Perú, dividido por un indulto
El beneficio del presidente Kuczynsi, al expresidente Alberto Fujimori provoca renuncias de congresistas del oficialismo y organizaciones pedirán devolverlo a prisión.
El indulto del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al exmandatario Alberto Fujimori por Navidad comenzó ayer a cobrarse sus primeras consecuencias, como las renuncias de funcionarios y congresistas y las primeras acciones de organizaciones de derechos humanos para devolverlo a prisión.
Dos días después del indulto y derecho de gracia a Fujimori, presentaron su renuncia el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez; el secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre Paz, Reparación y Reconciliación (CMAN), Daniel Sánchez; y la responsable del Programa de Reparaciones Simbólicas de esa comisión, Katherine Valenzuela.
En sus cartas de renuncia, publicadas por el diario La República, Rodríguez manifestó que Fujimori “no calificaba para la concesión de un indulto humanitario”, mientras que Sánchez señaló que le resulta “insostenible permanecer en la institución y, en un contexto así, vergonzoso, representar a una oficina que dialoga permanentemente con las víctimas”.
Durante el día también formalizó su renuncia a la bancada del oficialismo el legislador Alberto de Belaúnde y se espera que en los próximos días lo hagan Vicente Zeballos, quien actuaba como portavoz del grupo, y Gino Costa.
Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que solicite al Estado peruano información sobre el indulto y derecho de gracia otorgados a Fujimori y que convoque a una audiencia pública de supervisión de cumplimiento de condena.
El perdón de Fujimori
Aprodeh hizo la solicitud como representantes de las víctimas del caso La Cantuta, uno de los procesos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel en 2009.
En 1992, el grupo militar encubierto Colina ingresó a los dormitorios de la universidad La Cantuta, en Lima, y se llevó a nueve estudiantes y un profesor, bajo sospechas de supuestos vínculos subversivos, sin que se vuelva a saber de su paradero.
El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL) y quien defendió a los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, informó que se ha hecho llegar un informe a la CorteIDH sobre el “ilegal indulto” al exmandatario y solicitó una audiencia de supervisión de cumplimiento de condena.
En medio de ese clima, Alberto Fujimori pidió perdón, en un video colgado en Facebook, por haber “defraudado” a una parte de sus compatriotas durante su gobierno (1990-2000) y agradeció el indulto.
“Soy consciente que los resultados durante mi Gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco, por otro lado, que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón”, dijo el expresidente desde la clínica donde permanece internado desde el viernes pasado.
Kuczynski firmó el indulto solo tres días después de evitar su destitución por el Congreso, por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, gracias a la abstención de un grupo de diez fujimoristas liderados por Kenji Fujimori, hijo menor de Alberto, que anteriormente había pedido al mandatario indultar a su padre.
En un mensaje televisado, Kuczynski llamó “errores” a los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado Fujimori.
Piden liberar a Abimael
El abogado del líder de la guerrilla peruana Sendero Luminoso pidió el martes la liberación de su cliente, Abimael Guzmán, quien cumple cadena perpetua por terrorismo, tras el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori. “Pido a título personal y como abogado la libertad de mi defendido, el doctor Abimael Guzmán, preso hace 25 años”, dijo el abogado Alfredo Crespo a la AFP.
“Le dan libertad al señor Fujimori, que está condenado por hechos relacionados con la guerra interna que vivió el Perú, y (a) mi patrocinado, que también ha sido condenado por hechos de la guerra interna, y se encuentra enfermo, no le pueden dar libertad”, señaló. “Ha sido condenado, con 83 años, está enfermo, afectado de presión alta, del corazón, depresión, psoriasis, todos los días el doctor lo tiene que ver”, explicó Crespo.
