Cuando parecía que empezaba a navegar por aguas tranquilas –tras los ruidosos episodios en los que ha estado involucrada la señora Silvia Gette Ponce–, la Universidad Autónoma del Caribe volvió otra vez ayer a la cartelera de las noticias escandalosas con la inesperada decisión de la Sala General de la institución de destituir al rector Ramsés Vargas Lamadrid, quien había sido designado para el cargo por el Consejo Directivo el pasado 20 de mayo.
Desde entonces, Vargas Lamadrid se había consagrado a la paciente y difícil tarea de enviar mensajes positivos que le permitieran a la Uniautónoma recuperar la confianza ante la comunidad universitaria y la opinión pública. Vargas Lamadrid, el jueves 11, en La Cueva, había sido objeto de un reconocimiento y en el acto trazó la hoja de ruta de la Uniautónoma para los próximos años, de modo que nada hacía presagiar la tormenta que se desató ayer. Al aparente clima de estabilidad de la institución habían contribuido buenas noticias como el campeonato de su equipo de fútbol en la B y los arreglos convencionales con sus dos sindicatos.
Lo de ayer, por tanto, fue como un retorno abrupto a los días de la captura de la señora Gette Ponce por su presunta vinculación en un soborno a Don Antonio por parte del abogado de esta, Arcadio Martínez, para, según la versión del exjefe de las AUC, conseguir que cambiara su declaración respecto a las sindicaciones que formulara a la exrectora en relación con su probable autoría intelectual en el crimen del ganadero Fernando Cepeda, esposo de la hija del fundador de la Uniautónoma, Mario Ceballos Araújo.
Causó alarma ayer que Vargas Lamadrid, al referirse a la decisión de destituirlo, dijera que había amenazas de muerte contra él y su familia y que los pasquines en su contra se fabricaban en la oscuridad de las cárceles. Vargas Lamadrid dijo también que una auditoría que había contratado le había permitido destapar una serie de ‘ollas podridas’ y que por eso le montaron la conspiración.
Vargas Lamadrid sostiene, en respuesta a la Sala General que aseguró en un comunicado que fue designado rector encargado para un periodo breve, que a él lo nombró en propiedad el Consejo Directivo y que solo este podría removerlo.
La Uniautónoma es, por supuesto, una corporación privada, pero presta un servicio público como la educación y está sujeta a una serie de regulaciones estatales, y es, por encima de todo, un patrimonio de Barranquilla y la Región Caribe. Por eso, su situación y su futuro le conciernen a la opinión pública.
Fundada por personas egregias de la Costa, esta universidad, donde se han formado magníficos profesionales en distintas especialidades, entre ellas comunicación social y periodismo, de la que han salido centenares de hombres y mujeres que han nutrido los medios de comunicación, la publicidad, las relaciones públicas y la comunicación organizacional, saltó en los últimos años a las páginas de crónica roja por unos acontecimientos de sangre, absolutamente lamentables para su buena y bien lograda imagen, construida con el trabajo y el ejemplo serio y perseverante de sus fundadores.
La Uniautónoma es una institución de 14.000 estudiantes y una alternativa para las clases medias de la ciudad y la Región, que han acudido a ella en busca de una educación de calidad. Sería desafortunado que esta Alma Máter se desplomara en medio de sus pugnacidades internas por el poder, y que hubiese sectores que le jugaran a la estrategia de ‘Sansón y los filisteos’ ante la inminencia de perder el control institucional.
Dentro de las atribuciones que legalmente le competan, debe el Gobierno Nacional garantizar que la Uniautónoma preserve su funcionamiento para su principal activo, que son los estudiantes. Allí se educan miles de jóvenes y no deben ponerse en riesgo sus sueños y esperanzas de tener un buen futuro profesional.
