Una intervención a Electricaribe marcó este martes el fin de cuatro días de conversaciones entre el Gobierno Nacional y Gas Natural Fenosa (GNF), dueña del 85% de las acciones de esta compañía. La toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos puso freno a una empresa que desde 1998 distribuye energía a 2,5 millones de usuarios en la Costa.
El viernes pasado, una delegación del Gobierno conformada por los ministros de Minas, Germán Arce; Hacienda, Mauricio Cárdenas; y el consejero de la Presidencia, Juan Guillermo Vélez, se reunió con el presidente de GNF, Isidre Fainé. El presidente Juan Manuel Santos también acompañó las negociaciones.
La reunión en Bogotá era el plan ‘A’ del Estado para solucionar, principalmente, dos problemas de la empresa: la escasa inversión en redes que afecta la calidad del servicio y el pago urgente de $165.904 millones, que Electricaribe adeuda en noviembre a las generadoras que le suministran la energía, para así evitar racionamientos.
El ministro Arce informó el lunes en la noche, a través de la red social Twitter, que el Gobierno estaba a la espera de una 'respuesta a la capitalización de Electricaribe' por parte de la gasera española. El plazo era hasta ayer. Pero la negativa de Gas Natural activó el plan ‘B’. Arce reveló a las 7:00 de la mañana que la negociación había sido suspendida 'por falta de acuerdo en capitalización'.
Ante esta noticia, el turno de entrar en acción fue para el superintendente nacional de Servicios, José Miguel Mendoza, quien, tras posesionarse en el cargo (19 de julio), había prometido en declaraciones a EL HERALDO que su misión era 'resolver el problema de Electricaribe de una vez por todas'.
Toma de las oficinas
La custodia policial de 21 oficinas administrativas de Electricaribe en la Región fue el primer indicio de la toma de posesión de la empresa. A las 8:00 de la mañana, Mendoza hizo su primera aparición pública en la carrera 55 entre calles 72 y 74, sede principal en los siete departamentos donde opera la compañía. El funcionario llegó con una resolución de 13 páginas en mano, con la cual notificó a los directivos sobre la intervención.
Mendoza consideró que la crisis financiera de Electricaribe podía llevarla a una 'cesación de pagos' y que la compañía no estaba 'en condiciones de prestar el servicio de energía con la continuidad y la calidad debidas', como quedó consignado en la Resolución 20161000062785.
Con la toma de juramento de Javier Lastra Fuscaldo como agente especial del proceso legal se dio inicio a una serie de medidas. Lo siguiente fue nombrar como representante legal de Electricaribe a Edgardo Sojo, presidencia del Comité Intergremial del Atlántico y gerente del Plan5Caribe, que contempla inversiones en infraestructura eléctrica de parte del Gobierno nacional y la compañía. Del cargo fue removido el español José García Sanleandro.
Como medida adicional, la Superintendencia ordenó que la toma de posesión fuese asesorada por Tetra Tech, empresa norteamericana global especializada este tipo de procedimientos en electrificadoras.
Respaldo
Las reacciones de mandatarios de la Región no se hicieron esperar. Entre los primeros en pronunciarse estuvieron los gobernadores de Bolívar, Dumek Turbay, y Atlántico, Eduardo Verano, quienes expresaron su 'respaldo' al Gobierno, y aprovecharon para pedir una 'mejora en el servicio'.
El alcalde Alejandro Char también manifestó que 'los barranquilleros merecen respeto y un buen servicio', por lo que confesó su 'apoyo' hacia la medida. Congresistas de la Región sumaron voces de apoyo al Gobierno Central.
El Superservicios y el Ministro de Minas organizaron una rueda de prensa ‘exprés’ para ampliar información a los medios, a las 11:30 de la mañana en un hotel del norte de la ciudad.
Ante los medios, Arce recordó que llevaban 'varios meses' buscando con Gas Natural Fenosa 'soluciones' al problema de energía en la Costa. 'No solo es un tema de molestia para los usuarios, sino uno más profundo de competitividad para la Región. El Caribe crece al doble que el resto de las regiones'.
Diálogo amigable
El ministro quiso 'precisar' que con GNF hubo una 'conversación amigable' en fin de semana. 'Desafortunadamente no llegamos a un acuerdo, pero eso no quiere decir que hemos quemado las naves o que se han roto los puentes. Es importante hacer la claridad porque Gas Natural es el propietario de Electricaribe. La toma de posesión no cambia en nada la situación de propiedad. Tendremos que seguir operando con ellos y negociando el proceso de reorganización de la compañía'.
El objetivo del Gobierno, explicó, es 'acabar con la zozobra' de la Región por los riesgos de racionamientos a los que se vio abocada en los últimos días. A finales de octubre, la empresa tuvo en vilo a la Costa con una deuda de $27.000 millones, que pagó in extremis y evitó el racionamiento.
Germán Arce, sin embargo, advirtió que la intervención 'no resuelve por sí sola' los problemas de calidad, porque la empresa acumula casi una década de retrasos en inversiones de infraestructura energética.
'La mera decisión –enfatizó– no resuelve esto. Es el camino a través del cual empezamos a organizar la compañía y estabilizar la prestación del servicio, que no tenemos hace varios meses con las constantes amenazas que los usuarios han sufrido'.
Explicó que 'estabilizar' la empresa significa 'eliminar la amenaza' de los cortes y limitaciones de suministro que se iniciaron desde octubre, como consecuencia de los incumplimientos de Electricaribe en las fechas acordadas de pago. 'Tenemos mecanismos para la compra de energía. Hemos trabajado con el ministerio de Hacienda. Es decir, los recursos de caja van a estar disponibles para la compra de energía'.
El funcionario enfatizó en que seguirán buscando con Gas Natural la forma de que cumpla con el billón de pesos que requiere como inversión en el Plan5Caribe. A septiembre, la compañía solo llevaba $83.900 millones desembolsados de $248.000 millones previstos para 2016.
Sin ahondar en el tema, el ministro mencionó la controversia que planteó Gas Natural Fenosa contra el Estado colombiano en agosto pasado.
Aseguró que aún 'no' se le puede decir demanda porque están en 'etapa conciliatoria'. 'Seguimos en el proceso previo'.
José Miguel Mendoza insistió en que la intervención es el 'comienzo del camino para que el servicio de energía mejore en la Costa'. Afirmó que la toma de posesión es 'indeterminada', y que servirá para hacer un 'diagnóstico' de la compañía. En un periodo inicial y prorrogable de 60 días determinarán si la intervención es con fines liquidatarios o para administrarla y luego regresarla a GNF. 'Muy pronto tendremos noticias de hacia dónde se moverá este proceso', dijo.
Aprovechó el momento para enviar un mensaje a los empleados de Electricaribe: 'No habrá masacre laboral, sus contratos siguen ahí'. 'El éxito de la posesión depende de que los trabajadores sigan con camiseta puesta. Necesitamos a los trabajadores'.
Mendoza sostuvo que el déficit de caja de Electricaribe, 'si no hubiera sido intervenida', habría podido llegar a $600.000 millones. Agregó que 'todas las deudas' de la compañía quedaron 'suspendidas hasta nuevo aviso', como efecto de la toma.
Una vez finalizado el evento con la prensa, un equipo de expertos de la Superservicios y de Tetra Tech realizó un recorrido para revisar redes eléctricas en el barrio La Paz.
Habló Santos
Tras la intervención, el presidente Juan Manuel Santos publicó en Twitter que con este proceso 'se está protegiendo la energía para la Costa'. 'La toma de posesión es la mejor salida para ordenar la empresa y garantizar el servicio'.
La intervención de Electricaribe no es la primera que ordena el Gobierno en los últimos años. En el 2000, en el Valle del Cauca, Emcali acumulaba en sus finanzas pasivos por cerca de un billón de pesos, lo que conllevó a que la Nación tomará la misma decisión de toma de posesión, que duró 13 años. En la ciudad, sin embargo, hubo algunos cuestionamientos al proceso porque dejó problemas sin resolver.
El consejero de la Presidencia de la República, Luis Guillermo Mendoza, aseguró a EL HERALDO que en el caso de Electricaribe 'no se va repetir' lo que en otros casos.
La multinacional española Gas Natural Fenosa ya había enfrentado, hace más de 10 años, un proceso de intervención en República Dominicana. Un déficit financiero y las deficiencias en el suministro de energía produjeron que el Gobierno de ese país tomara posesión de la empresa, lo que, al final, tampoco fue la solución a los dificultades mencionadas.
