El Heraldo
Las comunidades indígenas deben perforar pozos para buscar agua, es una de las razones por las cuales hay tantas muertes. Archivo
La Guajira

¿Por qué siguen muriendo de hambre los niños de La Guajira?

A pesar de todos los diagnósticos que se han hecho y las medidas que se han tomado, la desnutrición sigue cobrando la vida de muchos menores en este departamento.

En La Guajira no ha sido posible evitar la muerte de niños por desnutrición, a pesar de numerosos diagnósticos, debates, advertencias, fallos y órdenes de los más altos tribunales del país para atender esta problemática.

El tema vuelve a estar en el espectro mediático por el informe de la Defensoría del Pueblo, ‘Desnutrición en la primera infancia; causas estructurales y vulneraciones prevenibles y evitables’, en el que hace una crítica radiografía de este flagelo, no solo en este departamento, sino el país.

Las cifras han sido y siguen siendo escalofriantes y parece no haber algo que las detenga, a pesar de que se conoce plenamente cómo debe abordarse la crisis.

EL HERALDO dio a conocer en marzo de 2014 una histórica tutela interpuesta por Cesar Arismendi, quien era el director de Planeación departamental y ahora integrante de la veeduría de la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira. 

En la tutela, Arismendi documentó que, entre 2008 y 2013, murieron oficialmente 2.969 menores de cinco años, de los cuales 278 sufrían desnutrición y el resto, 2.691, otras patologías asociadas a la falta de una buena alimentación.

La alerta se encendió, pero igualmente los cementerios de las comunidades wayuu se fueron llenando de cuerpecitos que no recibieron la alimentación necesaria para sobrevivir.

En 2018 la Corte Constitucional, en una audiencia pública en Riohacha, aseguró que desde hacía ocho años, habían muerto en La Guajira, 4.770 menores por desnutrición, sin que esto haya servido para detener esta “barbarie”, como la calificó el alto tribunal.

Las muertes han continuado

 En 2019, según el Instituto Nacional de Salud, en La Guajira fallecieron 38 niños por desnutrición; en 2020, las muertes sumaron 52, y en lo que va corrido de 2021, son 27 los menores fallecidos por esta causa.

La Defensoría afirma que  en este departamento se tiene el mayor número de casos notificados de niños y niñas afectados con 26 (22,6 %), seguido de Magdalena  con 11 (9,6 %); Chocó con 10 (8,7 %); Cesar con 7 (6,1 %) y Antioquia  con 6 (5,2 %).

En el informe indica que, tan solo entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre de 2021, se notificaron 8  muertes de niños y niñas menores de 5 años  asociadas a desnutrición en el país. Mientras que entre el primero de enero y el 4 de septiembre de 2021, se notificaron 115 muertes de niños y niñas menores de 5 años probablemente por desnutrición y causas asociadas, siete más que en la misma semana epidemiológica del año pasado.

Han sido muchas las causas que se han expuesto como la corrupción, la dispersión de las comunidades, la falta de agua potable, la sequía, la inestabilidad administrativa y la crisis por la migración venezolana y hay un gran abanico normativo que de nada ha servido para evitar las muertes.

“La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano”, se asegura en el informe de la Defensoría del Pueblo y se exponen numerosas normas, tanto nacionales como internacionales, que buscan los derechos a los niños, incluyendo el que debe garantizar la seguridad alimentaria y una alimentación adecuada.

En La Guajira, todas esas normas parecen haberse violado y las órdenes que han dado tribunales, juzgados y las diferentes cortes, no se han cumplido cabalmente.

Esta imagen se repite una y otra vez en La Guajira.
Hablan los líderes

Por estas muertes, existen unas medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del pueblo wayuu, las cuales tampoco se están cumpliendo, según le informó el líder de la Asociación Shipia Wayuu Javier Rojas, quien fue peticionario de estas medidas ante la CIDH, aseguró que siguen faltando el suministro de agua potable y de alimentos en las comunidades wayuu y que por eso se siguen muriendo los niños por desnutrición.

“La muerte de los niños wayuu no para. Cada semana mueren en sus rancherías por el incumplimiento de estas órdenes dadas por la CIDH”, afirmó.

Mientras tanto José Silva Duarte de la ONG Nación Wayuu aseguró que “más que el hambre y la sed, a la población wayuu la está matando la corrupción y falta de gobernabilidad”.

Después de conocer el informe de la Defensoría del Pueblo, indicó que “el sentir de las comunidades wayuu es un estado de abandono por el mismo estado de ingobernabilidad en el que vivimos, aunado a la corrupción sistemática que se vive en este departamento, donde solamente se voltea a mirar al pueblo wayuu para saquearlo, pero no para traerle”.

El año pasado cuando se cumplieron tres años de la Sentencia T-302, la lideresa Marta Epinayu afirmó que cuando se dio este pronunciamiento, el 8 de mayo de 2017, creyeron que sería la cuota inicial a la solución de estas problemáticas, pero además una oportunidad de reunirse por fin con los sectores del gobierno y así construir juntos la manera como las comunidades wayuu querían ser tenidas en cuenta o incluidas en los planes de desarrollo.

Sin embargo, según la Veeduría Ciudadana de la Sentencia, cuatro años después de su expedición,  La Guajira aún no cuenta con un plan de acción articulado como resultado del trabajo conjunto de las 24 entidades accionadas (presidencia- ministerios, gobernación y alcaldías) que permita cumplir integralmente con las responsabilidades específicas asignadas.

Visita de la Corte a La Guajira

Precisamente la Corte Constitucional realizó el viernes pasado una visita a varias comunidades wayuu en el marco de la inspección judicial que hizo con el fin de tener una percepción directa de la situación que atraviesan en cuanto a sus necesidades de agua, alimentación y salud, en el marco de la Sentencia No. 302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira.

La Corte constató directamente cuál es el estado real del cumplimiento de las órdenes generales impartidas en esta sentencia, particularmente las barreras y bloqueos institucionales que impiden avanzar en la superación oportuna y definitiva del estado de cosas inconstitucional.

La visita se realizó después que la Sala Octava de Revisión decidiera asumir la competencia para conocer del cumplimiento de la sentencia, a efectos de verificar la garantía efectiva de los derechos de la niñez wayuu. La Sala decretó pruebas y emitió una serie de órdenes dirigidas a constatar e impulsar el acatamiento del fallo. Además, dispuso la realización de una sesión técnica y una diligencia de inspección judicial, con el fin de facilitar el diálogo entre las comunidades y las accionadas, y de conocer de primera mano las necesidades de la población indígena.

La corte estuvo acompañada de varios líderes y autoridades indígenas wayuu, así como de representantes de ministerios e instituciones del Estado.

Se espera un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el desacato que hay a la Sentencia, en la cual se puso de presente que las estadísticas confirman una verdad conocida desde hace varios años por los órganos de control, instituciones internacionales y organismos de la sociedad civil, esto es que los niños y niñas wayuu todos los meses mueren de hambre, situación que tiene múltiples causas y que debe ser atendida en al menos tres frentes o ejes temáticos: alimentación, agua y salud.

Recomendaciones de la Defensoría

Teniendo en cuenta las causas estructurales y los factores que inciden en la amenaza y la vulneración de los derechos a la salud, la vida, la alimentación y la protección integral de niñas y niños menores de 5 años en Colombia, identificados y analizados en la  investigación de la Defensoría del Pueblo, se hacen unas recomendaciones a los involucrados.

Se pide a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, para que de manera articulada con los sectores pertinentes pongan en marcha procesos tendientes a minimizar y erradicar las amenazas y vulneraciones que afectan el desarrollo integral de la primera infancia en todo el territorio nacional.

Al Ministerio de Salud y de Protección Social, a los departamentos y municipios y a las EPS, la Defensoría les solicita identificar de manera temprana y oportuna los riesgos en salud de los niños menores de 5 años, mujeres gestantes o en periodo de puerperio, como sujetos de especial protección constitucional e interés superior.

A los gobernadores, alcaldes, secretarías de Salud departamentales y municipales les hace un llamado para que garanticen el manejo integral de atención a la desnutrición aguda, moderada y severa de niños y niñas de cero a 59 meses de edad.

A las gobernaciones y alcaldías municipales y distritos, así como al ministerio de Vivienda generar todos los alistamientos necesarios para disminuir los niveles de riesgo del agua y aumentar las coberturas de acueducto o acueductos veredales, pozos, molinos y todo proyecto tendiente a la accesibilidad del agua apta para el consumo humano, dado prioridad en aquellas zonas donde las enfermedades diarreicas, el bajo peso y la desnutrición son graves.

Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Sistema Nacional de Bienestar Familiar y al ministerio de Educación Nacional, emprender acciones integrales y contundentes para que se disminuyan y eliminen los embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.

Finalmente, a la Registraduría Nacional del Estado Civil le solicita continuar implementando estrategias y acciones que permitan garantizar al 100 % de niñas y los niños el derecho a la identidad y nacionalidad, mediante el registro civil de nacimiento, a través de convenios con hospitales, centros de salud, promotores de salud, parteras comunitarias, autoridades indígenas, organizaciones comunitarias, entre otras.

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