Con base en sus competencias y funciones constitucionales y legales, la oficina del Área Metropolitana, que gerencia Ricardo Restrepo Roca, está a la espera de reasumir la responsabilidad que le corresponde como autoridad única de transporte metropolitano en la modalidad del transporte público de taxis, una vez quede en firme el acuerdo metropolitano que concede esas facultades, y que hasta ahora cuenta con la firma de la alcaldesa de Barranquilla Elsa Noguera de la Espriella; el alcalde de Galapa, José Vargas Palacio, y del alcalde de Malambo, Víctor Escorcia Rodríguez.
Están evaluando jurídicamente el documento, y solo después lo suscribirían, el alcalde de Soledad, Franco Castellanos Niebles, y el alcalde de Puerto Colombia, Carlos Altahona Arraut.
Una de las razones, quizá la primordial, que justifica que haya una autoridad única de transporte en el área metropolitana es que basta ya de la proliferación abusiva y sin control de taxis por toda la geografía metropolitana con la aquiescencia cómplice de los gobiernos locales. Ha llegado la hora de ponernos serios en esa materia. De amarrarnos los pantalones institucionales.
Uno de los componentes fundamentales de este proyectado acuerdo metropolitano está en su artículo 3 y parágrafo: “Artículo tercero: Establézcase un periodo de transición no mayor de ciento ochenta (180) días para que realice (el Área Metropolitana), con los diferentes actores municipales, las adecuaciones necesarias para el desarrollo de estas funciones y competencias. Parágrafo: Durante todo este periodo no se podrán otorgar permisos, aumentar capacidades transportadoras o habilitar empresas de transporte público terrestre automotor individual, matricular nuevos vehículos tipo taxi por incremento en sus respectivos municipios; solo podrán hacerlo por reposición dentro del término que indica la Resolución 12379 de 2012, expedida por el Ministerio de Transporte, hasta tanto no se realice (el censo del parque automotor) y se haga un estudio de necesidad para todo el territorio metropolitano que determine, sugiera y establezca la real necesidad en este servicio público en condiciones de competitividad, movilidad, seguridad y sostenibilidad”.
¡Más claro no canta el susodicho acuerdo metropolitano! Tiene que haber un censo de taxis que determine cuántos hay rodando en Barranquilla y sus municipios vecinos, y cuántos en realidad se necesitan. Porque esto, de un momento a otro, se nos salió de las manos. Por eso, es importante que firmen los alcaldes de Soledad y Puerto Colombia. Castellanos esgrime, como reticencia válida, que ya no contaría con unos 600 millones de pesos que le genera el tránsito local, pero el gerente del Área Metropolitana lo ha tranquilizado, proponiendo un Fondo Común dentro del cual Soledad tendría una participación que respetaría sus ingresos actuales.
En el caso de Puerto Colombia, la percepción es que Altahona Arraut aún no ha superado el malestar por la imprudente planilla que estableció el secretario de Movilidad de Barranquilla, Walid Jalil. Pero el asunto queda subsanado con este parágrafo del acuerdo metropolitano: “Una vez reasumidas las competencias, consagradas en el artículo primero del presente acuerdo, las autoridades en materia de tránsito y transporte de los municipios que hacen parte del área metropolitana de Barranquilla, de común acuerdo, permitirán el ingreso de esta modalidad de servicio (taxis) sin la exigencia de la planilla de viaje ocasional”.
Insistimos, por tanto, en que los alcaldes de Soledad y Puerto Colombia no se demoren en firmar. Necesitamos que haya una autoridad única de transporte metropolitano para contener la mancha amarilla de los taxis, que nos ha invadido. Ya está bueno. Todos los alcaldes del área metropolitana tienen que mostrar voluntad política para frenar esto.
