El Heraldo
Familiares de las víctimas durante el acto donde Tribunal Administrativo de La Guajira ordenó al Estado pedir perdón público. Héctor Palacio
La Guajira

Masacre de El Limón: cuando el territorio wiwa se tiñó de sangre

El hecho violento se registró en zona rural de Riohacha, en 2002. Allí murieron 16 personas, entre ellos varios menores • El Estado tuvo que pedir perdón público.

Hace exactamente diez años el señor Luis Adelso Mendoza Loperena cavó en la tierra durante veinte días seguidos buscando el cadáver de su padre, sin lograrlo.

Luis Antonio Mendoza Montaño fue el hombre que le dio la vida y estaba desaparecido desde hacía cinco años atrás, en el 2002, durante la masacre cometida por paramilitares en la vereda El Limón, que está en área rural de Riohacha y en la que murieron 16 personas, en su mayoría pertenecientes a la etnia wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta.

El relato de Luis Adelso lo hace entre lágrimas y recuerdos dolorosos que nunca han desaparecido de su mente.

“Mi papá tenía 88 años y desde que eso pasó no sabemos dónde está su cuerpo”, afirma este hombre de 56 años, quien también perdió en ese hecho, que calificó como barbarie, a su madre Rosa María Loperena, de 84 años.

Fue un sábado 31 de agosto cuando todo pasó. El sobreviviente, un campesino de la zona, recuerda todo como si hubiera pasado hace solo unos días.

“Yo estaba en la casa cuando llegaron esos hombres disparando y matando primero a los perros y fue cuando le dije a mi mamá que estaba ahí conmigo, que nos fuéramos, pero no quiso, porque creyó que no la iban a matar”, explica.

Rosa María creía que por su condición de mujer de la tercera edad no la atacarían, pero no fue así, porque cuando su hijo iba a unos cien metros de la casa escuchó una explosión.

“Miré hacia atrás, vi el humo que salía de la casa y supe que la habían matado”, aseguró Luis. Los miembros de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia habían tirado a la vivienda un artefacto explosivo.

Lo que vino después para el hombre fue una huida desesperada por el monte para evitar que también lo mataran. “Venían detrás de mí con un perro, me tenían acorralado y me rafagueaban, pero yo como un armadillo me escondí en un “mogote y los burlé”, relata Luis, quien en ese momento pensaba que se trataba del Ejército porque tenían uniformes camuflados.

Se fue para donde unos amigos que tenían una finca cerca de allí y luego donde su hija en el sector del corregimiento de Caracolí, hasta donde caminó por unas cinco horas. A los tres días volvió al lugar para encontrarse con una escena macabra. “Mi mamá estaba sin cabeza, habían matado a mi hermano Jaime Elías y mi papá no aparecía”, indicó.

Se fue para Riohacha a buscar a las autoridades y donde unos familiares a quienes les dijo “nos acabaron”.

A los cinco años volvió para quedarse en El Limón y desde entonces está buscando el cuerpo de su papá, algunas veces en compañía de la Fiscalía, otras veces por su propia iniciativa o cuando le llega algún rumor sobre una posible fosa donde estarías sus restos.

Enrique Gil Botero, ministro de Justicia.

Tres niños entre las víctimas de la masacre

Entre los días 30 de agosto y 3 de septiembre del 2002, llegaron a la vereda El Limón, del corregimiento de Tomarrazón, unos 200 paramilitares y ejecutaron a Adalberto Sarmiento Loperena, Dioselina Armanta, Gilma N. Hamilton, Héctor De Armas Martínez, Jaime Elías Mendoza Loperena, Rosa María Loperena, otras personas sin identificar y tres menores de 13, 14 y 17 años de edad.

Estos eran Edgar Rafael Radillo Redondo, Hamilton Javier Radillo Redondo y Juan Manuel Daza, los dos primeros hijos de Cilia Redondo Peralta y el último criado por ella.

 “Ellos salieron a buscar bastimento para donde la tía el sábado para regresar domingo y nunca volvieron”, explicó la mujer. Ese día salió a buscarlos junto a dos hermanas, por toda la zona. “Solo veíamos las señales que ponía esa gente y nada de mis hijos”, explicó.

A los cinco días y después de caminar muchas horas, encontró los tres cuerpos, uno encima del otro. Dijo que “ya estaban comidos por los animales, tirados, sucios y como si no fueran humanos, que es lo más doloroso”, afirmó recordando que el menor le decía que quería ser profesor.

“Me mataron en vida, acabaron con mis hijos y desde entonces me enfermé de la mente”, dice Redondo. Después de una larga lucha, hace apenas un año está recibiendo soporte psicológico.

El evento revivió sentimientos entre los familiares.

El perdón del Estado  

La justicia tuvo que emitir dos sentencias a través del Tribunal Administrativo de La Guajira proferidas el 14 de diciembre de 2015 y el 29 de marzo de 2016, para que el Estado colombiano reconociera su responsabilidad administrativa en la masacre ocurrida en el 2002 en la vereda El Limón, de Riohacha.

Sin embargo, solo dos años después, fue que se produjo el acto a través del cual ese mismo Estado le dio la cara a los familiares de las víctimas para pedirles disculpas públicas.

Esto ocurrió en el parque central del corregimiento de Caracolí Sabanas de Manuela, del municipio de San Juan del Cesar, en el sur del departamento de La Guajira y ante el pueblo wiwa, donde el ministro de Justicia Enrique Gil Botero  pidió ese perdón que tanto habían esperado.

Lo hizo por el crimen de Hamilton Javier Radillo Redondo y Édgar Rafael Radillo Redondo, así como por el desplazamiento forzado de los señores Octavio Mendoza Mendoza y María de los Santos Choless Peralta.

Así mismo, por la muerte de los señores Rosa María Loperena, Luis Antonio Mendoza Montaño y Jaime Elías Mendoza Loperena.

“Vengo para pedirles disculpas públicas y perdón, por los daños que sufrieron, así como por el dolor y las afectaciones en sus proyectos de vida que experimentaron como consecuencia de estos hechos, hago mío el dolor que sintieron”, expresó el ministro ante los familiares y allegados de las víctimas.

Pedro Manuel Loperena, nieto de una de las víctimas y comisionado de derechos humanos de la organización wiwa, afirmó que el acto, a pesar de ser una victoria que se logró en el marco de la defensa de los derechos humanos, “este acto de perdón público no es un orgullo ni es algo que nos genere emoción”.

Agregó que “estamos haciendo historia y dejando precedentes de que cuando se lucha y se trabaja honestamente en el marco de la ley, se hace justicia, aunque falta mucho por trabajar para esclarecer todos los hechos que pasaron en El Limón”.

En el acto también estuvieron presentes el viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales de la cartera de Defensa, Aníbal Fernández de Soto; Soraya Gutiérrez, presidenta del Colectivo de Abogados  Alvear Restrepo, el cual lleva el caso, y el coronel Alejandro Saavedra, comandante del Batallón Cartagena.

Funcionarios y familiares de víctimas, durante el acto en La Guajira.

Ha sido una lucha intensa

Son 16 años que esperaron los familiares de las  víctimas de esta masacre por este perdón que consideran como el primer paso para la reparación integral que anhelan.

Soraya Gutiérrez, presidenta del colectivo de abogados Alvear Restrepo, organismo no gubernamental que acompaña a las victimas de violaciones de derechos humanos y que lleva el caso desde el 2004, asegura que han actuado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado asuma su responsabilidad en materia de protección y reparación.

Explica que además del perdón, el Tribunal solicitó el registro y reparación material de las víctimas en la Unidad de Víctimas.

“Hemos visto que no existe voluntad política para cumplir los fallos y este perdón se logró después de un proceso de diálogo que duró tres años”, indicó.

 Agrega que el proceso penal ha tenido muchos obstáculos porque “la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Barranquilla ha sido negligente, a pesar de que en el 2009 se logró la vinculación de algunos miembros de la estructura paramilitar que se sometieron a sentencia anticipada y están postulados para una reducción significativa de la pena de 26 años que les impusieron”.

La jurista dice que hay otros llamamientos a juicio, pero no superan las siete personas, y que la extradición de Jorge 40 limitó mucho el trámite de procesos judiciales. “Esperamos que la Fiscalía profiera una acusación contra él y contra los miembros del Batallón Cartagena del Ejército, ya que está probado que esos días llevaron a cabo operaciones en la zona, por lo que pudieron tener participación directa o complicidad con los paramilitares”, aseveró.

El acto de perdón también sirvió para recuperar la memoria histórica de estos hechos, para que conozcamos realmente lo que pasó, contado por las víctimas, los sobrevivientes y familiares, quienes realmente tienen la autoridad para hacerlo, pero también para con este conocimiento podamos lograr la no repetición de hechos que nunca debieron pasar en nuestro país.

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