Deberíamos andar enfocados en lo del Carnaval, que desde hoy hasta el martes las cosas son en serio. Pero siempre algo ‘agua’ la fiesta. Esta vez fue que alguien tramitó licencia y van a construir altos edificios de vivienda, y hasta un centro comercial en los predios que significan la extensión de la Plaza de la Paz hasta la manzana donde se ubica el Banco de la República.

La idea de una gran plaza se debe a monseñor Víctor Tamayo. En 1982, el gobernador Abel Francisco Carbonell se entusiasmó de veras pero, cosa propia de las lides burocráticas, pasó el tiempo sin que se concretara el proyecto, hasta que su sucesor, Fuad Char, ante la proximidad de la visita de Su Santidad Juan Pablo II, se puso pilas, logró que el Gobierno Nacional apoyara con los billetes y, como entonces no existía la Ley 388 que facilita la expropiación administrativa, a los propietarios de los inmuebles a demoler los convenció para que los entregaran de una, avalando personalmente el pago de su valor. O sea, les pagaba el Estado o, en el peor de los casos, les pagaba él de su bolsillo. Claro, firmaron lo que la Ley denomina ‘Entrega Anticipada’. Rápidamente se procedió a la demolición y ejecución de los trabajos para habilitar un adecuado y digno espacio público donde el Papa se dirigiera a los barranquilleros. La cosa fue un éxito, la Plaza se consolidó y, tal como ya se ha narrado, Municipio y Departamento unidos por tan loable propósito, en 1986 impulsaron el Acuerdo que declaraba al sector como de Utilidad Pública. Se recibió la noticia con alborozo, y quedó en la mente ciudadana la imagen de una Plaza de la Paz desde la 47 hasta la 53.

Ahora unos inversionistas cachacos, apoyados por gestionadores locales, nos sorprenden sacando del cubilete un proyecto de vivienda que derrumba la imagen que de esa gran plaza idealizamos. Son, dicen, edificios de quince pisos, suponemos que estrato tres, fijo calificado como dos, siempre pasa, no se sabe cómo lo hacen, pero logran bajar el estrato real como gancho: los compradores pagarán menos en servicios públicos. Sííí, es cierto que se vencieron los términos de ley, y hasta más años sin que nadie hiciera nada. Concedido. Ello lo único que demuestra es que los gobernantes de los años 80 fueron mejores que sus sucesores. Pero ahora andamos en otro viaje: el viaje de una nueva y remozada ciudad. Esa agresión urbana, Alcaldía y Gobernación deben impedirla. Hace poco Verano resolvió adelantar una inversión y otorgar una concesión. Se le dijo que lo primero era la inversión, no en obra, sino en los predios que tocaba adquirir y demoler para extenderla hasta la 47, recuperando la preponderancia de lo conceptual sobre el cemento. Pero Verano no estaba en nada conceptual ni de extensión, sino en lo del contrato y la concesión.

Sorprendentemente le han salido “amigos” al proyecto perturbador. Algunos sostienen que no se puede espantar a los inversionistas, cuando bien se sabe que el inversionista inmobiliario, si quiere penetrar, lo hace aquí, allá o acuyá, y tiene vistos proyectos en varios sectores. Ellos no se van. No patinarán, no harán lo de Nicolás. “Nicolás, ya comiste ya te vas”. Por el contrario, hasta pudieran regalar los predios, o compensarlos como alguna carga urbana. Otros dicen que ni modo, que lo actuado en 1986 perdió vigencia. Por supuesto que los Actos Administrativos pierden vigencia. Pero, ¡ojo! ,el interés general y el beneficio de la ciudad nunca, nunca, pueden perder vigencia.

Por Roberto Zabaraín
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