En el monumento a Los Ángeles, que será inaugurado este miércoles, Fundación honrará la memoria de los 33 niños y un adulto que hace dos años murieron al incendiarse el bus que los transportaba cuando regresaban a sus casas. Venían de participar de una jornada de alabanzas en una iglesia cristiana evangélica.
La ceremonia está prevista para las 4 p.m. en el sitio donde ocurrió el siniestro del barrio Altamira.
Para conmemorar esta fecha, las familias que perdieron a sus hijos le reclamarán al Gobierno Nacional que con excepción de la vivienda que recibieron de manos del presidente Juan Manuel Santos, el resto de promesas quedaron sin cumplir.
Las críticas
Los padres de los 33 ángeles de Fundación piden empleo para tratar de volver a empezar en medio del dolor que aún llevan en el corazón.
Por ejemplo, la capacitación en maquinaria pesada en la que solo se hizo el curso básico y las vías del barrio Faustino Mojica –donde vivía la mayoría de los pequeños– que no han sido arregladas.
Todos coinciden en que cada día que pasa hay más vacíos en los hogares, pero sostienen que lo más triste es que de la amarga experiencia no se ha adquirido conciencia.
'En Fundación todo sigue igual, parece que nada hubiere pasado', dijo Heliberto Pabón, papá de Antonio, quien murió en una clínica de Barranquilla pocos días después del incendio.
Denunció negligencia por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, porque la mayoría de los niños iba a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a recibir un pan con bienestarina o jugo, alimento que en las escuelas brinda el Estado, pero que –según su parecer– 'desafortunadamente a Fundación no llega porque se queda en las manos de los corruptos'.
Por otro lado, el DPS prometió casas, pero aunado a un empleo con la finalidad de pagar los servicios públicos, sin embargo esto último no se ha dado. Las viviendas fueron adjudicadas en el barrio Los Rosales, pero –según sostienen – son imposibles de habitar por los elevados costos de los servicios público. 'Las facturas por energía oscilan entre los 80 y 120 mil pesos; el agua por 60 mil pesos y el aseo y alcantarillado entre 20 y hasta 30 mil pesos', afirman.
Además, algunas casas tienen los tanques elevados perforados. Por eso la mayoría de familias se quedó en los barrios donde nacieron sus hijos.
Los procesados
En dos años del accidente solo dos personas están en la cárcel: el conductor del bus Jaime Gutiérrez Ospino y el líder espiritual de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Manuel Salvador Ibarra, quien lo contrató.
A los anteriores el juez Sexto Penal Municipal con funciones de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, imputándoles el delito de homicidio simple con dolo eventual en concurso homogéneo. En julio del 2015 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga desestimó una solicitud de preacuerdo entre los imputados y la Fiscalía, pues con ello se pretendía modificar la tipificación del delito a homicidio culposo, es decir, sin intención. Ello rebajaría sustancialmente la condena e incluso, podrían quedar en libertad condicionada.
En diciembre del 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta revocó el fallo del juez cienaguero y aprobó el preacuerdo. Pero dos meses después (febrero del 2016) mediante una acción de tutela presentada ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación buscaba dejar sin efectos la decisión del Tribunal.
Mientras en los tribunales se dirime la situación jurídica del chofer y el líder espiritual, el dueño del bus, Alfredo Esquea Chávez está prófugo de la justicia, luego que e l Juzgado Promiscuo Municipal de Aracataca ordenó su captura.
La orden se libró después que el Tribunal Superior de Santa Marta declaró la nulidad de todo lo actuado en la audiencia de verificación de preacuerdo, en noviembre del 2014, en la que el juez único penal del circuito de Fundación, Alfonso Saade, precluyó de oficio la investigación contra el acusado y ordenó su libertad provisional.
Con el pago de una multa de 462 millones de pesos, la Superintendencia de Puertos y Transporte sancionó al Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación (Intrafun), por los hechos.
La multa –equivalente a 750 salarios mínimos mensuales vigentes– fue oficializada a través de la resolución 011432 del 29 de julio, con base en una investigación administrativa.
Según la Supertransporte, Intrafun no habría verificado la capacidad transportadora antes de proceder a la matrícula de vehículos de servicios públicos y no realizó la debida seguridad, regulación y control del tránsito dentro del municipio.
Otro cargo imputado es que no realizó el recaudo por infracciones de tránsito conforme a los porcentajes establecidos en la ley y tampoco rindió las cuentas públicas sobre las gestiones realizadas con dicho recaudo.
