Mientras los gremios de Barranquilla informaban que el Gobierno Nacional se había comprometido a analizar el manifiesto presentado por ellos, en reciente reunión en Bogotá, sobre el polémico cargue y descargue en fondeo, la Dian publicó en su web, la noche del miércoles, una nueva versión del Estatuto Aduanero.
En este documento se define la operación en zona de fondeo, cambiando el término de aligeramiento de carga que se usaba inicialmente.
Se establece que esta operación tiene como objeto “el ingreso de mercancía de procedencia extranjera por parte de un transportador internacional al territorio aduanero nacional, quien a su vez la entrega en las zonas de fondeo a un transportador fluvial, el que responderá por el transporte de la mercancía desde dicho punto hasta un muelle fluvial; así mismo la salida de mercancías de procedencia nacional desde un muelle fluvial donde se inicia el proceso de desaduanamiento de exportación, a cargo de un transportador fluvial que entregará la carga a un transportador internacional en un punto de fondeo para su posterior salida fuera del territorio aduanero nacional”.
De acuerdo con un comunicado de prensa de la Dian, el documento publicado en la web corresponde a la Regulación Aduanera que está siendo revisada en los ministerios de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo.
Según los trámites, una vez el proyecto cuente con las aprobaciones de los ministerios mencionados y el de Transporte, al igual que la Dian, pasará a sanción presidencial.
¿Y los compromisos? Mientras esto sucedía en la Dian, en un comunicado Asoportuaria y el Comité Intergremial del Atlántico informaron que en la reunión de Bogotá hubo varios compromisos y uno de ellos establecía que el Estatuto Aduanero solo regularía el control de mercancías, aranceles y tarifas para las operaciones de fondeo.
El Gobierno, a través de la alta consejera presidencial Catalina Crane, también se había comprometido con los dirigentes locales, entre quienes estaba Beatriz Vélez, presidenta del Comité Intergremial del Atlántico, a continuar desarrollando el proceso de construcción de la regulación del cargue y descargue en zonas de fondeo, a partir de los ejes legales, ambientales, operativos, financieros, económicos y de competitividad.
Estos aspectos fueron planteados por las mesas de trabajo realizadas en Barranquilla y recogidos en el manifiesto entregado y sustentado ante el Gobierno, proceso en el que se contó con el respaldo de la Alcaldía de Barranquilla.
Otro de los compromisos de la Nación era emitir un concepto general sobre el documento presentado por los gremios teniendo en cuenta los ejes temáticos señalados y que incluyera todas las zonas portuarias del país, con énfasis en los aspectos legales del modelo propuesto.
Se acordó, adicionalmente, conformar una mesa de trabajo para analizar el tema y plantear recomendaciones.
En lo referente a las operaciones marítimas, la Dimar, quedó con la responsabilidad de revisar todos los componentes que permitan el cumplimiento de los estándares de seguridad, los que se deben priorizar.
En cuanto al tema ambiental, el Gobierno anunció que adelantaría una revisión y actualización de la reglamentación actual con el fin de adoptar una propia para el esquema de las operaciones de cargue y descargue en zonas de fondeo. Además se iba a presentar un memorando con los conceptos jurídico sobre esta operación y los procesos que se deben surtir para su reglamentación.
En el caso particular de Barranquilla, el Gobierno reconoció las condiciones particulares de su zona portuaria que ameritan que cualquier implementación del cargue y descargue en fondeo se adapte a las características especiales de su canal de acceso y minimice al máximo el riesgo de cierre parcial o total del puerto en caso de un siniestro.
Igualmente se había reconocido que el fondeo es una operación compleja y que su aplicabilidad debe analizarse particularmente en cada zona portuaria del país, tales como Santa Marta, Cartagena, Buenaventura y Coveñas.
Desde el punto de vista de nuevos esquemas para mover mercancía, dentro de los cuales estaría el cargue y descargue en fondeo, los gremios de Barranquilla insistieron en la revisión de las condiciones de las concesiones portuarias actuales, especialmente en el tema tarifario.
El abogado experto en temas portuarios César Lorduy sostiene que la respuesta de la Nación ante el estudio técnico presentado fue simplemente no atender las sugerencias y recomendaciones. En la nueva versión del Proyecto de Regulación Aduanera “se exceden las capacidades de la Ley 1 de 1991, el Estatuto Fluvial y todas las reglamentaciones que regulan la operación portuaria”, dijo.
Antonio Felfle, director ejecutivo de Asoportuaria, indicó que los representantes gremiales y portuarios esperan que el Gobierno Nacional cumpla los compromisos acordados. Sin embargo, indicó que ve con preocupación que no hay “la profundidad en el debate, ni el conocimiento para tomar una determinación”.
Ratificó a EL HERALDO que el Estatuto Aduanero no debe sobrepasar su alcance fuera de la Ley Marco de Aduanas, 1609 de 2013. Ello implica que no puede autorizar la operación de cargue y descargue en fondeo. Dijo que por su naturaleza, la autorización de esta operación portuaria deberá estar contenida en una reforma a la Ley 1 de 1991 o en una nueva ley, que, en todo caso, deberá tramitarse ante el Congreso.
Por Lupe Mouthón Mejía
