La ciudad vive días muy angustiosos por cuenta de la extorsión, un delito cuya principal característica es vulnerar la libertad de las personas para acceder a su propiedad o patrimonio. Pero en Barranquilla los extorsionistas han ido más allá: para lograr sus perversos fines económicos han llegado al extremo infame del asesinato de personas inocentes.
Ayer hubo una reunión de la Alcaldesa y el Gobernador con los concejales y los diputados para examinar la delicada situación surgida. La ciudad tiene que unirse y rodear a las autoridades. A los grupos criminales hay que hacerles sentir que hay una sólida alianza de las instituciones con la ciudadanía.
Los coletazos de la extorsión han provocado la renuncia, según el representante de Uniapuestas, de 200 vendedoras de chance, muchas de las cuales son madres cabeza de hogar. Terrible esto para sus vulnerables familias. Y las valientes que han decidido seguir laborando –por necesidad y pese a todos los riesgos– solo lo harán ahora hasta las 7 de la noche. Tendrán ciertas protecciones de la Policía y contarán con botones de pánico, pero el riesgo sigue siendo considerable.
Creemos que la posición de la alcaldesa Elsa Noguera frente al Inpec fue firme y clara. Le dijo la mandataria al Director nacional del organismo penitenciario, general Gustavo Ricaurte Tapia, quien pidió a la Gobernación y a la Alcaldía 2500 millones de pesos para equipos bloqueadores de celulares, que esos dineros no habría necesidad de gastarlos si el Inpec cumpliera su función. El general Ricaurte hizo bien al comandar personalmente el operativo de requisa y decomiso en las penitenciarías Modelo y de El Bosque, pero puso en evidencia la ineficacia del Inpec cuando solicitó plata para bloquear los celulares. ¿Entonces para que está el Inpec? ¿Cómo es posible que en sus propias narices ingresen los teléfonos móviles a los penales?
Esta otra frase del Director del Inpec causó también particular sorpresa: “Vamos a romper el mito de que las cárceles de Colombia sean nichos o sitios donde se presume que se enquista el delito”. Se entiende la molestia de la Alcaldesa y su imploración de que el Inpec se decida a controlar la corrupción dentro de las cárceles, que no es nueva y tiene visos de estructural porque en los penales de este país pasa cualquier cosa con la anuencia, la complicidad, el visto bueno o la pasividad del Inpec: el ingreso de celulares, de computadores, de aires acondicionados, de televisores, de armas y de dinero para los presos con privilegios, mientras el grueso de la población carcelaria padece los efectos del hacinamiento y las incomodidades. Y, en algunos casos, hasta violaciones. De ahí que las cárceles sean todo, menos lugares de resocialización.
El Director del Inpec no debería pensar que los barranquilleros tenemos un déficit de razonamiento y que no sabemos eso. Más bien debe demostrarnos, tratándose de un general de la República, capacidad de mando y carácter para darle un nuevo funcionamiento a los 142 establecimientos carcelarios del país.
El momento que atraviesa Barranquilla en materia de seguridad quizá no tenga antecedentes. Por eso, nuestro llamado es a rodear a las autoridades. Esta pesadilla de la extorsión la superaremos si hay una estrecha concurrencia entre la institucionalidad pública y la comunidad. Entre todos derrotaremos el crimen organizado que quiere convertir a Barranquilla en la capital sangrienta de la extorsión. ¡No lo conseguirán!
