Los familiares de Luz Delys Pérez Zúñiga protestaron en las instalaciones de la funeraria Los Olivos en Riohacha, después de que la mujer fuera cremada en Barranquilla, atendiendo los protocolos del ministerio de Salud ante casos sospechosos de COVID-19.

Luz Delys, de 30 años y perteneciente a la etnia Wayuu, estaba internada en la Clínica General del Norte por un cáncer linfático, pero le fue realizada la prueba del coronavirus porque tenía dificultad respiratoria.

Su prima Adriana Barros explica que el 10 de mayo Luz Delys presentó mareo, tos y problemas para respirar, síntomas que atribuye a la enfermedad que padecía.

“Ella estaba esperando una biopsia para un diagnóstico más preciso y la remitieron a un especialista para una cirugía de tórax, ya que así podría respirar mejor”, dijo Adriana.

Afirma, además, que los resultados de COVID-19 no han llegado y por lo tanto no están seguros si Luz Delys murió a causa del contagio por coronavirus o por el grave cáncer que tenía.

“No es justo que no hayamos podido llevarnos el cuerpo, además se deben respetar los usos y costumbres de nuestra etnia”, indicó.

Durante la protesta en la funeraria, los familiares de la fallecida solicitaron la entrega inmediata de las cenizas y anunciaron acciones legales en contra de quienes tomaron la decisión.

El movimiento indígena Nación Wayuu rechazó en un comunicado el protocolo de cremación a integrantes de la etnia que no estaban contagiados con COVID-19.

“Esto va en contravía de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, los cuales no cesan durante los estados de excepción, tal como fue ratificado por la Organización Mundial de la Salud”, dice el comunicado.

 Los líderes que integran el movimiento exigieron a la Fiscalía y a la Procuraduría que se investiguen estos casos en que se ha tomado la decisión de cremar a las personas, siendo solamente sospechosas de tener el coronavirus.

“La muerte para un wayuu es tan importante como la vida misma, porque cuando se muere se va a descansar a Jepirra, en espera de una segunda muerte dónde finalmente se descansará para siempre al lado de los espíritus de nuestros ancestros. Por lo tanto enterrar el cuerpo de un indígena wayuu por fuera de su cementerio ancestral o en su defecto su cuerpo sea cremado en tierras lejanas es un grave atentado a unos Derechos Universales consuetudinarios”, explicaron.

Dicen que con base en estos argumentos las comunidades indígenas wayuu en cabeza de sus Autoridades Tradicionales manifiestan desde ya abstenerse de enviar o llevar a sus seres queridos a los centros hospitalarios, ya que en el evento de fallecer por alguna patología totalmente diferente al virus del COVID19, su cadáver será tratado como tal.

En Riohacha, hace ocho días los familiares de Paulina González, una mujer wayuu de 31 años que falleció en una clínica de la ciudad bajo sospecha de COVID-19, reclamaron durante dos días para que les fuera entregado el cadáver.

Luego de las denuncias hechas por la organización de Nación Wayuu, las autoridades de salud se pusieron de acuerdo, y bajo todos los protocolos de bioseguridad determinaron trasladar el cuerpo para el cementerio ancestral de la comunidad indígena Merratchon, jurisdicción de Manaure, donde fue sepultado.

El líder Silva Duarte dijo que no pasó lo mismo con Mauricia Abshana, una matrona wayuu que murió por cirrosis hepática y que fue cremada en Barranquilla sin esperar los resultados de la COVID-19.