A propósito de las voces de protesta surgidas en los gremios de la ingeniería nacional por la llegada masiva de compañías extranjeras provenientes en su mayoría de Brasil, Italia, España, Chile, México, Ecuador, Portugal, Francia y China, un caso emblemático que atrae –por estar localizado el proyecto en la Región Caribe– es el de la planta de 164 megavatios en Puerto Libertador, Córdoba, a cargo del consorcio chino CUC-DTC que debió entrar en operación el primero de diciembre de 2012.
Hay que recordar que la Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe, Gecelca S.A. ESP, en el marco de los cambios introducidos en el esquema de contratación para el sector eléctrico, adquirió la obligación de construir una central térmica a carbón a fin de avanzar en la generación de energía disponible, pues la demanda nacional está hoy, aproximadamente, en los 10.000 megavatios, y el país se ha propuesto incrementar la capacidad instalada hasta llegar, en el 2018, a 18 mil megavatios.
En su momento, lo primero que llamó la atención en la convocatoria de Gecelca es que estableció un requisito de 1.000 días para la construcción de la planta, lo que cuestionaron firmas internacionales de reconocida idoneidad como la Siemens, Alston y ABB, que, ante la insistencia de la entidad contratante, se retiraron del proceso, quedando solo la oferta china, que finalmente fue la ganadora del contrato por 236 millones de dólares.
A la fecha, el consorcio chino lleva un incumplimiento de 233 días, por los múltiples problemas que ha tenido en la fabricación de equipos, obras civiles, montaje de equipos, incumplimiento de protocolos, normas técnicas, falta de ingeniería de detalle, huelga de trabajadores, y hasta el subcontratista de obras civiles, la firma Conalvías, se retiró del proyecto.
Pero ahí no para la cosa. Por todas las razones enumeradas y por el malestar de varios congresistas y de la comunidad, Gecelca, con fecha 16 de mayo de este año, impuso una multa de 75 mil dólares diarios al consorcio chino, mediante oficio dirigido al señor Li Yanfei, gerente de proyecto del consorcio CUC-DTC, y que firma el señor Ronald Howard Munévar, vicepresidente de generación de Gecelca.
Para los mismos días, el 21 de mayo de 2013, la contralora general de la República, Sandra Morelli Rico, envió un oficio al ministro de Minas y Energía, Federico Rengifo Vélez, en el que le advierte de varios proyectos energéticos, entre ellos el mencionado, que “han tenido inconvenientes para el cumplimiento de los cronogramas de construcción de la planta”. A consecuencia de ello, señala, se corre el riesgo de un detrimento patrimonial con implicaciones fiscales.
Pero lo más grave no es lo anterior, que de suyo es muy grave. Lo que resulta increíble e inaceptable es que, a sabiendas de esta situación, Gecelca esté adelantando un proceso de convocatoria para otra central térmica a carbón, de 250 megavatios, con los mismos requisitos de tiempo del contrato sin terminar, y que, de nuevo, el consorcio chino CUC-DTC esté participando, con evidentes posibilidades de volver a ganar.
La pregunta obvia es: ¿cómo es que un consorcio que no ha cumplido y que ha sido multado tendría la opción de ganar un nuevo contrato con una oferta de 368 millones de dólares? Todo esto no es fácil de entender, es un verdadero cuento chino de alto voltaje.
