El fiscal general Eduardo Montealegre Lynett ordenó la reasignación de tres de los procesos judiciales iniciados por denuncias de la Universidad Autónoma del Caribe contra la exrectora Silvia Gette Ponce, y que eran adelantados por seccionales del ente investigador en Barranquilla.
Ahora serán unidades especializadas, dos de ellas con sede en Bogotá, las que asumirán estas investigaciones cuyo traslado habían solicitado -por lo menos dos oportunidades- representantes de la institución educativa, como lo reveló EL HERALDO en su edición del jueves anterior.
El fiscal consignó su decisión en la resolución 01416l del 14 de agosto de 2014, en la que expone que el objetivo es 'garantizar los principios de celeridad, eficacia y eficiencia en la administración de justicia y de focalizar la actividad investigativa de la Fiscalía y de racionalizar los recursos institucionales tendientes al esclarecimiento de estos hechos de alto impacto, trascendencia y complejidad objeto de investigación (...)'.
Las investigaciones son por los presuntos delitos de hurto agravado por la confianza, amenazas y abuso de confianza calificado y estafa.
Dos de los casos estaban radicados en las fiscalías 34 seccional Unidad de Seguridad Pública y 50 seccional Unidad de Patrimonio Económico, y ahora pasan a ser del resorte de la Dirección Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional y la Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos.
Una más, que tenía la Fiscalía 42 seccional Unidad de Indagación e Instrucción Ley 600 de 2000 de Barranquilla ,fue reasignada a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial.
En total son seis las denuncias de la Universidad contra Gette que investiga la Fiscalía.
Los abogados Daniel Largacha Torres y Andrés Roa Garzón, lo mismo que la gerente jurídica de la Autónoma, expusieron en comunicaciones a la Fiscalía que consideraban que la exrectora es un peligro para las investigaciones. Incluso mencionaron que la imparcialidad del proceso estaba cuestionada y que prueba de ello es que esta persona 'ha atentado contra la administración de justicia sobornando testigos e impidiendo la acción probatoria de la Fiscalía'.
La opinión. Sobre la decisión el abogado Largacha dijo que estaba satisfecho y que aspiraba a que esto permitiera 'la recuperación de los recursos económicos pertenecientes al ente universitario y la comunidad estudiantil'.
En unidad de DH y DIH
En diciembre pasado el fiscal general Eduardo Montealegre tomó una determinación similar frente a otros procesos que se adelantaban contra Silvia Gette Ponce en la Fiscalía 15 Especializada adscrita a la Estructura de Apoyo de Parapolítica de la Unidad Nacional de Fiscalías contra el Terrorismo a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
