Un nuevo capítulo se dio la semana pasada dentro de la candente polémica desatada entre la Gobernación del Magdalena y el Ministerio de Transportes por la licitación para la construcción de la vía que va de Palermo a Guáimaro, bautizada por el presidente Santos como la Vía de la Prosperidad.
Este megaproyecto es el de mayor impacto del departamento del Magdalena en la última década. La obra, que se iba a adjudicar hoy, tiene un costo de un poco más de $460.000 millones ($260.900 millones aportados por la Nación y $200.000 millones, por el Departamento, provenientes del Sistema General de Regalías) y consiste en la construcción de una calzada bidireccional de 52,6 kilómetros que unirá a los municipios de Palermo-Sitionuevo-Remolino-Guáimaro.
Como es de público conocimiento, la pasada semana, el Instituto Nacional de Vías comunicó a la Gobernación del Magdalena la revocatoria directa y la declaración de desierta de la licitación de la Vía de la Prosperidad que dicha administración departamental había abierto en julio pasado. Con esta decisión, la Gobernación del Magdalena se queda sin los recursos para la adjudicación y suscripción del futuro contrato, pues de seguir adelante transgrediría el artículo 71 del Decreto Ley 111 de 1996, según el cual no se puede adquirir obligación alguna sin disponibilidad presupuestal previa.
Es de recordar que ya la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, se había pronunciado en el sentido de que se le pusiera la lupa a este proceso y que el Gobierno central no desembolsaría los recursos que le corresponde si no se encontraba objetividad y transparencia en el proceso y si el gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, no hacía claridad a ciertas inconformidades detectadas, viéndose la posibilidad de que dicha licitación se la llevaran para Bogotá.
Entre dichas inconformidades reveladas por el Instituto Nacional de Vías se encuentra el que apenas tres firmas presentaran propuestas en una licitación en la que por su magnitud, en la experiencia de esa entidad, suelen presentarse de entre 10 a 120 postulantes. A lo anterior se le agrega el hecho de que estas 3 firmas impongan unas condiciones dentro del pliego, las cuales no son comunes de aceptar por el Invías en este tipo de proyectos.
Igualmente se encontraron vicios en dicha licitación adelantada por la Gobernación del Magdalena tales como fallas en la publicación en la web contratante y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop; la eliminación de la penalización por inasistencia a la visita de obra, entre otras. De igual manera, la ministra mostró comunicaciones de algunas veedurías ciudadanas del Magdalena mostrando su descontento ante la forma en que se llevó a cabo el proceso.
No obstante, varios alcaldes del Magdalena se han pronunciado tildando de centralista la decisión del Gobierno nacional de declarar desierta la licitación porque la ven como una maniobra para llevarse y administrar la obra desde Bogotá, retrasando el proceso que se llevaba y vulnerando la autonomía del Departamento sobre el manejo eficiente de los recursos. En consecuencia, pese a todos los esfuerzos del gobernador Cotes por reafirmar la transparencia de esta licitación, todo indica que el Gobierno nacional centralizadamente asumirá un nuevo proceso, con la intención de darle la oportunidad a que haya una cantidad superior de propuestas.
Sería importante que la cartera que dirige la ministra Alvarez-Correa, cienaguera de nacimiento, en igualdad de condiciones y garantías técnicas y económicas, apoye a proponentes que conocen y han trabajado en la región de tal manera que se ejecute prontamente este proyecto que indudablemente redundará en la mejora de las condiciones sociales y económicas del pueblo magdalenense habitante de esa zona.
