La Gobernación de La Guajira avanza con el pago de acreencias
Luego de acogerse a la Ley 500, la gobernadora encargada, Claudia Robles Núñez, indicó que se busca “poner la casa en orden”.
Al presidir la reunión de votación del acuerdo de reestructuración de pasivos, que tiene como objetivo sanear todas las deudas de la administración departamental de La Guajira, la gobernadora encargada, Claudia Robles Núñez, afirmó que el compromiso es poner la casa en orden y avanzar en el pago de las acreencias.
Explicó que el proceso se dividió en cuatro grupos, el primero son todas aquellas deudas laborales que ha acumulado la gobernación en los últimos años, el segundo grupo son las entidades públicas, dentro de las que están las deudas con la Universidad de La Guajira y los hospitales departamentales, el tercer grupo son los créditos, el cual está en 0 y el cuarto grupo son todas las entidades privadas.
El día miércoles se realizará el cierre de las votaciones, sin embargo, la mandataria dijo que ya se cuenta con el 64% de los votos a favor del acuerdo, lo que permite identificar que este quedaría aprobado, por lo tanto, se contratará una fiduciaria que realice los pagos, ya que estos no pueden ser realizados directamente.
Para esto se iniciaría con el pago del primer grupo, y parte del segundo, ya que la buena administración de los recursos ha permitido a la administración de Nemesio Roys tener un ahorro de casi $25 mil millones que alcanzan para iniciar el proceso de pagos.
“A reestructuración de pasivos logra garantizar el cumplimiento de las competencias constitucionales y legales a cargo del departamento, así como su viabilidad fiscal, financiera e institucional en el mediano y largo plazo. También disponer reglas para la financiación de la totalidad de los pasivos a cargo del departamento, de acuerdo con los flujos de pago y tiempos que se establecen en esta propuesta, de manera que una vez ejecutado el mismo, la entidad territorial recupere su equilibrio fiscal, financiero e institucional”, precisó Robles.
Por otra parte, se establecerá un procedimiento de control de la ejecución y evaluación del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos del departamento, siendo entendido que los gastos de funcionamiento, así como los pagos que deban realizarse a los acreedores en desarrollo de la prelación ordenada por la Ley 550 de 1999, se canalizarán a través de una fiducia de recaudo, administración, pagos y garantía que será contratada para tal fin.
