La Fiscalía informó en un comunicado este martes que además del exalcalde de Santa Marta y candidato presidencial, Carlos Caicedo y del alcalde actual, Rafael Martínez, fueron detenidos Carlos Fabián Slebi Palacio, interventor de uno de los dos contratos cuestionados; Jesús Enrique Navarro Brito, contratista del mismo contrato; Édgar Charris Salcedo, gerente encargado de la ESE Próspero Reverend y Gregorio Antonio Domínguez Fonseca, gerente de la misma ESE.
A los líderes políticos, cuestionados por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, 'se les investiga por las posibles irregularidades cometidas en la demolición y construcción de cinco puestos de salud en el municipio', indicó el ente acusador.
Confirmó además la Fiscalía que Caicedo y Martínez fueron capturados en horas de la mañana de este martes por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la capital de Magdalena.
'Según la investigación, coordinada por la Dirección Seccional de Fiscalías de Magdalena en el caso del exalcalde, se presume que suscribió un acta y acuerdo que autorizaba la demolición y construcción de cinco puestos de salud: Mamatoco, Bastidas, La Paz, Candelaria y Taganga, de los cuales el único que se construyó fue el de Bastidas', se lee en el boletín.
El primero de los dos contratos bajo la lupa son el No.004 del 18 de noviembre de 2014 (10 meses de término) que fue celebrado entre la ESE Alejandro Próspero Reverend, y Mediredes SAS, para el mantenimiento y adecuación de los centros de salud Bastidas, Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, por valor de $6.532’759.000, 'en el cual se detectó el incumplimiento en los requisitos legales, tales como la falta de planeación, inexistencia del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud para la ejecución de proyectos de inversión, así como de la licencia de construcción, lo que generó un detrimento patrimonial cercano a los cinco mil millones de pesos ($5.000’000.000)'.
Entre tanto, a Martínez, la Fiscalía lo investiga por su participación en toda la etapa precontractual y la suscripción del contrato No. 007 de 2016, que tenía como fecha límite el 31 de diciembre de este año. Este contrato fue celebrado entre la Alcaldía de Santa Marta y la Unión Temporal Construyendo Salud, cuyo objeto era la adecuación y terminación de los centros de salud: La Candelaria, La Paz y Taganga, por valor de $5.863.789.000, 'dentro del cual se evidenciaron inconsistencias relacionadas con la obtención extemporánea del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud, fue otorgado cuando se encontraba en plena ejecución; además se determinó que la licencia de construcción también se solicitó extemporáneamente y a la fecha no ha sido otorgada'.
Agrega el ente de control penal sobre este contrato que se otorgó un anticipo correspondiente al 40%, por valor de $2.345’515.000, 'estableciendo a través de dictamen pericial, que a fecha 3 de octubre de 2017, del mismo, solo se había ejecutado la suma de $568.660.111, que además fue destinada para la adquisición de elementos diferentes a su objeto, tales como equipos y otro tipo de material de construcción'.
