La sección primera del Consejo de Estado, mediante un fallo de tutela, decidió levantar el velo corporativo a 12 empresas pertenecientes al Grupo Nule. Esto se debe a que se considera que fueron 'usadas para la comisión de conductas penalmente sancionadas, aprovechándose de las limitaciones de la responsabilidad que ofrecen las sociedades capitales'.
La decisión se tomó porque en medio de la investigación contra los Nule, la Superintendencia de Sociedades estableció la liquidación de esas empresas. En el proceso la excontralora Sandra Morelli solicitó medidas cautelares sobre los bienes de los socios del Grupo Nule.
En un primer momento la medida no fue posible debido a que las sociedades estaban amparadas bajo la figura del velo corporativo, lo que llevó a que fueran pocos los bienes a los que se le aplicó la medida cautelar.
La acción de tutela fue interpuesta en 2013 por la entonces contralora Sandra Morelli, quien impugnó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de negar la acción de la Contraloría para que se levantara el velo.
La 'defensa de los recursos del Estado que involucran la suma aproximada de 606.931 millones de pesos y ante la cantidad de irregularidades presentadas en la ejecución de los contratos celebrados con las sociedades que integran el Grupo Empresarial Nule', fue el argumento que usó el ente de control para poner el recurso.
La Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades son las encargadas de levantar el velo a las empresas MNV S.A. en liquidación, Gas Kapital Gr S.A. en liquidación, Kpital Energy S.A., Translogistic S.A., Bitácora Soluciones Compañía Ltda. en liquidación, Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A., Ponce de León y Asociados S.A., Aguas Kapital Bogotá S.A. ESP, Aguas Kapital Macondo S.A. ESP, Aguas Alto Magdalena S.A. ESP, Aguas Kapital Cúcuta S.A. ESP, Aguas Los Patios S.A. ESP., en 48 horas.
El velo corporativo es una protección que le otorga la ley a las empresas constituidas como Sociedades Anónimas, S.A. o Sociedades Anónimas Simplificadas, S.A.S., para proteger la identidad de los socios que las integran. Al levantarlo las corporaciones se ven obligadas a dar los nombres de sus afiliados.
La Contraloría también pidió que se ordene a la Cancillería que realice la 'búsqueda de bienes y los trámites inmediatos para su embargo en el exterior a los socios de estas empresas'.
