Las 1.450 hectáreas del Corredor Universitario han protagonizado por casi veinte años una disputa territorial entre Puerto Colombia y Barranquilla, que este martes se reactiva tras el fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo del Atlántico.
Para el municipio, que anunció utilizar el recurso de apelación y defender lo que actualmente le pertenece, el Corredor Universitario les aporta anualmente cerca de $11 .400 millones, lo que representa un 60% de sus ingresos.
Hasta el pasado mes de noviembre, Puerto Colombia recaudó cerca de $19.000 millones por conceptos de impuesto predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina y lo concerniente a delineamiento y construcción en su jurisdicción, según información de la Secretaría de Hacienda municipal.
'De esos recursos que tenemos, más de la mitad provienen del corredor, el cual representa para nosotros lo que no es para Barranquilla', es la consigna del alcalde de Puerto Colombia, Steimer Mantilla.
'Dejaríamos de tener la mejor educación, desmejoraría la calidad de vida, el desarrollo social y vial de Puerto. Volveríamos a tener muchas dificultades', consideró el alcalde.
Para el Distrito, que hasta 2007 mantuvo la base catastral del corredor, integrada por más de 46 predios, el terreno de la discordia significaría menos del 1% de sus ingresos, pero una oportunidad de crecimiento urbanístico a mediano y largo plazo.
Solo en impuesto predial, Barranquilla logra recaudar 202.000 millones de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2016. Lo anterior representa una participación del 25,8% del total de los ingresos tributarios del Distrito, que se estiman en $783.118 millones aproximadamente.
'A Barranquilla le interesa mucho el corredor como parte de su territorio porque además de su gran desarrollo inmobiliario, universitario y comercial, busca de qué manera seguir creciendo', consideró el diputado del Atlántico Jorge Rosales.
Por su parte, el diputado Adalberto Llinás consideró que 'hay que concretar el tema legal con el social entre el gobierno distrital y el de Puerto porque hay por medio uno ingresos muy significativos para el municipio. Lo más sano es esperar el fallo de segunda instancia y acordar un plan de acción entre ambas partes'.
'Sería importante también hacer una consulta popular de los habitantes', agregó Llinás.
El Corredor Universitario, considerado el sector de más desarrollo urbanístico del área metropolitana al estar integrado por reconocidas universidades, colegios privados, almacenes de cadena, clubes sociales, villas campestres, y amplios predios urbanizables.
El área en disputa jurídica inicia a la altura del colegio Sagrado Corazón, en el kilómetro dos de la vía a Puerto Colombia y se extiende sobre la carrera 51 B hasta los sectores aledaños de la Universidad del Atlántico, en el kilómetro siete.
Apoyo desde el Congreso
Sobre el fallo, la congresista y exalcaldesa porteña Martha Villalba aseguró que espera que la decisión sea revocada por el Consejo de Estado y recordó que, durante su gobierno en 2011, el Tribunal Administrativo del Atlántico ya había suspendido provisionalmente la Ordenanza No. 0075 pero 'el Consejo de Estado nos dio la razón luego'.
A través de un comunicado, Villalba expresó que, desde su puesto como congresista, 'estoy en plena disposición de seguir apoyando, defendiendo y respaldando los intereses de mi municipio'.
'Haremos todo lo pertinente para que esa decisión sea justa. No permitiremos que se nos arrebate a los porteños lo que por derecho nos corresponde; ni que se trunque el desarrollo y crecimiento económico'.
¿Por qué el conflicto limítrofe?
El Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo que declara, en primera instancia, la nulidad de la Ordenanza No. 00075 del 7 de diciembre de 2009, por medio de la cual la Asamblea del Atlántico establece los límites entre Puerto Colombia y la Barranquilla. Lo anterior dejaría al municipio sin el poder sobre este sector, que pasaría a manos del Distrito.
De acuerdo con el documento, dicha ordenanza viola las normas en que debería fundarse debido a la 'falta de competencia' de la Asamblea. Esta interpretación lleva a la conclusión que el ente competente sería el Congreso de la República.
La decisión del Tribunal, con ponencia del magistrado César Augusto Torres, responde a la demanda instaurada por el ciudadano Alexánder Polo Del Vechio, en donde el Distrito se constituye como tercer interesado en la respuesta jurídica.
