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'Yo no le compro más al ‘descamisao’ ese porque todo lo vende caro. Prefiero caminar dos cuadritas antes de pagar $200 pesos más por una bolsa arroz o una libra de queso', comenta Carmen Peñaranda, ama de casa del barrio La Ciudadela 20 de Julio. Hace un año dejó de comprarle al tendero de su cuadra porque considera que vende con sobreprecio la mayoría de los víveres.

Como ella, muchas familias compran diariamente los alimentos frescos que consumirán al día siguiente y no pueden darse el lujo de ‘estirar’ el bolsillo.

En la región Caribe las tiendas de barrio y los formatos tradicionales (fruteras, panaderías y carnicerías) siguen teniendo un lugar privilegiado en los hábitos de compra de los consumidores.

Sin embargo, cuando se presentan en estos establecimientos casos de usura, mala calidad o publicidad engañosa, el consumidor promedio prefiere cambiar de lugar, en vez de denunciarlo, muchas veces por falta de interés y desconocimiento de la ley.

'Yo no sé si todavía existen los inspectores esos de pesos, precios y medidas, que iban a las tiendas a regular la venta de los productos. Si existen, parece que lo hicieran muy poco', afirma Andrés Ortega, padre de familia del barrio Las Nieves.

EL HERALDO preguntó a veinte consumidores adultos sobre la existencia de la Inspección de Pesos, Precios y Medidas del Distrito. De estos, diez dijeron no saber, seis creen que sí, aunque con muy poca eficacia, y cuatro respondieron que no.

La Inspección todavía existe en Barranquilla, pero cambió de nombre en 2009 con la reestructuración del ex alcalde Alejandro Char.

Inspección. Hoy se llama Inspección de Protección del Consumidor y Metrología Legal, forma parte de la Oficina de Inspecciones y Comisarías y pertenece a la estructura de la Secretaría de Gobierno.

Sus funciones están basadas en el Estatuto del Consumidor, la ley 1480 de 2011, que comprende aspectos como calidad y seguridad de los productos; garantía legal, responsabilidad por daño de producto defectuoso, información oportuna y responsable de los proveedores; información pública de precios, publicidad veraz, especulación, acaparamiento, usura, entre otros.

'Desde la Inspección continuamos velando para que se respeten los derechos que le asisten al consumidor. En lo que va corrido del año han sido radicados 64 procesos por calidad e idoneidad de bienes y servicios', afirma el secretario de Gobierno, Roberto Pérez.

La Inspección está provisionalmente en el cuarto piso de la Alcaldía, en la calle 34 No 43-31, mientras adecúan las instalaciones del segundo piso de la antigua sede distrital, en la calle 38 entre carreras 45 y 46, donde funcionará la Casa del Consumidor.

Esta fue anunciada desde noviembre de 2014 por la entonces secretaria de Gobierno, Josefa Casssiani, y esperan, según Pérez, tenerla lista para mayo. Desde allí realizarán procesos de restitución de derechos del consumidor e impondrán multas de uno a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes –de $644.350 a $64.435.000– a quienes infrinjan la Ley 1480.

Libertad vigilada. De acuerdo con la Constitución Política, en Colombia la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. El Estado, por mandato legal, impide que obstruyan o restrinjan y evita cualquier abuso que haga una persona o empresa de su posición dominante en el mercado.

No obstante, explica el abogado Miguel Manjarrés, especialista en Derechos del Consumidor, la ley delimita el alcance de la libertad económica cuando lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

A pesar de que los distribuidores y expendedores pueden fijar libre y autónomamente los precios, de acuerdo con su estructura de costos y su margen de utilidad, la excepción a este régimen general la constituye el de control de precios.

'Las únicas autoridades competentes para aplicar políticas de precios en nuestro país son los ministerios y algunas juntas y corporaciones nacionales. El Ministerio de Agricultura para los productos del sector agropecuario, el Ministerio de Minas y Energía para el petrolero y sus derivados, por ejemplo', señala Manjarrés.

Variación de precios. EL HERALDO hizo mercado en cuatro tiendas de la ciudad, de sur a norte, para comprobar la variación de precios. Fueron adquiridos los mismos 10 productos de la canasta familiar en una tienda de Las Nieves, El Santuario, Las Delicias y Los Nogales.

El mercado más caro fue hecho en Los Nogales por $18.700 y el más barato en Las Nieves por $15.600. El segundo más caro fue comprado en El Santuario por $17.500, seguido por Las Delicias con $16.200. La libra de tomate y cebolla roja fueron los productos de mayor valor (incremento hasta del 40%), como consecuencia del reciente paro camionero.

La inspectora de Protección del Consumidor, Estela Quintero, afirma que las quejas por sobreprecios en las tiendas son pocas. Luego de que la persona radica la denuncia por correo (equintero@barranquilla.gov.co) o por escrito en el despacho, es llamada para rendir verbalmente su inconformidad en el término de 5 a 10 días.

Quintero asegura que realizan inspecciones dos veces al mes por sectores y verifican balanzas con pesas acreditadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

En lo que va del año, afirma Pérez, no ha habido ninguna tienda sancionada y en 2014 solo hubo dos en el Centro. En la capital del Atlántico hay cerca de 7.500 tiendas.

Atención en la Sic. En Barranquilla la Inspección no es la única autoridad competente para la defensa del consumidor. Hasta hace cuatro años en la ciudad no existía un centro de acopio de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde las personas pudieran denunciar posibles ilegalidades. Hoy pueden hacerlo en la Carrera 57 No. 79 – 10, en la Delegatura de Protección al Consumidor.

'El primer Estatuto del Consumidor que hubo fue en 1982. Le hicieron una reforma en 2011 y a raíz de eso las personas pueden acceder a los servicios de la Superintendencia en las diferentes sedes del país y no solo en Bogotá. Cada ciudad tiene un punto de atención y se creó la Red Nacional de Consumidores', explica Trinidad Pérez, agente de atención de esta entidad.