Todo parece indicar que el programa bandera del Gobierno Nacional relacionado con la restitución de tierras se está enfrentando a un nuevo obstáculo al conocerse la intimidación de que están siendo objeto algunas familias campesinas que reclaman los predios de una finca de más de 1.000 hectáreas, presumiblemente de propiedad de los desaparecidos hermanos Carlos y Vicente Castaño, y que actualmente están en poder de testaferros.
La última denuncia la hizo en días pasados el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, y su equipo de restitución de tierras, quienes llamaron la atención nuevamente de las autoridades por las amenazas de que están siendo objeto las víctimas del despojo para que se abstengan de formular las reclamaciones o instaurar las respectivas demandas ante los jueces agrarios.
Ha trascendido en las últimas semanas que, además de las amenazas, dichos reclamantes están siendo víctimas de intentos de sobornos por parte de integrantes del llamado “Ejército Anti-restitución”, los cuales les proponen desistir de sus peticiones mediante la firma de algunos documentos.
El país entero siempre ha tenido conciencia de lo dificultoso y lleno de espinas que es este proceso de reparación de las víctimas y de restitución de las tierras, que en la última década fueron tomadas ilegalmente y a la fuerza por grupos armados al margen de la Ley. Desde que se inició el proceso de Justicia y Paz han sido asesinados en el país más de 55 líderes de restitución de tierras, y el número de amenazados es aún mayor. Los departamentos más afectados por estos grupos son Cesar, Sucre y Córdoba.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA ha reclamado en diversas ocasiones que se tomen medidas “articuladas y coordinadas” para prevenir este tipo de crímenes. Es por eso que el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, ha sido reiterativo en solicitarles a los líderes campesinos, sociales y demás que estén amenazados que acepten las medidas de seguridad que el Estado les ofrece a través de la Dirección de la Unidad de Protección de su cartera.
Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos el pasado fin de semana expresó públicamente en Medellín que si quienes sobornan ofrecen 2 millones de pesos a los reclamantes a cambio de que desistieran de sus peticiones, su gobierno les ofrece a ellos 2 millones y medio de pesos por cada denuncia con nombre completo de aquellos que los están amenazando.
El gobierno del presidente Santos se ha colocado como meta durante su mandato restituir a sus verdaderos dueños unos 3,5 millones de hectáreas a nivel nacional.
Pero, se hace absolutamente indispensable para una positiva aplicación de este programa de restitución de tierras que el Estado fortalezca aún más los mecanismos de seguridad y protección, en especial de los líderes de las víctimas que reclaman sus arrebatadas propiedades.
Pero también se requiere que los amenazados acepten esa protección, pues el ministro Vargas Lleras ha asegurado que muchos de esos líderes intimidados desisten de la seguridad que el Gobierno les ofrece.
Este nuevo obstáculo que se está presentando definitivamente hace reflexionar a los colombianos en que para que se haga justicia y se llegue a la paz duradera dentro de esta restitución y reparación integral de las víctimas se requiere que se estreche aún más esa alianza entre los sistemas de seguridad y protección del gobierno y las personas que fueron obligadas, dentro del sangriento conflicto armado, al abandono forzado y el despojo de sus tierras y que fervientemente anhelan recuperar la posesión de sus bienes y de su pasado.
