Riohacha. El representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu Shipia, Javier Rojas, pidió al Gobierno Nacional atender a las comunidades indígenas de La Guajira que padecen de extrema pobreza, que es una de las causas de la muerte de más de 4.000 niños de hambre en los últimos cinco años en el departamento.
'La pobreza en las comunidades indígenas es extrema y a pesar de todas las advertencias y los niños muertos, el Estado parece ignorar lo que está pasando', reclamó, luego de conocerse del fallecimiento de otros tres menores en avanzado estado de desnutrición que alcanzaron a ser atendidos en Riohacha y Manaure.
Las dos primeras muertes de dos niñas indígenas fueron reportadas el fin de semana. Las niñas, de cinco y quince meses de nacidas residían en el área rural de Manaure. El tercer menor tenía tres meses de nacido y era atendido en la UCI pediátrica Gyo Medicial de Riohacha, donde su madre Yisela Epiayú Mengual, aseguró que lo había llevado afectado de diarrea y fiebre.
Con estos tres nuevos casos que se presentaron en 96 horas se completan este año 22 niños muertos por desnutrición severa en La Guajira, pero para el líder indígena Javier Rojas, la cifra es mucho más alta teniendo en cuenta que existen familias que no reportan los casos ante las autoridades de salud y terminan sepultando a sus hijos en sus territorrios.
El secretario de Salud departamental, Gonzalo Araújo, dijo que en Manaure, uno de los municipios que concentra mayores casos, la desnutrición crónica es casi endémica, por lo que investigan este reciente caso.
La gobernadora electa de La Guajira, Oneida Pinto, aseguró ayer que su compromiso cuando asuma el cargo el primero de enero será buscar soluciones de fondo y duraderas a este grave problema.
'Estoy consciente de que debo enfrentar esta situación y por eso como mujer wayuu voy a trabajar para implementar proyectos productivos que permitan el sustento de las familias indígenas', manifestó.
Sin embargo, un informe de la Contraloría General de la República, reportó que en febrero de 2013, la entonces alcaldesa de Albania y ahora gobernadora electa de La Guajira, estaba al tanto de las irregularidades que se cometieron en la celebración de los convenios que fueron suscritos con el hospital San Rafael por $18.600 millones y que tienen en la cárcel a 11 personas, entre ellas a un primo de la funcionaria, quien fue candidato a la Alcaldía en las elecciones del 25 de octubre pasado.
El ente fiscalizador le envió a Oneida Pinto los resultados de la actuación especial para verificar las irregularidades en la ejecución de los convenios en el marco del proyecto denominado 'Reducción de la Mortalidad Infantil en el Municipio de Albania - Departamento de la Guajira', pero la funcionaria no se pronunció ni adoptó las medidas para sancionar a los responsables.
Después que se conociera la muerte de tres niños wayuu a causa de desnutrición, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, anunció que estuvo en la Fiscalía General de la Nación interponiendo nuevas denuncias por corrupción en el manejo de los recursos de alimentación infantil.
La funcionaria dijo en un encuentro de directores regionales que 'los recursos de los niños son sagrados, por lo que no permitiremos que se los roben'.
