificados y medio país incomunicado. El daño de la violencia de la Naturaleza es solo comparable al que ha causado la violencia de los grupos armados ilegales.

Mediante esta Ley se conforma el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, que orientará y aprobará las políticas frente a las emergencias, y tendrá la última palabra sobre el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y la Estrategia Nacional de Respuesta a los Desastres.

En el presente año, el Gobierno ha invertido 10.300 millones de pesos para mitigar los efectos de las fuertes lluvias, y ha proyectado construir unas 72.000 viviendas en los departamentos más afectados, las cuales prometió entregar en 18 meses.

Los gobernadores y alcaldes de nuestra Región tienen que asumir el liderazgo y fortalecer sus alianzas con el Gobierno Central para hacer todo lo que sea posible en función del objetivo de contrarrestar los efectos catastróficos de las lluvias.

Llegó la primera ola invernal que van a enfrentar nuestros dirigentes departamentales y municipales. Constituye una crucial prueba y obliga a la institucionalidad local a demostrar su capacidad para afrontar los embates naturales derivados de los desajustes climáticos. Los gobiernos territoriales no pueden mostrar insensibilidad, indiferencia e indolencia en el manejo de los recursos que está asignando el Gobierno Nacional. Y también es indispensable que este haga hincapié en la agilización de los trámites burocráticos y que le exija más celeridad y controles a Colombia Humanitaria.

En el Atlántico, aunque se reconoce que el Departamento no está blindado de los excesos de las lluvias y de los desbordamientos, hay la sensación de que este año nos estamos preparando mejor para enfrentar el reto invernal. El gobernador José Antonio Segebre ha anunciado que se apersonará de la situación de riesgo y que estará atento a todos los requerimientos que surjan de una eventual emergencia.

De lo que se trata en la Región es de que se adopten todas las precauciones, que protejamos los puestos de salud, los sitios de resguardo, que afinemos los mecanismos de evacuación, que fortalezcamos las viviendas y la infraestructura vial, de tal modo que cuando arrecien las lluvias podamos disminuir sus estragos. Esta tarea, de la mano de las comunidades, tienen que liderarla con firmeza los gobiernos locales.