En el desarrollo de la audiencia pública relacionada con la investigación que la Procuraduría General de la Nación adelanta frente al proceso irregular que se dio en el departamento de Sucre para la adjudicación del contrato para la explotación del juego de chance, la procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública reiteró las faltas en la que habría incurrido el gobernador Julio César Guerra Tulena.
Estima el Ministerio Público que el mandatario departamental, ausente en la diligencia, incurrió en falta grave a título de culpa grave al omitir el deber funcional de ejercer control jerárquico sobre la Empresa Comercial de Juegos de Suerte y Azar (Emcoazar) que adjudicó de manera irregular la concesión del juego a la empresa Aposucre, que cuenta entre sus socios con Enilse de Jesús López Romero.
Para el organismo de control, Guerra fue ineficaz al no atender las advertencias sobre las irregularidades en los estudios previos y en el pliego de peticiones. Cree la procuradora delegada que el funcionario debió adoptar decisiones contundentes para evitar que el exgerente de Emcoazar, Edwin Armando Romero Ángel, estipulara reglas no objetivas para otorgar la concesión del juego de azar.
En diálogo con EL HERALDO, el abogado Luis Yesid Hoyos Avilés, representante del gobernador Guerra Tulena, explicó que aunque la Procuraduría abrió una sola investigación en contra de su defendido, de Romero Ángel y del actual gerente de Emcoazar, Carlos Pretelt Geovo, en este caso las responsabilidades son subjetivas y cada cual debe responder por sus culpas. Agregó que el encargado de conocer el proceso contractual era el exgerente Romero y no el gobernador.
Hoyos anunció que una vez se rinda la versión libre solicitará la nulidad del proceso para que se delante de manera ordinaria, y en ese orden de ideas solicitará la absolución de Guerra Tulena, entre otras cosas, porque las faltas en las que presuntamente incurrió, no están contempladas en el artículo 48 del Código Disciplinario Único, que son las calificadas como gravísimas y dan lugar a destitución. El jurista explicó, de todos modos, que de ser hallado culpable Guerra Tulena no sería destituido sino suspendido por un periodo de entre uno y doce meses.
Además del mandatario sucreño, en este proceso el ente de control también investiga a Edwin Romero y a Carlos Pretelt. Al primero de ellos, hoy recluido en la cárcel de Corozal, le ha sido imputado provisional la falta gravísima disciplinaria cometida a título de dolo al adjudicar y firmar un contrato irregular en el que se omitieron las reglas estipuladas en el proceso de contratación, acto que tuvo el único fin de favorecer a la firma Aposucre que ya venía manejando desde hacía varios años el negocio del chance en la región.
Entre tanto, a Pretelt Geovo, la Procuraduría le ha imputado provisionalmente la falta gravísima por haber decretado la caducidad del contrato sin haber especificado las causales. Es de anotar que ante el escándalo ya advertido en la contratación irregular por la Secretaría de la Transparencia y otros organismos, Pretelt no encontró una alternativa más efectiva que caducar el contrato el mismo día en que empezaba a ejecutarse. El actual gerente de Emcoazar entró a reemplazar a Edwin Romero una vez el gobernador Guerra lo declaró insubsistente por todas las anomalías reveladas en el proceso licitatorio.
