El Gobierno de Panamá autorizó el traspaso de 2,4 millones de dólares al Ministerio Público para agilizar las investigaciones sobre los sobornos pagados por la multinacional brasileña Odebrecht.
'El Órgano Ejecutivo y todas sus instituciones están a la disposición del Ministerio Público para facilitar el desarrollo de esta y todas las investigaciones de similar naturaleza', indicó en un comunicado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La partida presupuestaria, que aún tiene que ser aprobada por la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional, se usará para contratar analistas financieros, comprar tecnología especializada y sufragar viajes de los fiscales anticorrupción, entre otras cosas, ya que se trata de un caso 'delicado' con muchas 'implicaciones', añadió el MEF.
En este país también pesa una orden de búsqueda y captura contra dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) a los que la banca suiza ha congelado cuentas por valor de 22 millones de dólares que les entregó Odebrecht, según las delaciones procedentes de la propia empresa.
De igual manera, la Fiscalía General ha formulado cargos contra Amado Barahona, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del gobierno (2004-2009) de Martín Torrijos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó en un informe el pasado diciembre que la constructora desembolsó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África, de los cuales 59 millones fueron pagados en Panamá entre 2009 y 2014, cuando gobernaba el expresidente Ricardo Martinelli.
La multinacional brasileña sí alcanzó ya un acuerdo judicial con los Gobiernos de EEUU, Brasil y Suiza para pagar multas que suman unos 2.047 millones de dólares.
Petición de arresto contra Toledo
La delación de la constructora brasileña Odebrecht sobre los sobornos que ha admitido haber pagado ha implicado ya a varios gobernantes y ex gobernantes latinoamericanos y la lista tiene visos de aumentar.
El ex presidente del Perú Alejandro Toledo (2001-2006) ha sido acusado de recibir de Odebrecht para su usufructo personal una comisión de 20 millones de dólares y contra él pesa ya una petición de arresto preventivo solicitada por la Fiscalía general de su país.
Se da la circunstancia de que el actual presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, era el ministro de Economía cuando ocurrieron los hechos en cuestión, y conocida la acusación contra Toledo no le faltó tiempo para lavarse las manos en una suerte de 'excusatio non petita, accusatio manifesta'.
Como respuesta, la esposa de Toledo, Elliane Karp, conocida por su incontinencia verbal, le lanzó públicamente a Kuczynski la inquietante y autoinculpatoria amenaza de que no le haga hablar porque ella sabe bien lo que él ha hecho.
